Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Balcarce, conjuntamente con la Sub DDI Tandil, cumplió con una orden de detención en inmediaciones del Frigorífico Cundir, en la vecina localidad. Según detalla el informe policial, hasta ese lugar llegaron los uniformados a raíz de las averiguaciones practicadas por personal del CPR. Balcarce, quienes trabajaron en el caso debido a que el imputado se había dado a la fuga en el mes de enero desde Tandil. Una vez ubicado, en forma conjunta, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo cerrojo donde se logró la detención. La causa tiene origen a fines del año 2019, donde el detenido fue acusado por sus hijastras menores de edad de haber sufrido en reiteradas ocasiones abusos sexuales con acceso carnal por parte de quien entonces era la pareja de su madre. Los hechos ocurrieron entre los años 2017 y 2019. Con las pruebas recolectadas, informes médicos y psicológicos realizados a las víctimas y familiares, el ayudante fiscal, doctor Borean, a cargo de la UFI N° 12 de Tandil, solicitó la detención al Juzgado de Garantía N° 1, a cargo del doctor Moragas, la cual se efectivizó en Balcarce. Luego se trasladó al detenido hasta esta ciudad donde quedó alojado a la espera del proceso judicial. La causa En julio de 2020 un grupo de padres tomó la decisión de acampar en la puerta del Juzgado de Familia 2 https://www.eleco.com.ar/la-ciudad/el-padre-que-se-encadeno-al-juzgado-de-familia-tiene-una-denuncia-por-abuso-sexual para reclamar que le devuelvan a sus hijos. Según un informe periodístico publicado en ese momento por El Eco de Tandil, el padre que se encadenó en primer lugar tiene restringido el contacto con los hijos de su pareja porque tiene una denuncia por el presunto abuso sexual de una de las menores. Eduardo Castillo, el hombre en cuestión, no es legalmente el padre de ninguno de los cuatro niños que reclama, sino que todos tienen el apellido de la anterior pareja de la madre. La mujer con sus cuatro hijos y su anterior pareja residían en Necochea y desde el 2012 hubo intervenciones del Servicio Local de Niñez de esa localidad por vulneración de derechos. La institucionalización de los menores se produjo en septiembre del 2019 a raíz de una denuncia contra Castillo por el presunto abuso sexual de una de las menores. Tiempo después la causa penal se cerró porque la menor no hablaba de los hechos denunciados. Sin embargo, un par de meses atrás en terapia comenzó a dar detalles de los presuntos abusos sufridos, razón por la cual la Justicia decidió reabrir la causa y retomar la investigación. Si bien el Estado había intervenido desde área de Niñez desde 2012 por situaciones de vulnerabilidad con esta familia, la institucionalización de los niños se produce a raíz de la grave denuncia del abuso sexual en este caso.
