La Justicia ratificó el fallo de primera instancia que condenó a Hugo Daniel Rey y Jorge Mauricio Palahi por hechos ocurridos en 2019 contra una compañera de trabajo. La resolución judicial subrayó el contexto de violencia de género padecido por la víctima y la falta de respuestas adecuadas por parte de las autoridades locales en aquel entonces.
El caso se remonta a 2016, cuando un joven denunció que fue llevado engañado a la casa del letrado y que allí fue forzado sexualmente.
El acusado fue interceptado tras una investigación que incluyó análisis de cámaras, testimonios y reconocimiento fotográfico. El hecho ocurrió a fines de enero en la zona de Costanera y calle 33.
La declaración figura en una demanda civil por violación y fue incorporada en documentos judiciales difundidos recientemente.
Ocurrió en la localidad de General Obligado, en Santa Fe. El señalado reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta.
El material elaborado por la Mesa Intersectorial de Prevención y Abordaje de la Violencia Familiar por Razones de Género de Tandil contiene aportes de diversas instituciones y organismos del Municipio y la Provincia. Durante la presentación, las integrantes de la Mesa realizaron dos llamados de atención: por un lado, ante la falta de implementación del Abogado de la Víctima en el Partido y, por el otro, ante el hecho de que, para ingresar por Guardia al Servicio Local, se deba pasar antes por la Comisaría de la Mujer.
Se trata de Jonathan Andrés Peralta, el policía acusado de robar, secuestrar y abusar de una joven en noviembre de este año. El fiscal Álvaro Garganta había solicitado que se le otorgara la prisión preventiva tras obtener pruebas de relevancia que permitieron determinar su implicancia en el caso.
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El operativo "Protección de las Infancias", concretado en más de 70 localidades de la Provincia de Buenos Aires en el marco de investigaciones por grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil, tuvo como escenario de uno de esos procedimientos la cárcel de Azul.
Acusado de “Robo agravado por el uso de arma y lesiones graves” y “abuso sexual simple”.
Recibió tres años de prisión en suspenso y fue inhabilitado a perpetuidad para trabajar con menores como docente.
Se realizó un seguimiento intenso a través de las cámaras del Centro de Monitoreo (CMT). Intervino la UFI N°3.
Había sido denunciado en julio del año pasado por una joven que vive en la provincia de San Juan. Y en esa causa ahora también fue ordenada su detención.
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