En un suceso sin precedentes en la Justicia provincial, un policía procesado por cobrar coimas fue excarcelado bajo la figura del arrepentido
Un policía oriundo de Azul que cumplía funciones en el destacamento vial de Tandil, está procesado por asociación ilícita junto a tres efectivos de seguridad más fue excarcelado por un juez de Garantías, amparado en la figura del “arrepentido”, que por primera vez se aplica en el ámbito de la justicia penal de la provincia de Buenos Aires.
Se trata de Emiliano José Sparaíno, subcomisario de la Bonaerense que estaba a cargo del Destacamento de Seguridad Vial de Tandil cuando fue detenido y se convirtió en uno de los cuatro imputados que tiene esta causa penal, quien días atrás recuperó la libertad en los términos de lo que establece la comúnmente llamada “Ley del imputado arrepentido”.
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Según detalló el diario colega El Tiempo de Azul, después de que ese acuerdo de colaboración fuera aprobado por el magistrado tandilense Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías 3 de Azul, la excarcelación “bajo caución juratoria” del subcomisario Sparaíno se había hecho efectiva el pasado martes.
Como oportunamente se había detallado, el funcionario policial estuvo preso en la Unidad 30, la cárcel del SPB que está en General Alvear. Después, según consta en la resolución que dispuso su liberación, permaneció en la Unidad 7, el penal de Azul.
En la cárcel alvearense se encuentran todavía, con prisiones preventivas confirmadas, los demás imputados que tiene esta causa penal: dos capitanes -uno de ellos también oriundo de Azul- y un oficial subinspector de la Policía de la Provincia. Respectivamente, identificados como José Luis Arrubia, Javier Enrique Murray y Raúl Exequiel Ferreyra.
A diferencia de los otros coimputados en la causa, el hecho de que Sparaíno se presente ahora como un “arrepentido” implicaría que al resultar condenado la pena que le impongan sea inferior a las que podrían recibir los demás acusados, teniendo en cuenta esta actitud de “colaboración” demostrada en la investigación penal que lo involucra.
Su liberación en los términos de lo que establece la Ley 27.304 del Código Penal -que permite, tal lo ya mencionado, reducir las penas a personas que participaron de un delito si dan información que ayuda en la investigación- implicó que en este caso en particular el juez de Garantías Suárez dispusiera que se tome intervención desde el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
La investigación
El 10 de mayo del año pasado los cuatro efectivos de la Bonaerense habían sido detenidos durante una serie de allanamientos que, de manera simultánea, funcionarios judiciales y policías de la Federal hicieron en los destacamentos de Seguridad Vial que están en las ciudades de Tandil, Azul, Las Flores y Monte.
Sparaíno estaba a cargo de la seccional tandilense, mientras que los otros policías desempeñaban funciones en los demás destacamentos pertenecientes al área de Seguridad Vial que fueron allanados en las diferentes ciudades mencionadas.
El 11 de julio de 2018 las prisiones preventivas de los cuatro imputados fueron confirmadas desde la Cámara Penal de Azul.
Si bien hubo cambio de calificación con relación a los hechos que en principio les imputara el fiscal Marcelo Fernández, el ilícito más grave que se les atribuye a los cuatro efectivos de la fuerza, quienes en la actualidad están en disponibilidad preventiva, se mantuvo: asociación ilícita.
Ese delito contempla penas que van desde los tres a los diez años de prisión. En el caso de Murray, además, está acusado de otro ilícito: peculado de servicios.
Sobre la base de varias horas de escuchas telefónicas, que se han convertido en una de las pruebas más relevantes que tiene la investigación llevada adelante por el fiscal Fernández, existen elementos que señalan que Sparaíno, Arrubia, Murray y Ferreyra formaban parte de una asociación ilegal dedicada a cobrar coimas en las rutas desde esos destacamentos policiales donde desempeñaban funciones.
Ese acuerdo entre los cuatro, a través del corredor vial conformado por las seccionales en las que trabajaban y que se extendía desde Tandil a Monte, implicaba que cobraran “dádivas a los transportistas para dejar de cumplir sus obligaciones de control y exigencia del cumplimiento de la reglamentación vial”, se mencionó cuando desde la Cámara Penal las prisiones preventivas para los policías fueron confirmadas.
La acusación incluye también que los policías “procuraban la liberación de rodados retenidos en controles vehiculares efectuados por otros destacamentos viales del territorio de la jefatura vial o aledaños, solicitándose entre sí la omisión del labrado de actas de infracción o el secuestro, si correspondía, para vehículos con irregularidades, cuyos propietarios accedían a abonarles sumas de dinero o prometían hacerlo o entregar dádivas a cambio, haciendo valer así indebidamente su influencia ante otros funcionarios públicos para que no realicen de esta manera los actos propios de su incumbencia”.
“En el caso en estudio, nos encontramos con varias acciones ilícitas realizadas por el mismo conjunto de personas que conforman el grupo, que tenían como principal objetivo dejar transitar por las diferentes rutas a los transportistas que no cumplieran con las condiciones mínimas de circulación a cambio de dádivas, valiéndose los mismos de la condición de jefes o subjefes de las delegaciones viales de distintas ciudades”, había indicado al respecto también el juez Damián Cini cuando ese procesamiento con prisión preventiva para los encausados fue ratificado en una segunda instancia.
Según confiaron voceros judiciales a el diario colega, , durante el pasado miércoles que pasó Sparaíno volvió a declarar nuevamente en Tribunales. Pero ahora lo hizo en el marco de la aplicación de esa figura del “arrepentido”, que le permitió ser excarcelado a cambio de colaborar con la investigación penal donde sigue imputado. Algo que por primera vez sucede en el ámbito de la justicia penal de la provincia de Buenos Aires.