Como lo habían anunciado, en la mañana de ayer, los familiares y amigos de Sebastián Simón -junto al Movimiento Primero de Octubre-, iniciaron la movilización a pie rumbo a La Plata para exigir la detención de Luciano Jaureguiber, el exfuncionario comunal imputado por atropellar y abandonar en la calle al adolescente de 19 años, el pasado 5 de diciembre. 

Bajo el lema "Marcha contra la impunidad", cerca de cincuenta personas empezaron a caminar desde el acampe que mantienen desde hace dos semanas frente al Municipio y recorrieron toda la ciudad, hasta desembocar en la Ruta Nacional 226 y desde ahí empalmaron con la Ruta Provincial 30. El itinerario previsto une diferentes localidades: Rauch por la Ruta 30; a Las Flores por la Ruta 30; Las Flores a Cañuelas por Ruta 3; y Cañuelas a La Plata por autopista.

Con custodia policial para ordenar el tránsito sobre la cinta asfáltica y un colectivo de apoyo para descansar y hacer los relevos, bajo el fuerte sol del verano, el grupo de personas seguirá caminando las rutas con la expectativa de arribar a destino antes de fin de año. No obstante, el campamento montado en la Plaza Independencia no se desmanteló y algunos integrantes de la agrupación social continúan allí apostados. 

Un llamado a la Justicia 

En el marco de la acción adoptada para visibilizar el caso y presionar a la Justicia para que se expida con celeridad sobre la causa, los organizadores de la movilización volvieron sobre los hechos y relataron que "en Tandil un funcionario municipal, Luciano Jaureguiber, atropelló, mató y huyó, dejando tirado a Jorge Sebastián Simón. Luego se comunicó con el secretario privado del intendente, Roberto Pérez, para encubrir el crimen cometido contra un chico pobre del barrio La Movediza. El intendente Miguel Ángel Lunghi, que también sabía antes que la Justicia, tampoco denunció el crimen". 

Asimismo, sus padres indicaron que "si la Justicia no llega y la detención no se concreta, seguramente pasemos Año Nuevo en la ruta. Probablemente también el cumpleaños de Sebastián, que era el 7 de enero".

Cabe destacar que el pedido de detención y la denegación de la excarcelación solicitada oportunamente por la defensa fueron dictaminados por la jueza de primera de instancia, Stella Maris Aracil, titular del Juzgado de Garantías 2, y confirmados posteriormente -en tiempo récord- por la Cámara de Apelación de Azul. 

No obstante, la magistrada indicó que la detención no se hará efectiva hasta tanto las resoluciones no queden firmes en todas las instancias. De esta manera, el último tribunal al que la defensa de Jaureguiber puede apelar es la Cámara de Casación platense, que deberá emitir su veredicto y definir si el imputado aguarda el juicio en prisión o si goza del beneficio de la excarcelación. 

El Gobierno salió al cruce 

Por su parte, desde el Municipio emitieron un duro comunicado titulado escuetamente “Seamos claros”, en un tono muy diferente al que suelen emplear para redactar las gacetillas oficiales.

De este modo, el Gobierno comunal se expresó en torno a la marcha aludida y a los ataques de la líder del movimiento que encabeza el pedido de justicia junto a la familia, Griselda Altamirano.

Frente a este escenario, el texto señala que se vieron en la “lamentable necesidad de exponer públicamente ante la comunidad tandilense y de alrededores, la situación real en el marco de la cual se inicia ahora la mal denominada ‘Marcha contra la impunidad’”.

Así, en primer lugar, el comunicado precisó que el exfuncionario municipal imputado por el trágico suceso no se encontraba cumpliendo funciones propias del cargo que ostentaba al momento del hecho. En este sentido, la gestión argumentó que “la responsabilidad que eventualmente le corresponda, lo será en carácter propio, personal, y no vinculado al Estado municipal”. 

En segundo lugar, se enfocaron en las comunicaciones efectuadas entre el chofer del Intendente, Roberto Pérez, y Luciano Jaureguiber, antes de que el involucrado se presentara en la comisaría para adjudicarse la responsabilidad del accidente.

De este modo, a través del escrito, se volvió a explicar que las conversaciones en cuestión “ya fueron expuestas en la causa judicial en trámite, con total transparencia y aclaradas detalladamente” y, además, se remarcó que “no existió ninguna maniobra de encubrimiento ni cosa similar; por el contrario, impuesto del hecho, el consejo del señor Roberto Pérez al exfuncionario fue que se ponga a disposición de la Justicia y así ocurrió”. 

Asimismo, el comunicado resaltó que, al momento de informársele la novedad al jefe comunal, “el joven Simón aún se encontraba internado en el Hospital y el señor Jaureguiber ya había sido aconsejado de su presentación ante la policía. Razón por la cual, ante el desconocimiento del hecho, y la voluntad del presunto responsable de ponerse a disposición de la Justicia, nada tenía hasta ese momento que denunciar el Intendente, quien ningún detalle de lo ocurrido conocía”. 

También se recordó que “el primer acto de Gobierno del primer día hábil luego del fallecimiento del joven Simón, fue aceptar la renuncia al cargo del señor Jaureguiber”. 

El accionar judicial 

Siguiendo el desglose del caso, el texto expuso que la Justicia actuó a tiempo, en tanto se detalló que “el fiscal solicitó la detención del señor Jaureguiber y la jueza de Garantías hizo lugar a lo requerido; rechazando el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa (…) y en muy pocos días la Cámara de Apelaciones Departamental confirmó el pronunciamiento de la jueza de Garantías, rechazando el recurso de apelación intentado por la representación de Jaureguiber. Y cabe señalar que lo hizo en tiempos muchísimo más breves a los que venía pronunciándose”. 

Ante el panorama descripto, la postura de la gestión lunghista desplegó una serie de cuestionamientos: “¿A qué impunidad pretende referir la marcha?; ¿debe la comunidad tandilense y todo el que visita nuestra ciudad tolerar los cortes de calle, la destrucción de los bienes públicos, la ocupación de los espacios públicos?; ¿debe el señor Intendente municipal tolerar que sea tildado de encubridor de un hecho del cual no participó, ni supo con certeza hasta tiempo después de que el señor Jaureguiber ya se había puesto a disposición de la Justicia?; ¿debe su colaborador, el señor Pérez y su familia, tolerar las acusaciones calumniosas en idéntico sentido?”. 

En esta línea, se consignó que “será el Tribunal de Casación quien deba resolver sobre la detención del imputado y la Justicia ha actuado con la independencia que le corresponde”.

Los ataques al Ejecutivo 

Con la intención de despegarse de cualquier sospecha de encubrimiento, el texto enfatizó que “nada ha hecho el Gobierno comunal, ni sus funcionarios, más que tolerar las permanentes agresiones y embates de la Agrupación Primero de Octubre y su líder Griselda Itatí Altamirano. Y lo ha hecho porque entiende el dolor de una familia destruida por la pérdida de la vida de un joven de 19 años”.

En tanto, la gestión municipal repudió los ataques del Movimiento Primero de Octubre y de Griselda Altamirano, esgrimiendo que “no existe razón alguna para permitir que la señora Altamirano, y la agrupación que lidera, tilden una y otra vez al Intendente municipal y a sus colaboradores de encubridores de un delito, ni de ninguna de las barbaridades que ha osado decir públicamente, ahora sí, hasta estos tiempos ‘impunemente’”.

No obstante esto, el comunicado  expresó un deseo unánime de “justicia” dentro de los parámetros de la ley y no bajo los términos de un grupo que “pretende con violencia, amenazas, modos extorsivos, y dichos calumniosos e injuriosos. Eso no es justicia. Eso esconde otros intereses mezquinos, de quien aprovecha una desgracia como la vivida para fines personales”.

Apelando a la comunidad, el descargo sustanció que “Tandil no merece calles cortadas, veredas tomadas, edificios destruidos por un grupo violento y desinteresado por la cosa pública, que pretende actuar al margen de la ley”. 

Finalmente, las autoridades comunales reiteraron su voluntad de acompañar el pedido de justicia de la familia del joven Jorge Sebastián Simón, con la salvedad de que no se va a tolerar “la manipulación política a que está siendo sometida”. 

Por último, el comunicado dejó firme el posicionamiento oficial sobre el tema y exhortó "a la señora Griselda Itatí Altamirano y a los miembros de la Agrupación Primero de Octubre, a que depongan su actitud para con las autoridades comunales y que liberen los espacios públicos tomados en proclama de una justicia que todos esperamos llegue pronto. Confiamos en las instituciones”.   

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El Eco de Tandil

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