La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió otorgar una licencia de 90 días al doctor José Martín Zárate, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 del Departamento Judicial Azul, con sede en Tandil, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función.

La medida, dispuesta mediante la Resolución Nº 3290/2025, se fundamentó en actuaciones iniciadas a raíz de una investigación interna y una causa penal en curso. Según se desprendió del expediente, la Subsecretaría de Control Disciplinario había recibido documentación vinculada a la I.P.P. Nº 01-01-4019-24/00, en la que se investiga la actuación del magistrado por posibles delitos de prevaricato agravado, cohecho y extorsión.

El caso tiene origen en una denuncia formulada en el marco del expediente civil “Ramírez, Juan Miguel c/ Giove, Roberto Gastón y otro/a s/ acciones posesorias”, en el que el juez Zárate habría mantenido —según el informe preliminar— contactos y conversaciones extrajudiciales con las partes involucradas, además de haber redactado un acuerdo que fue remitido por correo electrónico. Los denunciantes sostienen que el magistrado procuró obtener un beneficio económico y actuó con parcialidad.

Ante los hechos, la instructora del sumario, doctora Silvina Eugenia Carlos, estimó que la conducta atribuida “desprestigia la actuación institucional y daña la jurisdicción”. También participaron de la investigación la doctora Nora Claudia Farina, titular de la Subsecretaría de Control Disciplinario, y el Procurador General Julio Conte-Grand, quien finalmente denunció al juez Zárate ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia por mal desempeño y pidió su destitución.

La Corte Suprema provincial, con la firma de los jueces Hilda Kogan, Daniel Fernando Soria, Sergio Gabriel Torres y Mario Eduardo Kohan, consideró que correspondía actuar preventivamente. En su resolución, el Tribunal recordó que posee facultades de superintendencia sobre los magistrados del Poder Judicial y que la licencia se otorga “para garantizar la normal prestación del servicio de justicia y evitar la reiteración de hechos reprochables”, hasta tanto se expida el Jurado de Enjuiciamiento.

La medida comenzó a regir a partir del 12 de noviembre de 2025, fecha en que la resolución fue registrada oficialmente en el Registro de Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, bajo el número RSC-3290-2025.

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil