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Pidieron prisión e inhabilitación para ejercer como abogado y Castaño alegó su inocencia

Ayer, en los alegatos, el fiscal dio por probados los hechos enrostrados al controvertido letrado y pidió que sea condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, cinco años de inhabilitación para ejercer la profesión más 45 mil pesos de multa. Para la defensa, no se acreditó la responsabilidad penal y no hubo perjuicio económico para las presuntas víctimas, por lo que solicitó la absolución. Castaño, se “despojó del personaje” y cerró el debate apelando a su honestidad.

El Eco

 

Cual paradoja del destino que supo forzar, en vísperas del Día del Abogado,  Claudio Castaño dirigió sus últimas palabras frente al juez Gustavo Borghi, quien tendrá entre sus manos resolver un veredicto frente a lo visto y oído en las cuatro audiencias que ventilaron las tres imputaciones que pesan sobre las espaldas de un letrado que, esta vez,  abandonó las estridencias para arroparse con una postura adusta, queriendo mostrar templanza,  y con la voz entrecortada se dijo inocente, no sin antes enredarse en conceptos sueltos sobre su rol y su misión por una profesión que abrazó y que se eligieron mutuamente.

Antes, el fiscal Damián Borean, primero, y la defensora Adriana Hernández, después, desplegaron sus respectivos alegatos con sólidas argumentaciones. Para la acusación fueron probados los hechos y merecen el reproche penal por la figura delictiva de defraudación (dos hechos y una en grado de tentativa), peticionando en consecuencia cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación por cinco años para ejercer como abogado.

Asimismo, frente el perjuicio patrimonial que sufrieron las víctimas por las citadas estafas, consideró que debía ser multado con 45 mil pesos.

A modo adicional, el fiscal no obvió señalar sobre lo denunciado por los testigos de la antevíspera, acerca de la denuncia por amenazas sufridas por el mismísimo Castaño a la salida del edificio judicial.

Si bien no hacían al objeto del proceso en debate, Borean consideró que el juez debía expedirse sobre lo ocurrido y que todo lo ventilado en el recinto fuese trasladado a la fiscalía interviniente para investigar el delito que se añadió en medio del juicio.

La defensa, por su parte, alegó la inocencia de su pupilo y colega, exigiendo la absolución de culpa y cargo, no sin antes intentar derribar una y cada una de las imputaciones expuestas. Ahora el magistrado, más precisamente el miércoles de la semana que viene, al mediodía, dictará sentencia sobre el entuerto planteado.

La acusación

Se arribó casi a las 10 cuando el juez le dio lugar al fiscal para que desplegara su alegato final. Borean recogió el convite y anticipó que su intervención se iba a extender ante la profusa información que se contó por las tres causas en pugna y en la obligación de ser puntilloso para no dejar dudas sobre el delito que se estaba discutiendo y la responsabilidad penal del acusado.

Reseñó que las causas se iniciaron en el 2011, a partir de un denuncia de un hombre –aquí testigo- que confirmó haber sido víctima de una estafa y así se plasmó en el expediente, aunque más luego en su ampliación y lo expuesto en el recinto del Tribunal distó de aquellas apreciaciones. Más bien todo lo contrario. Negó que se haya sentido estafado por Castaño.

Empero, el fiscal se quedó con aquella primera impresión, con la primera declaración para ser más exactos. Consideró que efectivamente el testigo le entregó parte del dinero que le había pedido Castaño en pos de mejorar la situación procesal, vía pago de coimas a agentes judiciales.

Cabe consignar –así lo hizo Borean- que se trataba de una causa por una contravención. Léase que más allá del debido asesoramiento legal (en el expediente ya contaba ya con la intervención de un defensor oficial) su situación procesal -estaba aprehendido- no iba a perdurar por mucho tiempo. Su liberación era cuestión de horas. Empero, Castaño le pidió dinero más allá de los honorarios para despojarlo de dicha aprehensión, coima mediante a los agentes judiciales.

Al respecto, Borean recordó el comparendo precisamente de los funcionarios judiciales que negaron de manera tajante haber tenido contacto alguno con el letrado y, mucho menos, el tenor de las presuntas conversaciones, acerca de recibir dinero para facilitar la situación del reo.

Borean puso especial relevancia en la nueva tesitura que tuvo el testigo a la hora de negar los hechos y, en otras escenas, mostrarse olvidadizo. Subrayando que se expusieron llamadas y mensajes de texto en los que quedaron reflejadas aquellas diligencias entre abogado y cliente más allá de lo legal, refiriéndose a la necesidad de aportar un extra.

Para el acusador, sobraban los motivos para creer en la primera exposición que dio forma a la denuncia y no la nueva versión, que evidentemente, a consideración del fiscal, tenía que ver con la influencia que ejerció el letrado para con quien mantiene una relación amistosa.

No olvidó citar a la expareja del testigo, quien sí fue precisa en recordar que efectivamente ella acompañó a su novio al estudio de Castaño con la intención de entregarle un dinero con destino de coima para agentes judiciales.

A criterio del fiscal, frente a las fragantes contradicciones y confuso relato del presentado como víctima, el hombre incurrió en un falso testimonio, por lo que peticionó al juez que procediera en consecuencia con la apertura de una investigación.

Entre olvidos y ratificaciones

El alegato prosiguió con la otra imputación, con otra víctima que, como la anterior, también prefirió cambiar el tono de su primera intervención frente al expediente y ahora, frente al juez, mostrarse olvidadizo y sin ganas de incriminar al abogado que lo supo asesorar cuando estuvo implicado en una causa.

Para Borean quedó en claro el arreglo espurio al que fue sometido la víctima de parte del ardid de Castaño, a la hora de pedirle dinero para coimear a un policía que tenía en custodia en la Seccional Segunda la motocicleta que se le había secuestrado, en el marco de una pesquisa por intento de homicidio.

Allí también el fiscal arremetió contra el rol del abogado cuestionado. Afirmando que fue mendaz a la hora de inferir a su cliente que había tenido comunicaciones telefónicas con funcionarios judiciales y con el propio uniformado en pos de mejorar la situación procesal como la liberación de la moto.

También en este caso la acusación puntualizó sobre la creíble versión del papá del testigo, quien traído a juicio ratificó que efectivamente había tomado conocimiento sobre el pedido de dinero para los funcionarios judiciales y policiales.

Ya sobre la tercera maniobra, y la más contundente a la hora de calibrar el caudal probatorio, Borean fue categórico a la hora de ahondar sobre la credibilidad de la pareja que sí ratificó sin titubear que fueron extorsionados por Castaño. Más bien se trató de una tentativa puesto que finalmente no entregaron dinero alguno.

Como se detalló, todo se destapó cuando la propia mujer se apersonó  a la sede judicial para entrevistarse con el fiscal Luis Piotti y pedirle un plan de pagos para la coima requerida. Lo que despertó la reacción judicial con la apertura de la causa en cuestión.

Sobre los testigos, se subrayó que fueron coherentes en tiempo, modo y lugar, como así también dejaron en evidencia la falta de animosidad contra el imputado.

Ya en el análisis general de los sucesos expuestos, para Borean resultaron tres maniobras fraudulentas con un mecanismo común, sin dejar de señalar que no hubo ningún acuerdo espurio entre las partes involucradas para perjudicarlo, más bien lo contrario.

Insistió en que el letrado se aprovechó de la situación desfavorable que atravesaban los clientes en plenos procesos, con el aditamento del desconocimiento que éstos tenían sobre los mecanismos judiciales.  En síntesis, acusó el delito de defraudación –tres hechos- en concurso real, uno en grado de tentativa.

Como atenuantes,  apeló al buen concepto que goza al abogado a partir de la abrumadora exposición que se hizo al respecto en el debate y la carencia de antecedentes penales. Como agravantes, el tratarse de un profesional del derecho que se aprovechó de sus conocimientos específicos en materia penal para engañar a sus clientes, la pluralidad de los hechos más las reiteradas sanciones disciplinarias que lleva consigo el controvertido abogado, incluso actualmente con la matrícula suspendida por el Colegio de Abogados hasta nuevo aviso.

Para la defensa, no hubo delito

Como era de esperar, la defensora Hernández  no compartió la valoración de la prueba con la que alegó el fiscal, no sin antes detenerse en la ramificación del juicio que aludió a las amenazas denunciadas por testigos.

La doctora dijo haberse retirado junto a su colega y pupilo del edificio y que incluso le acercó hasta su casa y que no advirtió situación similar alguna. Es más, se ofreció como testigo en la venidera causa de ser necesario.

Ya adentrándose en las imputaciones, subrayó que para que exista un delito requerían que las víctimas hayan concretado una retribución patrimonial, situación que aquí no quedó demostrado. Nada fue probado, al decir de la defensa.

Discrepando con el criterio fiscal, subrayó que no podía prevalecer una declaración sobre otra, acerca de los dichos en el expediente y lo ahora expuesto en la sala de debate. Asimismo, señaló que el primero de los testigos presentado como víctimas nunca dijo sentirse estafado y que negó haber entregado dinero alguno al abogado.

Así, ahondaría sobre el ejercicio de la profesión del derecho, acerca de cobrar los honorarios y, en algunas oportunidades, de forma informal, o a modo de adelanto por un asesoramiento, lo que no implicaba una extorsión para entregar dinero a judiciales a modo de coima.

Remarcó sobre la contundencia del relato escuchado en el debate del testigo que corrigió una y cada una de las expresiones que habían sido volcadas al expediente cual denuncia y que ahora eran echadas por tierra, a partir de su retractación.

No obvió mencionar sobre los dichos de la expareja de la citada  víctima que, en definitiva, resultaba una testigo de oídas, por lo que debía restarse importancia sobre lo que pudo aportar.

Hernández fue tajante en aseverar que ninguno de los testigos traídos al juicio fueron víctimas. En algunos casos resultaron deudores del abogado por la oportuna asistencia brindada y, en otros solo dieron dinero en carácter de honorarios. Así, no existía la figura del perjuicio económico, ergo, no había delito alguno.

Ya sobre la pena requerida, la abogada consideró exagerada en el hipotético caso de que existiera algún reproche penal por endilgarle a su representado, considerando que Castaño siempre estuvo a derecho, asistió a las audiencias y requisitorias que fue citado y nunca entorpeció el proceso.

Tampoco obvió contrarrestar sobre el agravante de las sanciones disciplinarias del Colegio de Abogados, al calificar como un despropósito que fuera suspendida la matrícula sin sentencia firme.

Al respecto, el fiscal Borean pidió luego aclarar sobre la acotación, sosteniendo que las sanciones disciplinarias que él aludió en los agravantes aludían a otras circunstancias previas a las causas ahora debatidas.

Así, se cerrarían los alegatos y finalizaba la cuarta y última audiencia al aguardo del miércoles al mediodía, cuando el juez Borghi dé a conocer su veredicto sobre un litigio que estuvo al borde de la prescripción, y que, en el fondo, pareció la antesala del debate por venir, aquel que alude a la imputación por abuso sexual.

Sin fecha confirmada, el mismo juez, la misma defensora y el mismo acusado, con otro fiscal (Marcos Eguzquiza), se verán las caras por un delito mucho más gravoso que, de resultar con un veredicto condenatorio, llevaría a la cárcel al abogado.

Castaño, el personaje y la persona

Tomándose del derecho que le asiste, con la aclaración del juez de que no se trataba de una nueva declaración, Castaño cerró el juicio aludiendo que se iba a despojar del “personaje” y del abogado para hablar como persona, como Claudio Castaño.

Aludió a sus ideas políticas pero que en el ejercicio de la profesión terminó siendo “un socialista”, al tener cuenta los dichos de varios testigos que esgrimieron cómo fueron asesorados por él sin contraprestación monetaria alguna.

Apelando al espíritu olímpico, dijo que su vida se rigió en “no ir por el oro ni por la plata, si no por el bronce, por trascender en la profesión”, para luego apelar a una frase tanguera que de algún modo le servían como metáfora de lo que vivido con estas causas: “Aprendí a cuidar los zapatos andando de rodillas”.

“Ni mi madre ni mi padre saben distinguir entre el hijo y el personaje que creé y ahora me ha llegado el momento de advertir que el personaje montado me está haciendo mal, porque “el Claudio Castaño hombre, tiene principios, tiene límites”.

Dijo haber aprendido a ser esclavo de sus silencios, como también aprendió a “cultivas la templanza y la fortaleza”.

En sus zigzagueantes postulados, con argumentos enrevesados y frases en latín cual estandartes, Castaño destacó su admiración por los actores judiciales azuleños en detrimento de lo que ocurre en Tandil, aunque afirmando su buen concepto a pesar de las diferencias políticas del defensor oficial “de justicia legítima” (por Diego Araujo) y no dejando de señalar que hoy aquí, el dedo acusador –el fiscal- era un ahijado de Esteban Righi (exProcurador de la Nación). Un comentario que poco hacía a lo que se ponía en juego sobre su futuro procesal.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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