Reabrieron la causa por la muerte del recolector e investigarán si hubo encubrimiento de funcionarios municipales

Luego de 4 años del fallecimiento del recolector de residuos Matías Martínez al ser arrollado por el camión cuando hizo marcha atrás, el fiscal general de Azul Marcelo Sobrino decidió reabrir la causa por considerar que se trató de un homicidio, contrariando lo que en su momento había concluido el fiscal Luis Piotti quien había archivado la causa. Ahora además, se investigará el delito de encubrimiento del hecho por parte de funcionarios municipales.

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Cabe recordar que Matías Martínez, de 37 años, falleció el 8 de abril de 2016 cuando se encontraba cumpliendo el recorrido en el barrio La Movediza, en la esquina de Paseo de los Abuelos y Piccirilli. El accidente sucedió cuando el chofer hizo marcha atrás con el camión y arrolló a su compañero, que sufrió gravísimas heridas que le ocasionaron la muerte.

En la causa, que había sido caratulada primeramente como “Homicidio culposo” se exponía que el 8 de abril de 2016 un camión municipal destinado a la recolección de residuos al comando de Carlos Conforti arrolló a Matías Martínez, quien venía apoyado en uno de los estribos de la parte trasera del citado rodado, y se cayó por el movimiento del vehículo que circulaba en una arteria en pésimo estado de conservación. A raíz de las gravísimas heridas sufridas, poco después murió en el Hospital Ramón Santamarina.

El fiscal Luis Humberto Piotti decidió cerrar la causa en tres oportunidades porque entendió que no medió delito en el accionar del chofer ya que manejó “conforme a derecho” y que fue el accionar de la víctima quien “causó su propia muerte”.

Piotti argumentó  lo sucedido fue “obra exclusiva de la maniobra imprudente del propio Matías Martínez al mantenerse en el estribo ubicado en la parte trasera del camión en circunstancias en que éste se encontraba circulando marcha atrás en una calle de tierra, sin salida y en malas condiciones de mantenimiento”.

En ese sentido, el fiscal consideraba que no había existido homicidio sino que la víctima no había respetado los usos y costumbres de los recolectores a la hora de realizar dicha maniobra. Por lo tanto, al no haber delito, tampoco había encubrimiento. Y así fue que se cerró la causa en tres oportunidades.

Días atrás el fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, desarchivó nuevamente la causa y considera que existió el delito de homicidio, descartando la hipótesis del fiscal sobre los usos y costumbres como fuente de derecho para validar la maniobra del chofer.

Un déjà vu

En diálogo con El Eco de Tandil, el abogado del particular damnificado, Osvaldo Martín Zarini, explicó que “en la causa hubo muchas desinteligencias por eso esto parece un déjà vu, que por tercera vez en forma reciente se produce el archivo y desarchivo de la causa”.

Señaló en ese sentido, que anteriormente hubo “controversia jurídica respecto a lo que el fiscal Piotti consideraba y por el otro lado nosotros como particular damnificado entendíamos”.

Explicó que por un lado se investiga el delito principal, el homicidio, e inmediatamente después entienden que hubo un segundo delito, el del encubrimiento por parte del personal municipal que “inmediatamente y sin que llegue la policía para realizar las pericias, como es normal, retiró el camión al corralón para lavarlo y descargarlo”.

“Esto hace que comience la investigación durante 4 años, estuvimos analizando la responsabilidad o no del conductor, idas y vueltas, donde finalmente se hizo lugar al pedido y pone fin a esta discusión el fiscal general dejando entrever que hubo un delito y que la responsabilidad sería del chofer por no haber extremado las medidas en la conducción temeraria de marcha atrás”, afirmó.

Y agregó que “aclarada la situación del conductor, ahora se pasará a analizar cuál es el delito secundario que se habría cometido, el encubrimiento que consiste justamente en ocultar el primer delito, entonces la disputa era si había o no el primer delito para analizar el segundo”.

Investigar el encubrimiento

En tanto, manifestó que “recientemente el fiscal general sacó todo tipo de dudas, dice que acá hay un delito de homicidio, después se verá en qué tipo de grado, pero sí indica investigar el segundo delito que es el que hasta ahora no se había producido ningún tipo de prueba”.

“Pese a que nosotros estábamos pidiendo que indiquen cómo fue la cadena de mandos a la hora del retiro del camión, nos habían denegado las pruebas, entonces vamos a empezar a transitar un camino para ver cuáles son los motivos por los cuales se retira un camión inmediatamente después que ocurre la muerte de una persona”, sostuvo.

Al respecto, planteó que no se trata de algo “normal, habitualmente si uno va caminando por la calle y encuentra una persona herida y un cuchillo al lado no es lógico pensar que uno pudiese, antes de que llegue la policía, tomar el cuchillo llevárselo y lavarlo”.

“Salvando las distancias, los usos y costumbres que tanto bregaba el fiscal como fuente del derecho nos dan motivos para pensar que lo prudente hubiese sido esperar a que llegara la policía para poder analizar el camión, a ver si estaba o no excedido de peso, si estaba en las condiciones que debía estar para circular, o era un camión obsoleto que no debía usarse más, estas cosas lamentablemente no se pudieron analizar porque rápidamente se llevaron el camión para limpiarlo”, cuestionó.

Frente a ese panorama, están intentando saber “quién llegó primero a la escena, quién dio las órdenes. El subdirector del área en ese entonces Walter Urso habría indicado que fue por ignorancia que ordenó que se retirara el camión, mientras que la causa sigue avanzando y en forma reciente se lo vuelve a llamar para que explique y se negó a declarar, lo cual hace pensar que la orden no había sido de él”.

“Funes, que era el compañero de Matías indicó que habría sido (el director de Servicios Claudio) Fuentes el que primero llega a la escena, antes que la ambulancia, entonces no tenemos claro quién en la cadena de mando dio la orden para entorpecer la investigación policial”, expuso.

Y añadió que “numerosas veces pedimos que Fuentes declare pero al día de la fecha no lo han citado, pese a que es el jefe del área no ha entrado a escena todavía, en todos los pedidos de desarchivos hemos peticionado concretamente eso y se nos ha denegado.

El cumplimiento de la Ley de Tránsito

El abogado de la familia del recolector fallecido, Osvaldo Zarini, señaló que el fiscal Luis Piotti consideraba “que no tenía sentido investigar el encubrimiento si en realidad no hubo delito. Entonces nosotros estuvimos bregando por el cumplimiento de la ley de tránsito porque Piotti entendía que los usos y costumbres de la forma de manejar de los recolectores eran fuente de derecho, de manera que si a algún conductor se le ocurría dar marcha atrás, dar la vuelta en U, eso era fuente de derecho para ellos”.

“En este sentido Piotti en el último dictamen dice que esto se parecería a una retroexcavadora con cuyas maniobras la persona sabe a lo que se expone”, indicó.

Al respecto, argumentó que “en este tercer desarchivo lo que nosotros hicimos fue justamente indicar lo contrario, que la ley de tránsito debe ser respetada en cualquier vehículo que rode por la ciudad, y en ese sentido fue contundente el fiscal general que dice que los usos y costumbres no son fuentes de derecho cuando contrarían la ley de manera que tira por la borda la hipótesis de Piotti y dice acá se aplica la ley de tránsito”.

Eso significa que “la maniobra marcha atrás tiene que cumplirse con determinados recaudos que el conductor no hizo, entre muchos, como cerciorarse a ciencia cierta que no haya nadie en los estribos”.

“Para eso debería haber tocado bocina, indicar alguna seña a quienes estaban, o eventualmente pedir ayuda a algún transeúnte, detener la marcha y ver que no había nadie, recién ahí está habilitado a hacer la maniobra de dar marcha atrás con suma prudencia, y esto no ocurrió, no tomó los recaudos y por eso no tuvo el dominio absoluto del vehículo y al ser un conductor profesional le cabe la responsabilidad por el homicidio”, argumentó.

El desarchivo

En tanto, señaló que “sucedió algo sorprendente porque en febrero indican el desarchivo de Azul, llega acá y el fiscal cuando vio contrariada su orden, en vez de investigar, lo vuelve a mandar a Azul, así que el 22 de junio vuelve la orden para que hagan declarar a los que estuvieron en el lugar, piden un oficio a la Municipalidad para que digan quiénes son todos lo que intervinieron cuando vaciaron rápidamente el camión”.

“Nosotros sostenemos que la idea de vaciarlo rápidamente tiene que ver con que estaba pasado de peso, los amortiguadores no andaban. Hoy en día la pericia no se puede hacer, de manera que quedamos en un callejón sin salida, pero de todas maneras poco importa, el delito de encubrimiento se consumó”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que “es la primera vez que se reconoce que hubo un delito, que no es culpa de la víctima. Ahora al estar muy claro que hay delito hay que empezar a ver quién encubrió ese delito”.