Un detenido y secuestro de varios elementos de prueba fue el resultado de los allanamientos realizados

La policía de la Seccional Primera junto a personal de la DDI realizó los allanamientos domiciliarios que dieron con elementos de prueba por la seguidilla de amenazas de bombas.

El Eco

Luego de una investigación llevada a cabo por efectivos de la comisaría Primera bajo la supervisión de las fiscalías, se procedió a realizar cuatro allanamientos en la jornada de ayer, en los que se procedió a la detención de un joven mayor de edad que sería parte de un grupo de pares que se dedicaba a llevar a cabo amenazas telefónicas a diferentes establecimientos educacionales anunciando que había un artefacto explosivo. La alerta originaba un verdadero caos ya que por precaución cada escuela debía ser desalojada y a su vez se tenía que aguardar la llegada de peritos provenientes de la ciudad de Azul para corroborar si había o no alguna bomba.

El pasado miércoles fue el record de casos registrados. Fueron once las amenazas de bombas en distintas instituciones educativas y elevó a 25 los casos registrados en las últimas dos semanas.

Frente a este escenario, la policía logró avanzar en la pesquisa con datos que fueron consiguiendo sobre cómo era el modus operandi, más el aporte de testigos de identidad reservada que permitieron acelerar el proceso para poder acceder a las órdenes de allanamientos judiciales.

Como se preveía, los involucrados son hasta el momento un mayor y varios menores, quienes actuaban bajo un cronograma previsto previo el abono correspondiente para realizar la llamada intimidatoria.

Allanamientos

Ayer por la tarde efectivos de la comisaría Primera, junto con el apoyo de la Sub DDI Tandil y el G.A.D., dieron cumplimiento a la orden de allanamiento otorgada por el juez de Garantías José Alberto Moragas, titular del Juzgado de Garantías 1.

Casi en simultáneo la policía accedió a las propiedades situadas en Montiel al 1400, Brasil al 300, avenida Perón al 1600 y Rosales al 600. Excepto en el domicilio de la avenida Brasil, en el resto de los lugares se pudo secuestrar distintos elementos tecnológicos como celulares, tablets y netbook que serán analizadas por los peritos para determinar si encuentran alguna prueba más que involucre a los jóvenes sospechados.

Fue en el domicilio de Rosales 600 donde la policía detuvo a Alan Francisco Juárez, quien se encuentra alojado en los calabozos de la comisaría Primera a disposición de la Justicia.

Investigación

En diálogo con este Diario, el jefe distrital Rubén Frassi señaló que “estábamos llevando adelante una investigación muy exhaustiva para determinar los autores de esta modalidad de ilícito. Tras recibir la venia por parte del juez de Garantías se pudieron realizar cuatro allanamientos donde se produjo la detención de una persona mayor de edad”.

Especificó que “los allanamientos se realizaron en diferentes puntos de la ciudad con resultados por el momento positivos, si bien tiene que ser analizado el material secuestrado que fueron celulares y computadoras”.

La policía de la Seccional Primera junto a personal de la DDI realizó los allanamientos domiciliarios que dieron con elementos de prueba por la seguidilla de amenazas de bombas.

Detalló que “la persona detenida está alojada en los calabozos de la comisaría Primera a disposición de la Justicia, que en este caso está a cargo del fiscal Luis Piotti, quien hoy le tomará declaración indagatoria en las primeras horas y después dispondrá su situación procesal”.

En cuanto a la investigación se excusó de dar mayores detalles pero señaló que “fue un trabajo interno realizado a lo que se le sumaron declaraciones de personas con reserva de identidad. A raíz de eso se empezaron a investigar ciertas cosas puntuales y se determinó que en los domicilios allanados podría haber elementos de interés para la causa”. Aseveró que “la única detención se produjo en el domicilio allanado de Rosales al 600”.

Por último, al ser consultado si con esta detención entendía que mermarían las amenazas dijo que “esperemos lograr un buen resultado, aunque la causa que se está investigando sigue su proceso. Hay otras diligencias que tenemos que hacer para determinar otros domicilios que serán allanados. En caso de encontrarnos con personas mayores de edad quedarán detenidas. El artículo donde figura intimidación pública en el Código Penal tiene una pena de 3 a 6 años, es excarcelable o no de acuerdo a la gravedad o a la investigación que se lleve a cabo. Hasta el momento hay involucrados mayores, menores y personas de sexo femenino. En los próximos días habrá nuevos allanamientos para poder revertir lo que está ocurriendo en la ciudad”.

El modus operandi

La investigación en pos de dar con el paradero de los responsables de las llamadas se fundó en la intervención de celulares como así también el seguimiento de distintos diálogos registrados en las redes sociales. Pero también surgió un aporte relevante que no tuvo que ver con soportes técnicos sino con el comparendo directo de un joven arrepentido.

Según trascendió, el pasado miércoles se apersonó un menor de edad secundado con su padre en mesa de entrada en la sede de fiscalía. Una vez allí, el progenitor anotició a los agentes judiciales que venía en pos de prestar colaboración por los casos de amenazas de bombas telefónicas que afectaron últimamente a las escuelas de la ciudad.

Así, el joven brindó detalles sobre el grupo que formó parte de esta especie de complot para poner en jaque a los establecimientos y la comunidad educativa en general.

Según se confió, del grupo de adolescentes involucrados, que interactuaban a través de la red social Instagram, forman parte de la comunidad de estudiantes y emprendieron “la aventura” desafiante que puso en vilo a las autoridades educativas, las fuerzas de seguridad y la vecindad en general.

Se desprende que de dicha organización había un par de mayores de edad considerados los líderes y/o referentes con capacidad de influenciar sobre el resto. Incluso sacando un provecho económico sobre el operativo montado para realizar las llamadas y provocar el caos evidenciado en las recientes jornadas en los colegios afectados.

Al decir de la pesquisa, los cabecillas del complot realizaban las llamadas por encargo, incluso obteniendo como “contraprestación de los servicios” un rédito económico que se cobraba por cada intervención que posibilitaba suspender las clases de la escuela del alumno que lo requería.

Sobre el hasta ahora único detenido, se indicó que mantenía una relación sentimental con una estudiante de la Escuela de Comercio, precisamente en la escuela donde el ahora apresado realizó al menos una de las llamadas intimidatorias, al decir de la pesquisa.

No se descartó que en las próximas horas surjan nuevas diligencias en pos de dar con posibles nuevos jóvenes implicados, que de resultar menores de edad las respectivas actuaciones serán derivadas al Fuero Penal Juvenil para su correspondiente instrucción de una causa penal.

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  • ElEcodeTandil

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