"Busca maximizar la renta y el beneficio en pocas manos, en detrimento de los usuarios comunes"
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En el marco de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional Rogelio Iparraguirre cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de intentar derogar la Ley 27.637, que amplió el régimen de Zonas Frías y benefició a más de 90 municipios bonaerenses, entre ellos Tandil. De la comisión participaron como invitados intendentes, defensores del pueblo y del consumidor y concejales de las zonas afectadas.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl legislador tandilense participó del debate sobre el artículo 72 del proyecto de Presupuesto 2026, donde el oficialismo propone eliminar la ampliación del régimen, una medida que impactará de manera directa sobre millones de usuarios residenciales en todo el país. “La eliminación de la Zona Fría no solo es injusta: es profundamente regresiva. Afecta a millones de argentinos que necesitan este beneficio para poder calefaccionar sus hogares durante el invierno”, afirmó Iparraguirre durante su intervención. Y advirtió: “Esta decisión busca maximizar la renta y el beneficio en pocas manos, en detrimento de los usuarios comunes. No es una reforma técnica, es una definición política que desconoce las realidades del interior del país”.
La Ley de Zona Fría fue sancionada en 2002 y ampliada en 2021 con el impulso del diputado Máximo Kirchner junto a otros bloques, incorporando a más de tres millones de argentinos y argentinas al beneficio. El régimen utiliza zonas bioambientales definidas por ENARGAS para determinar qué regiones reciben compensaciones tarifarias financiadas a través del Fondo Fiduciario del artículo 75 de la Ley 25.565. Gracias a este mecanismo, los hogares de las zonas alcanzadas pagan el 70% del cuadro tarifario, lo que equivale a un descuento del 30% en las facturas de gas, que asciende al 50% para beneficiarios de planes sociales e instituciones de bien público. Actualmente, 4,2 millones de usuarios acceden a este beneficio, y el 72% reside en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Asimismo, y según los datos presentados en la comisión, en una vivienda ubicada en zonas frías se consumen en promedio 1.052 metros cúbicos de gas por año, un 94% más que en zonas no frías. Y casi la mitad de ese consumo se destina exclusivamente a calefaccionar el hogar. En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, solo el 20% de los municipios accede a la Zona Fría, lo que evidencia que se trata de una política focalizada y no universal.
Iparraguirre recordó además que en ciudades como Tandil, donde las bajas temperaturas demandan un mayor consumo energético, este régimen representa un alivio fundamental para los hogares. “El propio régimen se financia a través del Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas, es decir, lo solventamos entre todos los argentinos con un mecanismo transparente. Decir que hay que eliminarlo para ahorrar es lisa y llanamente mentira”, advirtió el legislador tandilense.
Iparraguirre también recordó que el intento de eliminar el régimen no es nuevo. Durante el debate de la Ley Bases en 2024, el Gobierno ya había puesto sobre la mesa la eliminación del Fondo Fiduciario que sostiene el sistema. Además, explicó que el financiamiento de la Zona Fría no proviene de recursos estatales directos, sino de un esquema solidario en el que todos los usuarios de gas por redes —cerca de nueve millones— aportan un pequeño recargo en sus facturas, que este año aumentó de 6,60% a 6,80%. El artículo 70 del proyecto oficial propone además fijar un tope del 7,5%, modificando el diseño original del fondo.
“Esperamos tener la holgura necesaria para frenar esta medida en la Comisión de Presupuesto. No vamos a permitir que se avance sobre un derecho que beneficia a millones de familias argentinas, especialmente en el interior del país”, sostuvo el diputado. Y concluyó: “Eliminar este régimen sería un retroceso enorme. Lo que necesitamos es fortalecer políticas federales que reconozcan nuestras realidades climáticas, no debilitarlas”.
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