Cerraron la causa en la que se investigaba la visita de diputados libertarios a represores
La clave del fallo es que no detectaron irregularidades en el accionar del Servicio Penitenciario Federal.
La Justicia cerró la causa que investigaba la visita que un grupo de diputados libertarios hizo al penal de Ezeiza para reunirse con Alfredo Astiz y otros genocidas condenados.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa decisión corrió por cuenta del juez federal Luis Armella quien consideró, tal como sostenía Patricia Bullrich, que el Servicio Penitenciario Federal no había incurrido en ninguna irregularidad para facilitar el encuentro.
El juez se hizo eco, así, del dictamen del fiscal Sergio Mola, el mismo fiscal que viene apelando para que Cristina Fernández de Kirchner deba cumplir su condena en prisión.
El 11 de julio del año pasado, seis diputados de La Libertad Avanza se subieron a una combi oficial de la Cámara baja, viajaron al complejo penitenciario VII de Ezeiza y pasaron una tarde junto a un grupo de represores, entre los que se encontraba Astiz, pero también Alberto “Gato” González, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti. Todos detenidos y condenados por crímenes de lesa humanidad.
Allí, los diputados libertarios -Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci- se reunieron y fotografiaron con los represores. Todos menos una: Bonacci, quien denunciaría, luego, que había sido “engañada” por Benedit, el organizador de la visita y uno de los coordinadores del chat en el que se barajaban propuestas que permitieran que los genocidas pudieran acceder a prisión domiciliaria.
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En ese chat de WhatsApp participaba también el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera, quien coordinaba encuentros para aquellos que quisieran ayudar a los condenados por lesa humanidad. En el grupo se llegó a presentar, incluso, un proyecto de ley que reformaba el Código Penal e incorporaba una nueva causal de extinción de la acción penal: cuando hubieran transcurridos 20 años desde el momento en que el Estado tomara conocimiento de un delito. El proyecto se llamaba “Derecho a ser juzgado en un plano razonable”.
Toda esta información fue aportada por Lourdes Arrieta, la otra arrepentida, en una denuncia penal que presentó contra sus propios compañeros de bloque. La ex diputada libertaria, incluso, apuntaría contra Menem, lo que le terminó valiendo que la expulsaran del bloque oficialista.
Causa cerrada
El juez Armella decidió archivar la causa en sintonía con el pedido que había hecho el fiscal Mola, quien dictaminó que el Servicio Penitenciario Federal no había cometido ningún delito. Cuando la causa cayó en sus manos el año pasado, Mola decidió circunscribir la investigación a si habían existido irregularidades por parte del Servicio Penitenciario, que responde a Patricia Bullrich, cuando los diputados realizaron la visita. Y dictaminó que no había motivos para continuar investigando.
El motivo del foco de la investigación era que, en los chats aportados por Arrieta, los diputados mencionaban que contaban con el visto bueno de Bullrich y al jefe del SPF. Cuando se realizó la visita, además, no los revisaron ni les pidieron sus teléfonos celulares (que luego serían utilizados para sacarse la foto de familia con Astiz).