Civale argumentó que el contrato con Clear es entre privados y “no nos incumbe mostrarlo”
Matías Civale, presidente de la Usina Popular y Municipal, se refirió a los cuestionamientos que planteó el concejal del FPV-PJ, Rogelio Iparraguirre, sobre el contrato firmado por Usicom y Clear para la gestión del relleno sanitario.
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El edil de la oposición expuso una serie de dudas que no fueron despejadas sobre el proceso que siguió el contrato suscripto por Usicom y las modificaciones que se incorporaron cuando el Concejo Deliberante aún se estudiaba el documento original.
Civale, en diálogo con El Eco de Tandil, detalló que “el tema es delicado porque incluye algunas cuestiones básicamente de los privados. Hay planteos en los que no quedan claros cuáles son los cuestionamientos que se hacen. La primera cuestión es sobre el contrato con Clear SA, hay una particularidad porque los contratos entre privados, por la Ley de Sociedades, no nos incumbe mostrarlos. El grupo Usina, que además es una sociedad anónima, realiza contratos con más de 300 productores y contratistas y no se puede ventilar cada uno por la legalidad de este tipo de contrataciones, que son las tecnicaturas que representan en el caso del grupo Usina al sector público, por eso son los que tienen que responder eventualmente en ese control de viabilidad y tienen que presentar los informes pertinentes, tanto a la asamblea anual o en su caso ante pedidos al Concejo Deliberante, cuando ellos marquen que hay un incumplimiento legal”.
Sostuvo que “esta es la razón por la cual hay imposibilidad de mostrar los contratos, pero no porque sea este en particular el de UTE (Unión Transitoria de Empresas), sino la totalidad de los contratos”.
Facturación
Iparraguirre había aclarado que todos los bloques decidieron solicitar formal e institucionalmente información a Usicom y al Ejecutivo, para obtener la facturación mensual con el detalle del precio por tonelada de residuos que ingresa al relleno sanitario y la elevación de una copia del contrato de la UTE con Clear SA.
Sobre este punto, Civale expresó que “las facturas están en el Ejecutivo y ellos también lo conocían, porque están en la presentación y rendición de cuentas de las facturaciones. Cuando ellos votan las rendiciones, las acercamos, porque eso es algo público que ya lo tenían y no es una facturación que realiza ni Clear ni la UTE. Es una facturación que realiza Usicom porque el contrato en definitiva es entre el Municipio y Usicom”.
Añadió que “no entiendo cuál es el tipo de cuestionamiento, porque es información que de hecho ya la tenían y nosotros la acercamos. Es más, la presentamos mensualmente al Ejecutivo que la eleva en la rendición de cuentas. En esa información de la facturación surge la cantidad de toneladas que se genera mensualmente”.
Remarcó que “el planteo fue sobre las facturas que están disponibles y por eso conocen el nivel de facturación. Por otro lado, el contrato con Clear SA fue de una transición en un determinado momento, pero que ya no está más. Esto permitió al Municipio no hacer una inversión. Hay que tener en cuenta que cuando se hace un contrato de este tipo, si tiene que hacer una inversión la tarifa tiene que pagar eso. En un primer momento el incremento de la tarifa era innecesario hasta que pasemos a una metodología de compactación”.
La UTE
Con relación a la Unión Transitoria de Empresas con Clear, aseveró que “hay un contrato que nosotros nos tuvimos que hacer cargo de una gestión, de un día para el otro. Había algunas cuestiones que son el conocimiento de la tarea, la necesidad de tener que invertir automáticamente en maquinaria con poco tiempo desde que uno se hace cargo y la mano de obra”.
También enumeró que “el mantenimiento de trece puestos de trabajo fue una cosa que nosotros priorizamos. En ese primer momento lo que se decidió, hasta poder absorber a esos empleados, fue que pasaran a una UTE, hasta que pudieran pasar definitivamente. Hoy son empleados que pertenecen a Usicom y la decisión en su momento era no dejarlos en la calle, pero en esa transición necesitábamos hacer ese recorrido que fue una cuestión natural”.
El presidente de la Usina precisó que “eso no se debe informar porque es un contrato entre privados. Por ejemplo, desde la Usina se hacen contratos para realizar zanjas, pinturas, provisión de lámparas, etc., y esos contratos no tenemos porqué mostrarlos. Para eso hay una sindicatura compuesta por tres profesionales que hacen un control de legalidad y para eso están las asambleas que se presentan informes, se puede asistir y algunos concejales han concurrido, ya que ese es el momento. Los contratos particulares no se pueden velar, porque además estaríamos ventilando cosas que exceden a la propia empresa”.
Agregó que “diferente es un contrato de concesión, pero este no es el caso; este es un contrato de servicios entre la Municipalidad y Usicom. Por ahí Rogelio Iparraguirre está confundiendo esa situación porque no conoce el trasfondo de la cuestión, que no es un contrato de concesión. Para nosotros las cuestiones están claras por eso respondemos, aunque creo que confunde los tipos de contratos”.
Sobre lo expresado por el concejal del FPV-PJ, dijo que “está bien si Rogelio (Iparraguirre) tiene inquietudes que las plantee. Me parece que hay un error en cuanto al tipo de contrato que está interpretando, pero no me llama la atención, me parece que es mayor la trascendencia que se le da desde el punto de vista público. Este tipo de notas entre el Ejecutivo, Concejo Deliberante y la Usina hay muchas y se contestan. En este caso tomó mayor trascendencia a partir de la declaración de Iparraguirre, pero no es la primera ni la última y hay varias periódicamente”.
Actualidad
Al ser consultado sobre la situación del relleno sanitario en la actualidad en cuanto al tipo de gestión que se está llevando adelante, señaló que “hemos presentado los controles que normalmente se realizan por los organismos de contralor en cuanto a cómo se viene desarrollando. Planteamos nuestra inquietud que viene un proceso acelerado de ocupación de la tierra, que es lo que venimos diciendo y que el Ejecutivo también lo tiene muy en claro”.
Aseguró que “requiere ir tomando algunas decisiones de inversión que directa o indirectamente la tienen que hacer todos los tandilenses. Más allá que una inversión en capital la pueda hacer Usicom o cualquier empresa que esté gestionando la disposición final, esa inversión se paga a través de una tarifa que abonan mediante las tasas todos los vecinos”.
Evaluó que “hoy pensar en una compactación implica quintuplicar, con los números que le hemos presentado al Ejecutivo para esa decisión, el nivel de inversión actual. Eso es una definición que se tendrá que tomar en su conjunto a la hora de evaluar el presupuesto”.
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