Civale impulsa cambios en las fotomultas para evitar que se conviertan en "un negocio de unos pocos”

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Civale, presentó un proyecto de ley para modificar el sistema de fotomultas y limitar la participación de empresas privadas en los controles de tránsito. La propuesta apunta a garantizar que las funciones de fiscalización permanezcan bajo responsabilidad exclusiva del Estado y evitar que los proveedores tecnológicos obtengan beneficios económicos vinculados con la cantidad de infracciones.

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“Las fotomultas tienen que servir para prevenir accidentes y salvar vidas, no para convertirse en un negocio de unos pocos”, sostuvo el legislador, quien advirtió que durante los últimos años se desvirtuó el objetivo original del sistema.

La iniciativa plantea modificar el artículo 28 de la Ley Provincial de Tránsito 13.927, para establecer que la planificación y ubicación de los radares, el procesamiento y validación de los datos, así como la emisión y notificación de las multas, sean tareas desarrolladas exclusivamente por funcionarios públicos.

De esta manera, las empresas privadas podrían continuar proporcionando equipos y herramientas tecnológicas, pero no participar de las decisiones vinculadas con la determinación de infracciones ni ejercer facultades propias del Estado.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de que las compañías proveedoras cobren comisiones o porcentajes sobre las multas recaudadas, así como cualquier incentivo económico relacionado con el volumen de sanciones.

“Cuando una empresa cobra más cuanto mayor es la cantidad de multas, se genera un incentivo contrario al objetivo de la seguridad vial. El interés deja de estar puesto en evitar accidentes y pasa a estar en recaudar cada vez más”, cuestionó Civale.

En ese sentido, remarcó que el Estado no puede delegar su poder de control ni permitir que las sanciones de tránsito se transformen en una fuente de rentabilidad privada.

El legislador aclaró que la propuesta no pretende eliminar los radares ni las fotomultas, sino establecer mecanismos que garanticen controles transparentes, con criterios técnicos, equipos homologados y supervisión estatal.

Además, el proyecto mantiene las disposiciones vigentes relacionadas con la señalización de los operativos, la notificación de las infracciones y la autorización de los dispositivos utilizados en rutas y caminos provinciales.

“No estamos en contra de los radares ni de las multas. Son herramientas necesarias para mejorar la seguridad vial. Lo que cuestionamos es un sistema que, cuando se organiza alrededor de la recaudación, pierde de vista su razón de ser”, explicó.

Finalmente, Civale insistió en la necesidad de recuperar el carácter preventivo de los controles y sostuvo que el éxito del sistema debería medirse por la reducción de las infracciones y los accidentes, y no por el dinero recaudado.

“El objetivo de un control de velocidad debería ser que cada vez haya menos infracciones porque los conductores respetan las normas. Ese es el éxito que tenemos que buscar: menos accidentes, más prevención y un Estado que garantice controles transparentes, no un sistema que necesite multiplicar multas para sostener un negocio”, concluyó.

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El Eco de Tandil

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