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Con el Oído Agudo

El Eco

JUICIOS POSPANDEMIA

En la semana se notificó desde la Suprema Corte la reapertura de la actividad judicial a partir de mañana, teniendo en cuenta el buen presente epidemiológico de la ciudad que le permite estar en la Fase 5. Esa situación se replicará en la sede de la cabecera judicial, Azul, como así también en San Nicolás, mientras que el resto de las dependencias judiciales diseminadas en el territorio bonaerense deberán aguardar por mejores días sanitarios y, con ello, poder permitir que sus respectivos operadores judiciales retomen sus rutinas.

Si bien en la ciudad tanto el fuero Penal como en el de Familia siguieron trabajando con turnos y guardias permanentes con personal en rotación, además de la modalidad remota, a nadie escapaba que sin la tarea presencial se postergaron muchas audiencias y debates que ya formaban parte de la agenda anual hasta que llegó la pandemia y, con ella, la cuarentena.

En ese tren, se supo que si bien aún se aguarda por precisiones sobre el protocolo a aplicar, es un hecho que en la semana que se inicia, el Tribunal Oral Criminal resolverá sobre los juicios orales por venir, factiblemente a iniciarse en 15 días.

Desde la dependencia se detalló que reina preocupación por varios casos, con acusados privados de su libertad ya por un par de años sin que hayan tenido su debido juicio, por lo que no sería descabellado especular que serán esos procesos los que estarán primeros en la lista de debates a propiciarse en breve.

De todas maneras, aún se espera por especificidades sobre cómo serán los traslados o, si en algunos casos se mantendrán las audiencias virtualmente, un sistema que si bien funcionó de buen modo para ir salvando las urgencias, a la hora de evaluar y tomar una cabal dimensión de un testimonio nada reemplaza lo presencial, en vivo y en directo.

Sí resulta más complejo retomar -aún sin visos de que en el corto y mediano plazo puedan reanudarse- los juicios por jurados. De hecho el Tribunal local tenía uno por iniciarse cuando se declaró la cuarentena, que quedó suspendido hasta nuevo aviso.

Teniendo en cuenta la incertidumbre que se conserva en materia sanitaria con ciudades vecinas que integran la cabecera judicial azuleña –de la cual depende Tandil- difícilmente pueda convocarse a vecinos de la zona para que integren un jurado popular, y no sólo por la complejidad de los respectivos traslados, sino también en lo que hace al distanciamiento social que, claramente, en la sala de audiencias no podría cumplirse.

EL CHUSMERÍO VIRAL A LA JUSTICIA

Casi nadie escapó de un suceso de tintes privados que igualmente las redes sociales se encargaron de viralizar para que sea la comidilla del pueblo, con medios porteños que se encargaron de propagar bajo un criterio periodístico al menos cuestionable, a la hora de considerar como un hecho noticioso un escrache con pintadas en una casa por asuntos que hacen a la intimidad de los protagonistas.

No pocos se preguntaron si la exposición en cuestión era merecedora de una zaga judicial, a partir de los ribetes que finalmente se fueron fagocitando con inimaginable propagación para los ojos morbosos de miserias ajenas.

Efectivamente, el suceso en cuestión finalmente tuvo eco en la Justicia, aunque su desenlace a priori pareciera encaminarse al archivo de la causa, ante la poca voluntad de la denunciante para aportar datos que permitan dar con el posible autor de los daños ocasionados en la vivienda.

En otro orden, el tronco de la ofensa contra un bien jurídico, en este caso sería la injuria, delito de acción privada, que no se investiga en las fiscalías, sino que la persona injuriada (en este caso la propietaria de la casa dañada) tendría que presentarse con un abogado particular en el Juzgado Correccional, acción que hasta el cierre de la semana no se había concretado.

INGRESOS DUDOSOS Y EXPLICACIONES POCO CLARAS

Mucho debate se generó esta semana ante el ingreso a la ciudad de un vehículo con gente proveniente de AMBA, por un lado, y de un grupo de tenistas de la misma zona que se alojaron en el complejo Posta Natural.

Luego de que personal de los puestos sanitarios salió públicamente a denunciar que ingresaban personas que provenían de zonas de contagio, sin permiso y que luego de un llamado a algún funcionario de alto rango lograban el ingreso a la ciudad, el secretario de Protección Ciudadana Atilio Della Maggiora tuvo que salir a dar explicaciones en el programa Buenas y Santas de Tandil FM, nota que se grabó para el noticiero de Eco TV.

Sin embargo, a pesar de que la entrevista se extendió más de 40 minutos, quedaron muchas dudas y pocas certezas acerca de los polémicos ingresos.

Por un lado, el funcionario hizo referencia al ingreso del vehículo proveniente de AMBA y en el programa dijo tener el permiso de circulación de esas personas (no precisó cuántas eran ni de dónde venían) y a pesar de tener el papel en su mano, amagó a mostrarlo en cámara pero no lo concretó. Tampoco explicó qué dice el documento, es decir cuál es el motivo por el que esas personas pudieron ingresar a la ciudad.

A su vez, no dio precisiones acerca de si las personas, provenientes de AMBA, aunque no se sabe de qué ciudad, entraron por el día o si se quedaron en la ciudad y si se controló que efectivamente cumplieran la cuarentena.

Ante tantos cabos sueltos, desde el diario El Eco de Tandil se intentó contactar a Della Maggiora para solicitarle una copia del permiso de circulación y esos detalles importantes que no habían quedado claros en la nota televisiva. Nunca respondió. Desde el área de prensa del Municipio tampoco brindaron esas precisiones, considerando que esos eran “detalles poco importantes”.

Sin embargo, evidentemente para los lectores las explicaciones revestían relevancia, por lo cual se quedaron con esas mismas inquietudes y así lo plasmaron en sus comentarios sobre la nota publicada también en ElEco.com.ar.

En las intervenciones, los lectores preguntaron, por caso, como “podrían aclarar si los acompañaron al domicilio y si están controlando estrictamente que cumplan los 14 días de cuarentena por venir de AMBA”; “No le creo nada. Lo escuché anoche, se nota que miente”; “me gustaría ver publicado ese permiso. Así no quedan dudas”. Esos fueron sólo algunos de la gran cantidad de comentarios que hubo en la página, reclamando al secretario de Protección Ciudadana que dé las explicaciones que corresponden a los vecinos de Tandil, que son quienes le pagan el sueldo.

CONTROLES PARA CUIDARNOS MEJOR

Así se tituló una publicación hecha en las redes sociales del intendente Miguel Ángel Lunghi,  ilustrada por fotos que muestran al jefe comunal junto al secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, en una “recorrida” por los puntos de control sanitario de ingreso a la ciudad.

La visita se dio el mismo día en que uno de los voluntarios denunciara a través de su cuenta de Facebook cómo los funcionarios dejaban pasar a personas que no contaban con el correspondiente permiso. Ello generó un revuelo en la cúpula alta del Municipio, además de dichos y entredichos.

Esa declaración dio lugar al apoyo de otros trabajadores del voluntariado en salud, además de los de otras áreas que optaron por no dar la cara para resguardar su puesto. Hablaron de que los pasan por arriba con un llamado y la indignación desparramó perdigones hacia otros aspectos de los operativos.

Aquella publicación en las redes sociales de Lunghi señalaba: “La vigilancia sanitaria de los ingresos y egresos a Tandil es uno de nuestros principales objetivos durante la Fase 5 del distanciamiento social, preventivo y obligatorio. (…) El trabajo de las mujeres y los hombres apostados en esos lugares es fundamental para continuar cuidándonos, así como la responsabilidad y el compromiso de toda la comunidad”.

Esto sucedió en el punto de La Vasconia y enardeció a esos hombres y mujeres que están en la primera barrera de protección de la ciudadanía. “Se bajaron del auto (el Intendente y Della Maggiora), se sacaron las fotos y se fueron. No habrán estado más de diez minutos, ni siquiera preguntaron si necesitábamos algo o cómo veníamos atravesando estos días”, enfatizaron los voluntarios.

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Días atrás se supo que el Instituto Provincial de la Vivienda dejó sin efecto un plan de 40 viviendas sociales que se iban a construir en un predio del barrio Arco Iris.

El año pasado, en plena campaña, los entonces jefe de Gabinete y secretario de Obras Públicas, Julio Elichiribehety y Roberto Guadagna, gestionaron ante el gobierno de María Eugenia Vidal este convenio por un valor de 43 millones de pesos, cuyo desembolso financiero inicial se esperaba para ahora. Pero las autoridades comunales se enteraron de que esto no iba a ser posible.

Ahora, pareciera que al Municipio le dio apuro por reactivar dicha demanda y por hacerle saber a la Provincia el déficit habitacional que padece Tandil. Lo irónico es que, en parte, este fenómeno se produjo en casi 17 años de lunghismo, período en el que se construyeron pocas viviendas de carácter social y proliferaron las iniciativas barriales privadas.

Según trascendió, el organismo bonaerense desestimó el acuerdo debido a la crítica situación económica que se vive en el marco de la pandemia y también a la redefinición de políticas habitacionales por parte del Instituto de la Vivienda, que buscarán contemplar los perfiles y necesidades territoriales para abordar la creación de estos programas.

Quizás el último mandato del pediatra sea la ocasión para resolver una problemática que aflige a miles de ciudadanos que aún no cuentan con el techo propio.

SOLIDARIDAD COMO PREMISA

La funcionaria de Salud del gobierno de Axel Kicillof le restó importancia a la negativa del Municipio a estampar la firma en el convenio de camas extrahospitalarias para pacientes con Covid-19. Leticia Ceriani compone el tridente de gestión junto al ministro Daniel Gollán y el viceministro Nicolás Kreplak.

El diálogo con este medio fue más extenso de lo que oportunamente se publicó. Ceriani analizó la situación de la región y se mostró en alerta por los casos que aparecieron en diferentes municipios y por eso resaltó la importancia de la restricción en el AMBA.

“Nadie está exento”, respondió en más de una oportunidad y luego destacó que el convenio que están firmando con todos los distritos es para darle equidad al sistema. “Pacientes se trasladan siempre de un lado al otro; antes de la pandemia pasaba y luego seguirá ocurriendo”, dijo la funcionaria.

También cargó una cuota de análisis político al tema y mencionó una palabra clave para entender lo que sucede en muchas comunidades: “Estigmatización de los pacientes activos”. Basta recordar de qué manera se viralizó la identidad del primer caso en Tandil.

Sobre el rechazo en la firma del convenio, Ceriani dio vuelta la página y aseguró que “nosotros no vamos a responder con falta de solidaridad”.

LAS MIL VUELTAS DE UNA LEY EN ESPERA

La adhesión local a la Ley Micaela, que prescribe la capacitación en género para todos los agentes estatales de los tres poderes, fue sancionada en marzo de 2019 por el Concejo Deliberante. Pese a que hubo determinados intentos de delinear alguna acción en esa dirección, lo cierto es que más de un año después los trayectos formativos no se llevaron a cabo. Además, se venció el plazo de doce meses para implementar la normativa que estipulaba la ordenanza vigente. De acuerdo a la letra legislativa, el Ejecutivo a través de la Dirección de Políticas de Género  y Diversidad Sexual, es el organismo de aplicación.

Hace unas semanas, las concejalas del Frente de Todos Guadalupe Gárriz y Daiana Esnaola presentaron sendos proyectos para modificar la ordenanza e introducir la adhesión a la ley provincial y pidieron también por su pronta implementación. No es la primera vez que desde el bloque opositor mueven esfuerzos para ese lado, porque hace más de un mes también realizaron un pedido de informes -votado por unanimidad- para conocer cómo trabaja el área de Género local, que aún no fue respondido.

No obstante esto, días atrás, los ediles de Juntos por el Cambio Luciano Grasso, Sofía López de Armentia, Andrés Mestralet y Cristian Cisneros hicieron lo propio y elevaron al Deliberativo una propuesta para reformar la ordenanza existente. El paquete de cambios a la ordenanza de adhesión fue presentado en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad. “Creemos que en conjunto con los demás bloques podemos construir una mejor normativa y sostener el hecho de que en Tandil la Ley Micaela es política de Estado”, apuntó Luciano Grasso, vicepresidente de la citada comisión, que encabeza Guadalupe Gárriz.

En rigor, esta iniciativa de Juntos por el Cambio fue presentada recién la semana pasada y el único proyecto que se discutió en el ámbito de la comisión, por el momento, fue el de las legisladoras opositoras. No fue poca la sorpresa en el arco del Frente de Todos al conocer a través de los medios esta noticia expuesta por la bancada oficialista, que no hace alusión a las propuestas que ya se habían hecho en torno al tema, y además considerando que la gestión lunghista, en tantos meses, no se preocupó por darle forma a las capacitaciones ni por reflotar la problemática.

En algunos sectores se quedaron con la sensación de que los concejales radicales “se colgaron” de una labor que vienen sosteniendo otros actores y armaron una propuesta como si hubiesen descubierto la pólvora, sin considerar las iniciativas encaradas en ese sentido y sin dialogar o trabajar en conjunto con sus demás pares para efectivizar la aplicación de la ley.

 

 

 

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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