Con el Oído Agudo

LOS COSTOS DE UNA DECISIÓN

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La decisión de imponer nuevas restricciones en la circulación ciudadana demandó mucho debate interno en el gabinete lunghista que, si bien atiende y responde al criterio del comité de seguimiento de los expertos sanitarios, no deja de tener la última palabra a la hora de la toma de decisión frente a los costos que se asumen cada vez que se veda una actividad.

El debate interno también estuvo signado por las consultas a los sectores afines al Gobierno sobre las medidas a aplicar, a sabiendas de que lo que se resolviese iba a generar fastidio, e incluso rechazo.

La resistencia recurrente de los sectores afectados se fundó en las propias declaraciones de las autoridades, a la hora de encontrar las razones de los contagios.

Se declaró en más de una oportunidad que las principales causales de los casos se dieron por reuniones sociales y fiestas clandestinas, no por los rubros comerciales que cumplieron con creces los protocolos y ahora son reprimidos en su trabajo.

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Igualmente desde el Gobierno se insistió en la necesidad imperiosa de evitar la circulación con la menor restricción productiva y comercial posible, dentro de la emergencia sanitaria padecida. A la par, se asumió el compromiso de un mayor poder de contralor en las reuniones sociales y fiestas clandestinas.

En ese tren, se analizaron otras alternativas, como imponer mayores restricciones que las que empezaron a regir desde ayer, pero sólo de jueves a lunes. Todo tendiente, claro está, a fiscalizar lo que se advierte como la mayor problemática: el movimiento de los jóvenes y las consecuencias de sus contactos posteriores con los adultos mayores.

Finalmente, primó lo que empezó a regir desde el sábado, apostando otra vez a la conciencia ciudadana y responsabilidad individual para lo que a todas luces hasta aquí no lució, al decir de la propagación viral y número de contagios.

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PREOCUPACIÓN Y OPORTUNISMO

Se ha informado en estas páginas sobre la preocupación que reina en la Justicia Penal frente a las limitaciones con las que deben regirse (se acata el criterio provincial de Fase 3) y que generaron la modificación del calendario de audiencias y actos programados.

Si bien la tarea se va surfeando vía remota y con audiencias virtuales, lo más sensible versa sobre la imposibilidad de celebrar juicios en el Tribunal Oral Criminal que impide definiciones procesales para con muchos imputados que ya purgan un par de años privados de su libertad sin una sentencia, en este caso en primera instancia.

Consta que los actores judiciales han incentivado arribar a los juicios abreviados para destrabar varios de los expedientes en pugna, pero no son pocos los hechos graves que no permiten un acuerdo entre acusadores y defensores, y generan una incertidumbre procesal para con los acusados involucrados. Mucho más para aquellos que obligan a un juicio por jurados, una instancia por estos meses imposible de implementar por las restricciones sanitarias imperantes.

Incluso ante la especulación de habilitarse con determinados protocolos que se rijan por el distanciamiento social, no se cuenta con un espacio físico acorde para ejecutarlos y tampoco se podría citar a vecinos de otras localidades comprendidas dentro de la cabecera judicial de Azul para que participen de una audiencia semejante.

En medio del denso clima transitado, no fueron pocos los que dejaron entrever que dicha situación favorece a las defensas de los acusados, ya que pasan los meses, incluso años, y a la hora de pugnar por una eventual condena se contaría con la contemplación que marca el código respecto a los años ya vividos bajo encierro. En esa mirada desconfiada, se aduce que muchos defensores incluso hacen retranca en los juicios abreviados precisamente por dicha circunstancia.

CAUSAS DILATADAS

Y en ese marco, trascendió otro inconveniente con el que lidian tanto el fuero Penal como el de Familia, cuyos operadores se encuentran a la espera de definiciones para avanzar con causas que involucran a víctimas menores de edad.

Según se escuchó en esferas vinculada a esta temática, reina la preocupación por la casi nula actividad del Cuerpo Técnico Auxiliar del Poder Judicial de Tandil. Se trata del organismo que interviene en escucha de los niños que han sido víctimas de abuso sexual. En definitiva, de los dictámenes de este ente depende el avance de investigaciones penales y trámites en los juzgados de Familia.

En este caso, el dato que sorprende es que el resto de organismos judiciales funcionen normalmente y esta dependencia tan sensible parezca y permanezca en una postura indolente frente a los padecimientos de la gente.

DEBATES PENDIENTES

En días en que nuevamente se resolvió un reacomodamiento en la tarifa del boleto del transporte urbano de pasajeros y, consecuentemente, repercutiendo también en el costo del estacionamiento en el radio céntrico, no pocos se preguntaron en la “bendita” Sapem oportunamente anunciada que iba a echar luz sobre una problemática que, a todas luces, el Municipio no ha logrado mejorar en lo concerniente a la movilidad urbana y el tránsito vehicular.

Mientras el primer mundo avanza con el transporte público gratuito y alentando el uso de otras alternativas como la bicicleta (las donadas por la entidad bancaria siguen abarrotadas en un depósito) en pos de reducir la circulación de los vehículos particulares,  en el pago se apela al incremento del valor del boleto para sostener las acorraladas cuentas de los transportistas que, con lógica, acusan el impacto de sostener sus unidades y tener que afrontar salarios en semejante clima económico adverso.

Evidentemente, una vez más, la urgencia de la coyuntura impide priorizar un debate profundo y maduro que contemple una alternativa superadora para que el vecino se vea tentado a utilizar el servicio público en desmedro del vehículo particular, lo que traería consigo beneficios económicos, ambientales y sociales, entre ellos la reducción de la inseguridad vial.

GESTIÓN, POLÍTICA E ILUSIONES QUE SE DESVANECEN

Cincuenta vecinos del barrio del Sindicato de Trabajadores Municipales, lindero al Arco Iris, aguardan hace 17 años por la construcción de sus casas. La mala política los ha mantenido como sus rehenes, tanto durante los gobiernos peronistas como en los cuatro años de la alianza del PRO y la UCR. Ahora, a partir de los últimos anuncios y del debate que se generó en torno a las tomas de tierras, el déficit habitacional y las dificultades para acceder a la casa propia, pretenden que el Instituto Provincial de la Vivienda les dé prioridad, y se acuerde de este proyecto pendiente que tiene en Tandil y que está a la espera de una inyección financiera.

Entregada la mitad de las casas, hay otras 20 que presentan un avance del 80 por ciento y 30 que sólo cuentan con las bases. Mientras que el Sindicato de Trabajadores Municipales aguarda que la administración pública retome a pleno la actividad, los vecinos le reclaman más protagonismo y que se ponga al frente en la lucha por el derecho a la vivienda.

En ese tren, trascendió que algunos de los trabajadores municipales involucrados les han pedido a Rogelio Iparraguirre y a Juan Arrizabalaga que colaboren en las gestiones para intentar destrabar la obra. Sin embargo, no han obtenido respuestas. Ni siquiera un compromiso de que van a intentarlo.

Más allá de las internas justicialistas serranas -donde las divisiones son la regla antes que la excepción-, la necesidad de los vecinos debería anteponerse a los egos, las miserias y el temor por las “facturas” que puedan caer luego del auxilio para activar este proyecto. Cierto es que los concejales del Frente de Todos se muestran interesados en proponer herramientas para el acceso al hábitat, lo que iría en línea con el reclamo de este grupo que sólo busca que se terminen y se entreguen las viviendas.

PUERTAS CERRADAS

Vecinos del barrio Procrear y de manzanas aledañas tuvieron una semana agitada, a partir de la presencia de un motociclista que se aprovechaba de descuidos para ingresar a las viviendas con intenciones de robar lo que encontrase a mano. Lo llamativo del caso fue que en algunas ocasiones, al ser sorprendido por los propietarios, alegaba que era un “mandadero” y se excusaba en que lo habían llamado para algún tipo de encomienda.

Los casos se registraron en varias viviendas, ubicadas en Beiró y Pujol, en Duffau y Maritorena, entre otras calles de la zona. El modus operandi que utiliza el motociclista es aprovechar portones, puertas y ventanas que permanecen abiertos en los domicilios, mientras que los moradores están distraídos u ocupados en alguna tarea doméstica. Por caso, una de las víctimas comentó que acababan de lavar el piso, por lo cual se encontraban ventilando para que se secara y se vieron sorprendidos por el intruso, quien les sustrajo algunas herramientas.

A priori, le llegó a este Oído que una de las víctimas hizo la denuncia, pero no encontró eco en los funcionarios policiales. Por ese motivo, optó por publicar en las redes sociales una foto de la moto, tomada desde atrás, donde se lee claramente la patente. Ahora, si alguien se digna a intervenir en el caso, sólo deberá rastrear el posteo en las redes sociales.

CAMBIO DE AUTORIDADES EN FERRO

El 30 de octubre fue un día histórico para el club Ferrocarril Sud. Es que hace 6 años, la institución del barrio de la Estación de Trenes se normalizaba definitivamente y volvía a manos de los socios, quienes llamaron a una asamblea general ordinaria que proclamó a Ezequiel Lester como presidente.

Después de tres gestiones en las que el club estuvo conducido por jóvenes, varios socios iniciaron un operativo clamor para el regreso de “Boity” Lester para iniciar un nuevo mandato. Sin embargo, el actual tesorero de la comisión directiva de la Cámara Empresaria habría rechazado la propuesta por temas personales y profesionales.

La próxima asamblea se llevaría a cabo en diciembre próximo. Según le llegó a este Oído, con el consenso de la mayoría y el apoyo de los jóvenes, el pasado 30 de octubre, el histórico dirigente Dante Iglesias habría aceptado asumir la presidencia del club ferroviario por los próximos dos años.