Con fuertes cruces entre los radicales, volvió a comisión la creación del Defensor del Pueblo

Con la nueva conformación, en la víspera sesionó el Concejo Deliberante y mantuvo una fuerte discusión en torno al proyecto del Defensor del Pueblo. El radicalismo sacó a relucir su interna en medio del debate para que vuelva a comisión el expediente, junto con el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica que rechazó crear la figura por ordenanza y recomendó al Legislativo instituirla por decreto.

La ordenanza fue sancionada el 23 de noviembre pasado y cuatro días después se notificó al Ejecutivo. Desde entonces, el Intendente decidió no promulgarla ni vetarla, pero esta semana elevó un dictamen del área de Legales que pide reformularla en un decreto y brinda argumentos jurídicos.

En ese marco, el radical Marcos Nicolini expuso que según el artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Ejecutivo tenía diez días para promulgar o vetar la ordenanza. Entonces, como ese plazo perimió, entró en vigencia de hecho. Además, solicitó que cumpla con la legislación y le asigne un número a la norma.

El disparador

Todo comenzó cuando Nilda Fernández, del bloque Integrar liderado por Mauricio D’Alessandro, le pidió al presidente del cuerpo que citara a los secretarios de Legal y Técnica y de Gobierno a las comisiones de Seguridad e Interpretación y Asuntos Legales para que expliquen el dictamen sobre el Defensor del Pueblo, teniendo en cuenta que la mitad de los ediles no participó en el debate del proyecto.

Enseguida, el presidente del bloque de Cambiemos, Mario Civalleri, rechazó esa moción y expresó que “habiendo leído el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica, me parece que es suficientemente claro en cuanto a sus alcances. Yo lo que propondría es que lo tratemos en comisión, como está previsto, y en todo caso después, si es necesario formular alguna consulta, hacerlo por los mecanismos que corresponda”.

Sin embargo, la concejal massista insistió ante la postura del exjefe de Gabinete y le recordó que “celebrábamos el otro día la venida del Departamento Ejecutivo al Concejo Deliberante en aras del intercambio que podamos tener y por eso digo, pido y solicito que, si es posible, vengan a dar alguna explicación”.

Ante ese primer intercambio, Juan Pablo Frolik y Facundo Llano marcaron las cuestiones de forma y aclararon que la citación a los funcionarios se decide durante el trabajo en las comisiones, una vez que se trate el expediente.

El estado de
la ordenanza

El segundo punto surgió cuando Marcos Nicolini se pronunció a favor de que el expediente pase a comisión, aunque aseveró que la ordenanza está vigente. “Manifiesto una preocupación en cuanto al estado de la ordenanza votada por este cuerpo, porque a mi entender han transcurrido los plazos para poder vetar o promulgar la ordenanza, y la Ley Orgánica de las Municipalidades es clara en ese punto: en el artículo 108 expresa que hay diez días”, dijo.

El radical ratificó que “a mi entender es una ordenanza vigente” y advirtió que “no podemos estar discutiendo en comisiones el destino de una ordenanza, si no que se aclare que la ordenanza está vigente, que se le asigne el número correspondiente y después debatimos y discutimos todo lo que sea necesario en cuanto a la instrumentación, como plantea el dictamen. Pero a mi entender, hay cuestiones que están cumplidas y la ordenanza debería tener el número correspondiente ya en esta fecha”.

Tras formalizar la moción para que el Ejecutivo le asigne un número a la ordenanza del Defensor del Pueblo, reiteró que “el cuerpo sancionó una ordenanza hace 15 días, votada por 18 concejales y 2 que votaron por la negativa. El artículo 108 establece que transcurridos diez días hábiles desde la notificación de la ordenanza al Ejecutivo, hecho que se produjo el 27 de noviembre, hoy es 14 de diciembre, han transcurrido más de diez días hábiles. Me parece que la ordenanza al no ser ni promulgada ni vetada, queda promulgada por el transcurso del tiempo”.

También marcó que “ese punto no está contemplado en el dictamen del Departamento Ejecutivo. Lo que sí solicito es que el Ejecutivo le asigne el número a la ordenanza, que sea una ordenanza vigente y con la ordenanza vigente podemos discutir cualquier cuestión”.

Si bien Civalleri le dio la razón sobre la letra de la Ley Orgánica, fundamentó que el dictamen de Legales y la nota de elevación del Intendente municipal “en realidad está indicando una observación de fondo a la sanción de la ordenanza que podría considerarse, en términos implícitos, como un veto a la misma. Con lo cual sugiero que se deje en comisión”.

Ante la respuesta del jefe de bloque, Nicolini leyó el artículo 108 y cuestionó que “estamos creando una nueva categoría: el limbo de lo que vota el Concejo Deliberante. Acá hubo 18 concejales que levantamos la mano por un proyecto de ordenanza, dos que lo hicieron por la negativa, pero participaron del debate y de la votación”.

Además, apeló a un llamado de Juan Pablo Frolik, quien antes había pedido sortear las “brechas”, y expresó que “en el marco de la tolerancia, el consenso y los matices, pido que se le asigne un número a la ordenanza y que este expediente pase a comisión. No existe que en comisión del Concejo Deliberante se esté tratando cuál es la categoría jurídica de una norma que ya fue sancionada por el Concejo. Al transcurrir el tiempo establecido por ley, la ordenanza o se promulga o se veta”.

Y rechazó el fundamento de Civalleri al decir que “lo que ha elevado el Ejecutivo no es un veto. El veto se hace por un decreto y expresamente se dice que se veta, por lo cual entiendo que la ordenanza ha sido sancionada. Desde esa perspectiva, estoy dispuesto a discutir no el contenido sino la forma. Eso sí, debatámoslo en comisión y veamos si corresponde el cambio”.

De ese modo, hizo referencia al aporte de su par Nora Polich, quien había aclarado que estaban dispuestos a discutir si correspondía crear la figura de contralor local por ordenanza o decreto. “Quiero creer que no estamos discutiendo la sanción de la institución Defensor del Pueblo, porque sino dentro de tres meses vamos a estar discutiendo si el Defensor del Pueblo es necesario o no”, evaluó su compañera de bancada.

En la misma línea, Nicolini recordó que enviaron el proyecto al Tribunal de Cuentas, que no puso reparos a que la institución saliera por ordenanza y reiteró que “tenemos una ordenanza promulgada por el transcurso del tiempo de conformidad al artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

En ese momento, Juan Pablo Frolik aclaró que la ordenanza tenía el número 15.930, dado en la sala de sesiones el mismo día en que se votó.

Sin embargo, Gustavo Ballent manifestó que el bloque Integrar acompañaba la moción de Nicolini para que se le asigne el número a la ordenanza, al tiempo que avaló el pedido de Nilda Fernández para que se convoque a los funcionarios a dar explicaciones jurídicas.

Otra moción

Promediando la sesión, Rogelio Iparraguirre se pronunció a favor de dejar el expediente en comisión y esa moción fue apoyada por el presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik.

Además, el legislador de Unidad Ciudadana dejó sentada la postura de su bloque en torno al tema. “Al margen de las interpretaciones jurídicas del dictamen del secretario de Legales, también le competen a la creación de una institución como es el Defensor del Pueblo, las interpretaciones de orden político. Y entendemos que en el marco de lo anunciado en el acuerdo del Bicentenario, una institución creada en la ciudad de Tandil para ejercer, entre otras cosas, control sobre el accionar del Departamento Ejecutivo cuando afecta los intereses o derechos de los ciudadanos, es de injerencia del Intendente”.

Agregó que el pueblo de Tandil “merece tener la rúbrica del señor Intendente para la creación de una institución tan importante” y evitó dar una postura sobre la situación jurídica de la norma.

Por otro lado, mostró preocupación porque no incluyeron en la ordenanza un plazo para iniciar el proceso de selección del Defensor del Pueblo y su temor por las dilaciones que pueda implicar esta nueva discusión.
En tanto, el presidente Frolik recordó que en las últimas reuniones de comisión surgieron dudas sobre si el Defensor debía crearse por ordenanza o decreto del Concejo y reconoció que el miércoles, en labor parlamentaria, las posturas de Facundo Llano y Rogelio Iparraguirre “me hicieron teclear en mis propios argumentos y volver a repensar”.

Entonces, apoyó “la moción del concejal Iparraguirre, que lo sigamos discutiendo, que veamos cuál de las dos formas como instrumentos jurídicos es la válida para aprobar el Defensor del Pueblo, si el decreto o la ordenanza”. u

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