Críticas a la falta de precisiones sobre las auditorias de pensiones por invalidez
La subsecretaria María Eugenia Civalleri cuestionó la falta de articulación con Nación y la ausencia de información.
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con un proceso de auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral generó preocupación en Tandil. Mientras los beneficiarios comenzaron a recibir citaciones formales con plazos para revalidar sus estudios médicos, el Municipio habilitó espacios de asesoramiento y acompañamiento para brindar asistencia a quienes deben cumplir con los requerimientos.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa decisión se fundó en las consultas que llegaron a las dependencias comunales y ante la falta de certezas y coordinación en torno al procedimiento convocado por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para revisar pensiones por discapacidad.
Ante la situación, las autoridades locales buscaron obtener información oficial sobre el procedimiento, pero aseguraron no haber recibido respuestas concretas. “El panorama es de incertidumbre”, planteó la subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio María Eugenia Civalleri.
En diálogo con el ciclo Último Bondi (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming) la funcionaria reconoció que si bien las auditorías son un mecanismo válido de control, cuestionó las formas y la falta de información precisa que afectan a las familias involucradas. También expuso las dificultades para obtener detalles en Anses y alertó sobre el impacto que genera en los beneficiarios.
“Son estos mecanismos intempestivos donde no se articula, no se planifica y uno no encuentra con quién hablar estos temas. Escribimos a Andis y no hay respuesta, en Tandil no tiene agencia, Anses no sabe nada. Entonces es complejo”, resumió.
Estado de situación
En primer lugar, contextualizó que el Municipio se enteró de la decisión de impulsar auditorias en el momento en que los vecinos comenzaron a presentarse en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat “con la carta documento en mano con la citación para los días 14, 15, 16 y 17 de julio de en el club Defensores del Cerro, en Bolivia 456”.
Este escenario “nos preocupó enseguida” ya que “quisiéramos que estos sean mecanismos que se puedan articular entre los diferentes niveles del Estado para poder garantizar un proceso lo más certero y ordenado posible". Sin embargo "esto no fue así”.
En función de esta situación, junto con la Dirección de Discapacidad a cargo de Lucía González enviaron un mail a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con una consulta sobre la metodología y “qué cuestiones podíamos también facilitar y acompañar al momento de realizar las auditorías”.
“Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”, aseguró, por lo que “empezamos a comunicarnos también con quienes entendemos que deberían estar implicados” en el proceso, en concreto, las autoridades locales de Anses.
En efecto, la funcionaria confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el titular de la Regional I Bonaerense del organismo nacional Gonzalo Santamarina y con Sofía Zeme, a cargo de la UDAI.
“El panorama que yo vislumbro es de bastante incertidumbre”, observó y marcó la existencia de “muy poca certeza en relación al procedimiento”. Este abordaje llevó a la administración comunal a tomar intervención para brindar asesoramiento a los vecinos alcanzados por esta situación dado que “veíamos que eran cientos de vecinos los que se empezaron a acercar a la secretaría” y a los centros de salud de los barrios y en Salud Mental.
Estimó que recibieron a aproximadamente 350 personas en los últimos 20 días con inquietud sobre las auditorias. “Es un número claramente significativo”, afirmó la subsecretaria.
“Las formas, los modos y la incertidumbre”
Asimismo, la subsecretaria insistió en que la auditoría es un “mecanismo válido de contralor” y que “tiene que estar”, por lo que negó cuestionamientos en torno al procedimiento.
Sin embargo, interpuso objeciones en cuanto a “las formas, los modos" y alertó sobre "la incertidumbre con la cual se transitan, no solo para nosotros como Estado y como responsables locales, sino también para los vecinos y para las cientos de familias que recibieron esta información”.
Civalleri dijo que desconocen la cantidad de personas que están alcanzadas con esta medida ante la falta de información oficial. De todos modos, señaló que solicitaron los datos a Anses “porque así sabríamos la magnitud y podríamos pensar algún dispositivo de acompañamiento”, inclusive “pensando en la cuestión de salud”.
En tanto, consideró que resulta importante que los convocados se presenten en el día en que fueron citados y que “posteriormente a esa fecha tendrán 30 días para presentar algún certificado o alguna constancia médica”.
Imprecisiones
En otro pasaje de la entrevista radial, la subsecretaria volvió a referirse al intercambio que mantuvo con el titular de Anses, a quien “le preguntamos si esa era la dirección correcta” a la que tenían que acudir los vecinos en las fechas mencionadas “y las respuestas eran ‘al parecer es esa la dirección’, ‘no estamos en conocimiento’, ‘mandamos a consultar’, ‘lo chequeamos’”.
“Esas son las respuestas que obtenemos de los representantes de Nación en el territorio cada vez que queremos tener algún conocimiento del operativo”, cuestionó Civalleri, que advirtió que “hasta comienzos de esta semana el club no estaba confirmado”.
-¿Desde Anses están derivando al Municipio para hacer la consulta?
-Sí, esto es así. En cabeza de la directora de Discapacidad fue que empezamos a articular con el Sistema Integrado de Salud Pública la posibilidad de hacer estos espacios de asesoramiento y de facilitar la mayor cantidad de herramientas para la gente que se acercara. Hoy (por ayer) al menos cuatro o cinco personas se acercaron con folletos impresos, que eran las placas que nosotros hicimos circular públicamente en estos días respecto del espacio de asesoramiento. Pensemos que la gente está recibiendo la carta de documento, que referencia al organismo Anses como una entidad que debiera estar asesorando al respecto y ni siquiera los trabajadores de la institución están en conocimiento de qué le tienen que decir a la familia o a cualquier persona que se acerque a consultar con esta inquietud.
-¿Qué mirada tiene frente a esta manera de comunicar, pero también de gobernar o de accionar?
-Me voy a permitir dar una apreciación que la vengo compartiendo con el equipo. Creo que hay cierta animosidad en estas maneras de proceder. Uno como funcionario público tiene responsabilidades en los lugares en los que está ejerciendo una función pública. Lo que no acuerdo es la cantidad de familia en este caso que quedan rehenes y presas de esta situación. Lo que veo es un desentendimiento absoluto porque todas las respuestas que tenemos son de esa índole, de ‘lo preguntamos’, ‘lo consultamos’, ‘no lo sabemos’. Por lo cual entiendo que hay cero empatía con esta situación y hay mucha animosidad. Creo que hay mucha animosidad y desprecio para con estos temas y me parece bastante grave también qué es lo que se busca trasladar a la comunidad. Por ahí se busca el titular ‘se sacaron tantas pensiones truchas’, trasladar ese mensaje a la sociedad con uno o dos casos polémicos y queda en el medio un montón de gente. Hoy esa pensión son 300 mil pesos, pero para muchas familias es la principal herramienta de subsistencia, ni más ni menos que eso. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que veo que hay animosidad con querer instalar el tema y diciendo ‘hicimos una limpieza del Estado, sacamos cosas que antes estaban mal’ y en ese afán se llevan puesta a un montón de gente que hoy cuenta con esa pensión como una herramienta de subsistencia.