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Desde el Concejo llaman a volver a discutir los contratos de los alquileres comerciales

Marcela Vairo, concejal de Juntos por el Cambio

El Eco

A nadie escapa que a consecuencia del brote de Coronavirus COVID-19 el sector comercial de la ciudad ha entrado en una crisis económica de incierto pronóstico y difícil solución.

Entre los efectos inmediatos se encuentra la dificultad y hasta imposibilidad en algunos casos de afrontar costos fijos de los negocios. Se han anunciados paliativos y ayudas para algunos de esos gastos habituales, como recientemente hicieron la Usina, la Cámara Empresaria y el Municipio en relación al financiamiento a doce meses de la totalidad de deuda con vencimientos en marzo, abril y mayo. Esa medida alcanza a unos 5.000 usuarios que -en principio- no estarían comprendidos por la resolución nacional para quienes tengan certificados PyME o MicroPyME.

“Y al hablar de los costos fijos no podemos obviar el tema del alquiler del local comercial, que representa un monto muy importante para la mayoría de los comerciantes de la ciudad”, dijo Marcela Vairo, presidenta de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales del Concejo Deliberante.

En esos casos y al ser contratos entre particulares es más difícil llegar con medidas generales desde el Estado. Por esa razón “elevamos un proyecto de resolución dirigido a las partes del contrato, es decir locadores y locatarios, con la intención de que resuelvan en cada caso un punto de equilibrio que les permita sostener esa relación contractual de una manera que no ahogue a los comerciantes”.

La abogada destaca que las obligaciones contraídas a la firma de los contratos fueron convenidas en una situación muy distinta a la actual y que era imposible de prever. Precisamente el contexto actual lleva a que la mayoría de los comerciantes, profesionales, pequeños y medianos empresarios e industriales vean afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica.

La concejala de Juntos por el Cambio destacó el DNU 320/20 del Gobierno Nacional decretando la suspensión temporaria, hasta el 30 de septiembre del año en curso, de los desalojos de los inmuebles detallados con claridad en el artículo 9° del citado decreto. También se dispone, en forma temporaria, la prórroga de la vigencia de los contratos de locación hasta la misma fecha, con acuerdo de la parte locataria. El artículo 4° dispone hasta el 30 de septiembre próximo el congelamiento del precio de las locaciones respecto de los mismos inmuebles aludidos anteriormente, debiéndose abonar, durante ese período, el canon locativo correspondiente al mes de marzo 2020. Y el punto sexto establece una forma de pago en cuotas para abonar la diferencia entre el precio pactado en el contrato y el que resulte de la aplicación del decreto presidencial, y también un mecanismo para el pago de las deudas que pudieren originarse hasta el 30 de septiembre, por falta de pago, pago parcial o pago fuera de plazo.

Pero más allá de los contratos de locación amparados por el Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20, existen otros tantos contratos en el Partido de Tandil, en igual o peor situación, y en los cuales han mutado las circunstancias originales en las cuales se ha llevado a cabo la contratación entre las partes.

En estos casos debe reinar la razonabilidad y la equidad entre las partes contratantes: “Con esos principios las partes deben volver a discutir los términos y las condiciones que se hubiesen pactado oportunamente porque hoy reina para todos una misma incertidumbre. Hay que tener claro que una parte sin la otra no podrán redefinir el futuro de sus economías, ni de la economía local en general, es una situación límite en la que nadie se va a salvar solo”.

Por estas razones el proyecto elevado este martes llama a avenir este tipo de conflictos locativos, tanto a locadores como a locatarios, poseyendo diferentes canales o vías para poder efectuarlo. Las hay privadas como el Colegio de Martilleros, el Colegio de Abogados y trabajadores del Derecho en general y la delegación local del Colegio de Escribanos. Y por el sector público están la Oficina Municipal de Atención al Inquilino y el Área de Mediación Comunitaria de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio.

“La idea es lograr acuerdos para refinanciar, eximir o prorrogar el pago de los cánones caídos hasta que se restablezca la actividad comercial que dio nacimiento al contrato”, resume Vairo.

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