Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares para impulsar la actividad minera
Con el respaldo de las provincias mineras y bloques aliados, el oficialismo logró sancionar cambios en la normativa que busca habilitar nuevos proyectos productivos en áreas periglaciares.
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En una sesión clave para la agenda del presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa, que contó con el apoyo de las provincias mineras y bloques aliados, obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl proyecto busca acotar la protección vigente sobre el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, fundamentalmente vinculados a la minería. Además de La Libertad Avanza, acompañaron la propuesta el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, y legisladores de otros espacios como Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y Encuentro Federal.
Incluso, el oficialismo sumó el respaldo de dos diputados de Unión por la Patria pertenecientes a San Juan, Cristian Andino y Jorge Chica. Por el contrario, la mayoría de este último bloque, junto a la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, rechazaron la medida advirtiendo sobre posibles riesgos ambientales y la futura judicialización de la norma por considerarla regresiva.
Cambios en la protección ambiental
Hasta el momento, la normativa sancionada en 2010 otorgaba una protección total sobre el ambiente glaciar por ser una reserva estratégica de recursos hídricos. Con la nueva modificación, la tutela regirá "hasta tanto" las provincias realicen estudios técnicos que comprueben qué áreas cumplen efectivamente con una función hídrica y cuáles no.
Aquellas zonas que no sean verificadas como reservas de agua podrán ser retiradas del inventario del Ianigla, quedando habilitadas para el desarrollo de actividades productivas que hasta ahora estaban prohibidas. Según estimaciones oficiales, esta reforma permitiría destrabar inversiones por un total de US$ 20.000 millones en proyectos mineros en todo el país, otorgando a las provincias un mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales.
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