El Concejo le reclamó al Ejecutivo que le devuelva un proyecto sobre tránsito que bajó hace siete meses

El Concejo Deliberante, por unanimidad, acompañó un pedido del Frente Renovador para que el Departamento Ejecutivo devuelva un expediente que fue remitido a la Secretaría de Legal y Técnica hace siete meses. Se trata de un proyecto para modificar la ordenanza de ruidos molestos e infraccionar a los vehículos que los producen con sus escapes, e implementar la subasta de las unidades secuestradas. La intención de la su autora, Beatriz Fernández, es poder darle tratamiento legislativo y que se debata en el recinto.

En la resolución, los concejales solicitan “al Departamento Ejecutivo, a través del área de la Secretaría Legal y Técnica, eleve a este Honorable Concejo Deliberante en un plazo perentorio, el asunto número 161/17 –Expediente 4988/17-” que trata sobre vehículos sin escape, secuestros, multas y subastas.

La propuesta

En principio, el proyecto impulsa la incorporación del artículo segundo bis en la Ordenanza 8867 sobre ruidos molestos, que establece que “todo vehículo a tracción motor que circule con su caño de escape modificado o sin silenciador o que posea un silenciador deficiente o defectuoso y genere ruidos molestos o innecesarios, será secuestrado conforme la potestad municipal prevista en la Ley Provincial 14.547 con destino a su subasta pública. El acta de infracción hará expresa mención de esta potestad municipal, de las normativas provinciales y municipales aplicables, y del incumplimiento a lo previsto en el artículos 33ro. inciso a y 48vo. inciso w de la Ley de Tránsito Nacional 24.449”.

Por otra parte, propone que para recuperar la autorización para circular de los vehículos secuestrados por ruidos molestos, los propietarios deberán abonar la infracción y los cargos por el acarreo y la guarda; lo retirará del depósito municipal su titular registral; tendrá que reemplazar la parte dañada o defectuosa y colocar un repuesto homologado antes de retirarlo del depósito, y la parte defectuosa o dañada será decomisada para su compactación o destrucción.

La iniciativa excluye de la norma “la realización de eventos autorizados por la Municipalidad en base a la normativa vigente para espectáculos públicos”.

Las subastas

Por otro lado, el artículo cuarto dispone la subasta pública de los vehículos que se encuentren secuestrados en el ámbito de la Municipalidad por más de 180 días en los términos y condiciones de la Ley Provincial 14.547.

Además, impulsa que el 33 por ciento de la recaudación de las subastas se afecte a políticas de prevención de accidentes de tránsito y de educación vial; otro 34 por ciento a jerarquizar, fortalecer y dotar de herramientas tecnológicas a la Justicia de Faltas municipal, y el 33 por ciento restante a dotar de herramientas tecnológicas y de recursos humanos necesarios a las reparticiones encargadas del control de tránsito y de ruidos molestos para hacer eficiente su labor de supervisión, control e infracción.

Además, en el artículo quinto deroga la Ordenanza 8.290 de 2001, de adhesión a la Ley 12.646 referida a la autorización de realizar subastas de vehículos detenidos y/o secuestrados por el Municipio.

Por último, la propuesta otorga al Ejecutivo la potestad de designar al funcionario que será la autoridad de aplicación, conforme a lo previsto en la Ley Provincial 14.457 que permite que los vehículos secuestrados sean afectados al uso municipal, la subasta pública o la compactación para su venta como chatarra.

El Estado “no ha
sido eficiente”

En los considerandos del proyecto, la concejal Fernández remarcó que el Concejo y el Ejecutivo, en forma conjunta, dictaron diversas ordenanzas tendientes al ordenamiento, control y sanción de las molestias sonoras generadas por automóviles, motocicletas y ciclomotores.

Y reparó en que “en los últimos años se ha registrado un importante incremento del parque automotor y con ello, el consiguiente incremento de su impacto ambiental. Esto obliga al Estado a tomar medidas que se adecuen a la nueva circunstancia, incrementado su capacidad de regulación”.

La concejal massista sostuvo que el Estado municipal “debe estar decidido, capacitado, equipado y respaldado por la ciudadanía en base al consenso de su accionar diario frente a una problemática que, originada en la falta de una cultura comunitaria respetuosa, merece especial atención, tanto en sus aspectos instrumentales como sociales y económicos”.

Agregó que uno de los aspectos es el ruido “innecesario, molesto y nocivo” provocado por los “caños de escape libre, sistema de contraexplosión, o como quiera llamárselos. Es público y notorio el reclamo de la ciudadanía en este sentido. Para ello hasta el momento el Estado municipal no ha sido eficiente en solucionar estos inconvenientes. Se han anunciado medidas, pero los resultados positivos son pocos”.

Con respecto a las subastas, argumentó que “los depósitos municipales se encuentran atiborrados de vehículos secuestrados por infracciones de tránsito sin que sus titulares se hayan preocupado por retirarlos. Así se acumulan, deterioran y causan gastos y perjuicios innecesarios”.

Por otro lado, recordó que en 2001, con la sanción de la Ordenanza 8.290 la comuna adhirió a la Ley Provincial 12.646 que autorizaba la subasta de los vehículos secuestrados, “pero las autoridades municipales no la instrumentaron” y agregó que “hoy esa ley ha sido derogada por la 14.547, que amplía las facultades de la autoridad de aplicación, y que por este proyecto pretendemos sea aplicada de una vez y sin demoras en nuestro municipio”.

Los objetivos

De acuerdo con los fundamentos, el proyecto propone una serie de objetivos que son:
1- Fortalecer al Estado municipal en su facultad de secuestrar vehículos que circulen en infracción y multarlos.
2- Se disponga la subasta pública de los numerosos vehículos secuestrados hace más de 180 días y se cobren las multas y gastos generados.
3- Destinar la recaudación que los remates generen a la prevención de accidentes, la educación vial, el control del tránsito y los tribunales de Faltas municipales.
4- Generar un círculo virtuoso de recursos afectados a la prevención y educación vial, control, sanción, cobro de multas, inversión nuevamente en prevención y educación, etc.

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