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El Concejo volvió a sesionar y hubo cruces por los cambios en la Policía Departamental

Los eventuales cambios en la organización de las fuerzas policiales de la Provincia generaron un intenso debate en el recinto. En una extensa jornada legislativa, se trataron diversos temas y a través de un proyecto de resolución consensuado entre todas las fuerzas, se sugirió al Ejecutivo la revisión de dos cláusulas del convenio firmado entre la Clínica Chacabuco y el Sistema de Salud por el traslado de Maternidad y Neo al centro privado.

El Eco

Después de dos meses sin sesionar, el Concejo Deliberante volvió a reunirse en la planta alta de la Municipalidad para dar tratamiento a varios proyectos que se estuvieron trabajando en el seno de las distintas comisiones y en la labor parlamentaria. La maratónica jornada se inició una hora y media más tarde de lo previsto y se extendió por más de cinco horas.

Sin la presencia del edil Mauricio D’Alessandro, que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y no pudo viajar, el cuerpo Legislativo ocupó el recinto atendiendo a las medidas de distanciamiento y protección dispuestas en el marco de la pandemia, sin público ni prensa en la sala.

En primera instancia, se abordó el convenio rubricado entre el Sistema Integrado de Salud Pública y la Clínica Chacabuco por el traslado -por tres meses- del servicio de Maternidad y Neonatología del Hospital Santamarina a las instalaciones del efector privado. Dicho acuerdo le ha significado al Municipio una erogación de 2.740.000 pesos durante abril y la oposición puso sus reparos a la hora de analizar el contrato.

En la comisión de Labor Parlamentaria, los concejales arribaron a la elaboración de un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad  en el que el que se expresa que “el Concejo Deliberante vería con agrado que el SISP evalúe  junto con las autoridades de la Clínica Chacabuco la posibilidad de rever la cláusula cuarta incisos a) y b) del convenio suscripto, con la finalidad de tender a la perfecta operatividad de las mismas”.

Las cláusulas a revisar 

El concejal por el Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, tomó la palabra para explicar el por qué del proyecto votado y destacó “el acierto del convenio firmado entre las partes en una previsión de orden sanitario, ante un escenario posible de un avance más veloz al que estamos teniendo del Covid-19, para que no tuviésemos a los recién llegado y las madres donde se prepara para recibir a los infectados”.

El legislador explicó que los costos referidos son acordes a los gastos que se devengan por nomenclador de las prácticas realizadas y reveló que “no se pudo contar con la factura no por mala voluntad, sino porque no han transcurrido aún los  veinte días que se tienen de  plazo de auditar la facturación, pero el presidente del Sistema de Salud nos acercó lo que va a aparecer en la facturación en montos aproximados”.

En concreto, el convenio dice que cuando se tratare de pacientes del SISP con obra social, el Municipio no pagará ningún concepto porque la clínica cobrará los insumos y honorarios a la obra social que corresponda. El bloque del Frente de Todos planteó que cuando la entidad privada factura a la prestadora social el módulo de atención, lo hace de manera completa, es decir, cobra los gastos sanatoriales y los pagos a los profesionales que intervienen. “El personal médico es personal del hospital y no de la clínica, tanto para las atenciones programadas como para la guardia, entonces se podría conversar  para ver de qué modo pueden desagregar los gastos de la atención profesional y los costos sanatoriales, y recuperarlos para el SISP”, aclaró Iparraguirre.

La otra cláusula sugerida para la revisión es la que fija los costos para la atención de los partos “gamma”. Se trata de una inyección de gammaglobulina específica  que se le administra a las embarazadas RH negativas para que no “contaminen” la sangre del bebé en el caso de que este fuera positivo y se pueda producir un riesgo. En poco más de treinta días se han tratado siete partos gamma que representaron un costo de alrededor de 47 mil pesos.  El SISP tiene una cantidad más que suficiente de ampollas de esa droga para aplicar, pero sin embargo se le pagó a la Clínica por estas prestaciones.

“Un razonamiento atendible es que estamos pagándoselo ahora a la Clínica y  van a sobrar después, es un ahorro, pero como estamos en emergencia económica se trata de ahorrar recursos en lo inmediato. Con estas aseveraciones ni siquiera afirmamos que tenemos razón, pero creemos que vale la pena revisar la letra del convenio y por eso nos urge esa aclaración”, señaló el concejal opositor.

Los convenios con la Unicen 

Por su parte, el concejal oficialista Luciano Grasso celebró las acciones desarrolladas por el Municipio para contener la emergencia y que fueron informadas semanalmente  en las reuniones de la comisión de Salud. A su turno, se refirió a los  dos convenios firmados con la Unicen, uno que contempla la compra de insumos y reactivos por parte del Sistema de Salud para realizar los test de detección de coronavirus en el Laboratorio de Virología de la Unicen, y el restante trata sobre el desarrollo de las aplicaciones para autodiagnóstico y gestión de seguimiento de casos por parte del Instituto Pladema.

“Los convenios con la Unicen apuntan a esa línea de acción estratégica para  garantizar la capacidad de tener información rápida para actuar en consecuencia.  El convenio con la Chacabuco mejora la capacidad de respuestas de la camas, ante un escenario de incremento exponencial, debemos tener la mayor disponibilidad de camas libres generales y de terapia con respiradores y monitores”, defendió el funcionario.

Los alquileres comerciales 

También se trató y votó de manera unámime un proyecto de resolución confeccionado por el Frente de Todos y por Juntos por el Cambio, que unificó el espíritu de dos ideas surgidas en cada bloque para ofrecer respuestas a los locatarios de alquileres comerciales en medio de la cuarentena que obturó la posibilidad de facturar al sector.

Con respecto a este tema habló la concejal de Juntos por el Cambio Marcela Vairo quien detalló que “el proyecto está  dirigido a las partes del contrato, es decir locadores y locatarios, con la intención de que resuelvan en cada caso un punto de equilibrio que les permita sostener esa relación contractual de una manera que no ahogue a los comerciantes”

“Creemos oportuno revisar estos contratos que en condiciones normales se pactaron de otra manera. Luego de varias conversaciones readecuamos ambos textos y llegamos a uno en común para instar a  que se habiliten vías públicas y privadas para sentarse a dialogar y rever los términos de los contratos particulares  que fueron redactados en términos muy distintos a las condiciones que ahora poseemos”, puntualizó Vairo.

La controversia por los cambios en la Policía 

El tema que dio origen a un inesperado cruce que se desarrolló durante más de una hora, fue un proyecto de comunicación presentado por el Bloque Integrar, en el que se insta al Departamento Ejecutivo a manifestar su  “preocupación” ante el Ministerio de Seguridad bonaerense por la posible disolución de la Jefatura Departamental de Policía de Tandil.

Según explicó la concejal Nilda Fernández, autora del proyecto, “desde nuestro bloque no hay ningún tipo de intencionalidad política. Rogelio (Iparraguirre) me manifestó que tenían otra información diferente a la nuestra, pero estamos haciendo declaraciones porque nos informaron que la Departamental iba a ser removida y cambiada a categoría C,  la más baja. Nos costo mucho conseguir la Departamental, no ha sido un logro de un solo color político, sino de todos los partidos que se encolumnaron tras este pedido. Si esto llegara a suceder sería un gran retroceso, porque nuestra aspiración es lograr el Departamento Judicial de Tandil y  con este nuevo mapa  se replicaría la estructura policial con la judicial”.

Fernández indicó que tras exponer esta preocupación  en los medios, salió “otra” información en la que se aseguraba que no habría cambios en la estructura policial. “Después de las manifestaciones busqué en el Boletín Oficial y no está ninguna de las dos cosas, ni lo que nosotros planteamos ni lo que manifestó Rogelio, que la Departamental no se va disolver”, afirmó.

La réplica de Iparraguirre no se hizo esperar y sacó a relucir una resolución firmada por el ministro de seguridad de la Provincia, Sergio Berni, en la noche del jueves en la que se disponen todos los cambios de estructura, organización y estrategias para las fuerzas policiales en todo el territorio.

“Ayer (por el jueves) en labor parlamentaria, cuando conversábamos en torno a este proyecto, planteamos que contábamos con información periodística pero que a ese momento necesitábamos algún grado de certezas en el plano institucional. Lo que no contábamos era con la resolución 341/20  que es un acto administrativo, formal, oficial. La resolución tiene escasas 24 horas y hay una cola de ingresos al Boletín Oficial, pero ya está publicada en el boletín policial y en el Gdeba. No es una postura sustentada en otra información que va a contrapelo de lo que dice el proyecto, sino que esto es un acto oficial. No existen más desde hoy las jefaturas departamentales como las conocíamos, lo que estamos asistiendo es a un cambio profundo, estratégico y de fondo de la estructura del mando comando y organización  del servicio de seguridad de la Policía de la Provincia”, se explayó.

Una nueva concepción 

Según informó Iparraguirre, Tandil pasa a tener Policía Departamental de Seguridad clase C, como Olavarría y Azul, por citar dos ejemplos cercanos, sin que eso implique una pérdida de jerarquía. El nuevo cargo de jefe de Estación pasaría a tener el mando y control de las cuatro comisarías, de la Comisaría de la Mujer, el Comando de Patrulla Rural y la Policía Local.

“Lo más interesante es que va a ser ese jefe el que va a diseñar el plan de seguridad con los secretarios de seguridad y los intendentes de cada distrito. No se puede seguir construyendo la mirada de la seguridad ciudadana desde una mirada centralista. En Tandil pagamos una tasa de seguridad, hay una Secretaría de Protección Ciudadana con su estructura haciendo esfuerzo de gente y dinero, y esto es un avance a la hora de coordinar de manera eficiente y práctica una estructura que miraba desde arriba y no desde el distrito. Ahora se decidió unificar todo en un solo jefe uniformado que se haga cargo del despliegue policial”, desglosó.

Así, cada municipalidad  deberá elaborar y presentar planes y estrategias de prevención para combatir el delito en su área y también se promueve la instrumentación local de un esquema de formación, para que en cada distrito se puedan formar y capacitar agentes que después se desempeñen allí mismo, atendiendo las problemáticas particulares de cada localidad.

“Aprovechemos que una vez tenemos un concejal que tiene información. Hablar de la posible disolución es abstracto, no existe eso. Hablar de otra información es incorrecto, la información  es una sola. En vez de votar un proyecto sobre algo que no existe, con todo respeto, o se vota un proyecto que dice que no estamos de acuerdo con esta nueva estructura de policía o nos ponemos a trabajar para que esta nueva modalidad sea exitosa y nos ponemos a disposición”, largó Iparraguirre.

Por su lado, Fernández recogió el guante y aseveró que no se guió por información periodística sino por declaraciones del mismo Sergio Berni en Olavarría, donde hizo alusión a estos cambios.

“Estoy acostumbrada a trabajar como me enseñaron, seriamente. No digo que estoy en descuerdo ni que no es serio, sólo digo que no nos quiten lo que nos ha costado conseguir. Que nos manden la información, cómo voy a decir que estoy en desacuerdo si no  conozco la resolución”, dictaminó.

Las diferentes posturas

El bloque oficialista decidió acompañar el proyecto de Integrar. El concejal Grasso retomó la palabra y sostuvo que “tuvimos una preocupación frente a lo que podría interpretarse como un riesgo; que Tandil pierda la categoría en la organización de la seguridad. El Ejecutivo realizó averiguaciones y gestiones para consultar y defender esta categoría. La información  que tenemos es que esas comunicaciones fueron fructíferas y las noticias fueron alentadoras. En este momento no podemos  tomar una decisión en este sentido, con la información que incorpora Rogelio, porque no la hemos podido analizar, obviamente, pero no está oficialmente en el boletín, entendemos que sucederá a la brevedad pero es un cambio estructural y profundo en la política de seguridad que debemos estudiar”.

“Son declaraciones que no se reflejan en las palabras que constan en la resolución, que es lo que vale. ¿Lunghi sabe que tiene que estar trabajando en esto y no votando algo que no existe?”, arrojó Iparraguirre, visiblemente molesto por las derivaciones del asunto.

Mario Civalleri, de Juntos por el Cambio, se metió en el debate para aclarar algunas cuestiones: “No hablamos con el Intendente pero sí con Della Maggiora (titular de Protección Ciudadana) esta mañana y no tiene ninguna información  de este tipo. Habló con el futuro nuevo jefe de la departamental, obviamente el Gobierno local gestionó a partir de las declaraciones de Berni en Olavarría sobre los nuevos mecanismos y estructuración. Me parecen muy bueno los fundamentos de Iparraguirre, pero el proyecto que vamos a votar a lo que apunta es a que la ciudad no pierda jerarquía en la actual o en una futura reestructuración. El proyecto que plantea Integrar estaría perfecto para plantear la preocupación por las declaraciones ante eventuales reformas. Vamos a actuar en reserva de lo que Tandil ha logrado, se llame Policía Departamental o Estación, lo que refiere el proyecto es que no queremos perder lo logrado en materia institucional. Si hubiésemos tenido la resolución hace una semana podríamos  haber propuesto otro proyecto de acompañamiento o desacuerdo. Por el momento hay una preocupación”.

Posteriormente, la edil Fernández planteó la posibilitad de modificar el texto del proyecto de comunicación tratado sobre tablas  y manifestar el desacuerdo ante “políticas lesivas” actuales y futuras de la seguridad  ciudadana. Frente a esta sugerencia, el presidente del bloque del Frente de Todos, arremetió diciendo que era “poco serio” y que de última debía votarse el proyecto tal cómo ingresó.

“Uno tranquilamente podría proponer que ante las declaraciones de Berni, manifestamos la preocupación  y también estamos preocupados por lo que dice la resolución, que tiene 100 páginas y no conocemos nosotros ni la conoce el Gobierno. En esta cuestión del ‘por si acaso’ no me parece inoportuno que cada uno mantenga su posición”, lanzó Civalleri.

Finalmente el proyecto fue votado cómo estaba y aprobado por mayoría, en lo que fue la antesala de una discusión que seguramente ocupará un lugar preponderante en la vida política e institucional.

 

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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