El defensor del Pueblo presentó un recurso

En medio de la polémica que generó la decisión que adoptó el Gobierno de Mauricio Macri que autorizó a las distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe “extra” en 24 cuotas mensuales por la devaluación, se multiplicaron las medidas en contra de la disposición.

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En ese tren, el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, confirmó que presentó un recurso de reposición contra la decisión, la que calificó de “equivocada” ya que “beneficia a un sector y perjudica a muchos”.

En diálogo telefónico con el ciclo radial “Dulce o amargo” (104.1 Tandil FM), Lorenzino, aseguró de “ilegítima” la decisión y arremetió contra el Ejecutivo nacional, al que le exigió tener un “poco de sensibilidad y empatía” y entender que “no todo se puede resolver con el bolsillo de la gente”.

Mientras se definen las acciones, estimó que la disposición “se va a revocar” y apeló a las instancias en que puede darse el debate.

“No resiste análisis”

“Los ciudadanos tienen dificultades para pagar las facturas y encima hay que prorratearles el déficit cambiario que tienen las concesionarias de gas”, objetó.

Para el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la medida “no resiste análisis”, ante la cual quedaron “absortos”, más aún en el contexto de “fragilidad social”, y confesó que “no puedo entender cómo un funcionario puede pensar que el desfasaje de una empresa lo tenemos que pagar entre todos”.

“En este país, los únicos que no toman riesgos son las concesionarias de gas que cuando tuvieron que hacer inversiones las subsidiamos con la tarifa y en momentos de zozobra son las únicas privilegiadas”, cuestionó.

Por eso el organismo bonaerense solicitó la impugnación de la resolución en sede administrativa al considerarla un “disparate” que “no tiene ningún asidero, justificación” y que además carece de un contexto social para poder ser “aceptada pacíficamente por la sociedad”.

En caso de no prosperar esta acción, especuló que serán “muchos” los que adoptarán la vía legal para evitar que esta disposición entre en vigencia a partir del 1 de enero.

“No hay un Estado presente”

En otro pasaje de la entrevista, el defensor del Pueblo cargó las responsabilidades en el Gobierno, que es el que se encuentra a cargo de la concesión. En ese sentido expuso que en las audiencias públicas en las que se discutió la tarifa de gas las empresas “pedían lo que querían” y el “Estado se lo iba a dar”.

“Y así sucedió porque no hay un Estado presente que le ponga un freno a las empresas”, entonces, cuando se les presenta un desfasaje con las concesiones, la Nación “se da vuelva y pretende que sean los usuarios los que paguen”.

Por eso sugirió a la administración nacional planificar el modo en que ese desfasaje se prorroga o se compensa “pero que no sea la gente” la que lo afronte.

En efecto, invitó al secretario de Energía, Javier Iguacel, a reflexionar sobre la medida que despertó un “repudio generalizado”, y confió en que la Justicia o el Congreso “la frene” antes de su aplicación.