El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron el pago de la deuda por coparticipación

En el marco de las negociaciones por los recursos federales, el Ministerio de Economía y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un entendimiento para la cancelación de la deuda generada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. El acuerdo contempla la transferencia de una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses, lo que permitirá regularizar los fondos pendientes y restablecer la normalidad en las cuentas fiscales porteñas.

Respecto a los detalles de la operación, fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que el monto asciende a 800.000 millones de pesos por la deuda acumulada desde el año pasado hasta la actualidad. Al respecto, explicaron:

“Son bonos en pesos y a corto plazo los que va a entregar el Ministerio de Economía”

El proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y el distrito porteño se intensificó tras los retrasos en las transferencias que debían cumplirse bajo el pacto alcanzado en septiembre de 2024. Aquel acuerdo se produjo con la supervisión de la Justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconociera a la Ciudad un coeficiente del 1,55 en la distribución, sumando ese porcentaje al 1,4 por ciento que ya se transfería automáticamente, alcanzando un total del 2,95 por ciento.

Pese a la medida cautelar dictada a fines de 2022, que obligaba al Gobierno nacional a transferir los fondos de manera diaria a través del Banco de la Argentina, la administración de Alberto Fernández no cumplió con los pagos en tiempo y forma. Posteriormente, los envíos comenzaron a ralentizarse a partir de julio, lo que motivó el reclamo de Jorge Macri ante las autoridades nacionales.

La resolución actual excluye la deuda anterior generada entre 2020 y 2023, cuya cancelación sigue en disputa. Aquel conflicto se originó cuando el entonces presidente Alberto Fernández dispuso una reducción del coeficiente asignado a la Ciudad, medida que fue considerada inconstitucional por la administración porteña y que derivó en un reclamo por 6.000 millones de dólares que aún permanece abierto.

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