El PJ convocó a un banderazo en Parque Lezama para pedir la liberación de Cristina Kirchner

A un año de que se hiciera efectiva la detención de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por la condena en la denominada Causa Vialidad, el Partido Justicialista (PJ) nacional ha convocado a un banderazo para exigir su libertad. La jornada de protesta se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio en el Parque Lezama.

La convocatoria, que coincide con la conmemoración del Día de la Bandera, busca también manifestarse contra lo que los organizadores denominan la proscripción de la expresidenta. Según informaron desde el PJ nacional a través de un comunicado, la medida cuenta con el respaldo de más de 20 partidos políticos y organizaciones sociales. El encuentro está previsto para las 15 horas y se espera que la exmandataria brinde un discurso que será transmitido mediante altoparlantes.

Al respecto, la senadora bonaerense Fernanda Raverta expresó su postura sobre la situación judicial de la dirigente: “Es una condena injusta. Cristina es una presa política, por mujer, por peronista y por haber enfrentado en su Gobierno a los grupos concentrados de la economía. Luchar por su libertad es una obligación de todos”.

En paralelo, la Justicia ha emitido advertencias sobre la continuidad de los actos políticos frente al domicilio de la expresidenta, ubicado en San José 1111. El Tribunal Oral Federal ordenó a la titular del PJ nacional abstenerse, bajo apercibimiento de ley, de realizar conductas que incumplan las pautas de la prisión domiciliaria, luego de que el pasado domingo militantes colocaran una bandera con la consigna “De San José a la Rosada”.

El marco legal de esta situación se remonta al fallo de la Corte Suprema de junio de 2025, que confirmó por unanimidad la pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. La decisión, adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó lo dictaminado previamente por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024. El expediente investigó la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, analizando posibles sobreprecios y trabajos inconclusos.

Previo a su detención, la expresidenta había calificado la resolución judicial como un “veto al voto popular”, señalando que el fallo no fue dictado por el máximo tribunal, al que tildó de “triunvirato de impresentables”, sino por el poder económico concentrado.

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