El presidente Alberto Fernández anunció este lunes a través de cadena nacional que instruyó al Ministerio de Justicia para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue penalmente un viaje que habrían realizado jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año.

Los detalles del viaje al sur del país habían sido revelados semanas atrás por el diario Página 12. Este fin de semana, el tema cobró mayor difusión a partir de la filtración de supuestos chats entre los involucrados para coordinar una versión sobre los motivos del vuelo. El origen de la filtración es atribuida a un hackeo del teléfono celular del ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’Alessandro, quien esta mañana negó la veracidad de los diálogos y adelantó que también irá a la Justicia.

D’Alessando es uno de los funcionarios que había sido mencionado como parte de la comitiva que viajó a Lago Escondido. En su discurso, el Presidente también apuntó contra el juez federal Julián Ercolini, que además de Vialidad, instruyó contra Cristina Kirchner los casos Hotesur y Los Sauces; Pablo Yadarola (juez penal económico); Carlos Mahiques (camarista de Casación); Pablo Cayssials (juez en lo Contencioso Administrativo Federal); Juan Bautista Mahiques (jefe de los fiscales de la Ciudad); Jorge Rendo y Pablo Casey (directivos del Grupo Clarín); Tomás Reinke (asesor de comunicación), y Leo Bergot (exfuncionario de inteligencia).

“Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”, aseguró Alberto Fernández en el mensaje grabado que difundió esta tarde a través de cadena nacional.

“Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”, agregó.

Y analizó que “por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”.

En consecuencia, el jefe de Estado resolvió: 

1) Instruir al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar que se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación

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