El proyecto de ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Protección Ciudadana para abordar los desmanes protagonizados por grupos de motociclistas continúa sin grandes avances en el Concejo Deliberante. La iniciativa, que busca brindar herramientas al Municipio para intervenir frente a estas conductas, no logra el acompañamiento político necesario para conseguir el dictamen que habilite su tratamiento en el recinto.

El debate volvió a tomar impulso tras una reunión celebrada la semana pasada con el secretario de Legal y Técnica Javier López, que se presentó en el primer piso de la Municipalidad para reafirmar los fundamentos de la propuesta presentada en junio pasado, en especial ante las críticas en torno al artículo que faculta a los jueces de Faltas a disponer allanamientos en casos que afecte la salubridad pública en los términos que fija la Constitución provincial.

En ese marco, y a pesar de la urgencia por brindar una respuesta, la ordenanza propuesta para mitigar la problemática se encuentra en un “punto muerto”. Así lo definió el concejal Nicolás Carrillo, que compartió su reflexión sobre el debate al manifestar que “soy pragmático en esto: el Gobierno está pidiendo una herramienta y creo que hay que otorgársela, siendo muy precisos en la letra final del texto”.