En el debate por el convenio con la familia Paz, la oposición reclamó acciones para crear suelo urbano
El Concejo convalidó el convenio urbanístico por el loteo ubicado en la ZEIU 32, cercano a La Movediza, y el Municipio obtendrá casi 10 mil metros cuadrados de tierra para un uso de interés público. Los bloques opositores marcaron la falta de iniciativa del Ejecutivo para generar lotes con servicios. Rogelio Iparraguirre cuestionó que una familia con ingresos por 70 mil pesos no accede a una vivienda. “No queremos inquilinos”, reforzó Facundo Llano y acusó que no hay voluntad política para aplicar las herramientas que brindan las leyes.
Los bloques de la UCR Cambiemos, Unidad Ciudadana y Justicialista convalidaron el convenio urbanístico que firmó el intendente Miguel Lunghi con los hermanos Santiago, Ricardo y Gustavo Paz, para plasmar la participación del Estado comunal en la renta extraordinaria que obtendrán de la subdivisión de un macizo ubicado sobre Juan B. Justo al 1500. Con la aprobación del Legislativo, el Municipio incorporará 9824,77 metros cuadrados a un banco de tierras con el objetivo de destinarlos a un uso de interés público.
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El bloque Integrar, representado en esta sesión sor Gustavo Ballent y Nilda Fernández, rechazó la iniciativa. De ese modo, sostuvo su postura de no convalidar los convenios urbanísticos y los pedidos de excepción hasta tanto no se avance en la revisión y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), en vigencia hace ya 12 años.
A pesar de acompañar el convenio, tanto desde Unidad Ciudadana como desde el bloque Justicialista le reclamaron a la gestión encabezada por Miguel Lunghi un rol proactivo en materia de generación de suelo urbano para poder ofrecer a los vecinos lotes con servicios más accesibles.
Por caso, Rogelio Iparraguirre sostuvo que el Gobierno de Lunghi “lleva 16 años y no ha hecho nada” para la producción de terrenos y aunque señaló que “este es un primer paso”, advirtió que no salió a buscar macizos y a promover convenios urbanísticos. También refirió que no se implementó el Fondo de Desarrollo Urbano que creó el PDT y afirmó que deja a los tandilenses “condenados a ser inquilinos”.
En tanto, desde el oficialismo, Marcela Vairo resaltó que hoy se abre la inscripción para acceder al sorteo de las parcelas adquiridas para el Procrear II –ubicadas sobre calle Buenos Aires-, como una muestra de las políticas que lleva adelante la comuna. Un rato después, María Eugenia Poumé le recordó que ese proyecto surgió a instancia del Gobierno nacional anterior, es decir, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
En paralelo, el justicialista Facundo Llano utilizó ese mismo ejemplo, además de las parcelas creadas en Villa Cordobita y Gardey, como muestra concreta de las posibilidades que tiene el Municipio –en este caso junto a la Provincia y la Nación- de generar terrenos y que la mayor oferta pueda empujar hacia abajo los altos valores de mercado en Tandil, que hoy son el principal escollo para las familias que buscan alcanzar su primera vivienda. Al mismo tiempo, dejó en evidencia que el Ejecutivo realizó varias “piruetas” hasta definir el destino de esas parcelas del Procrear II, ya que el proyecto inicial contemplaba que los sorteados en la línea compra de lote más construcción pudieran tomar los créditos.
Once años de espera
Sobre el posicionamiento en este debate en particular, Rogelio Iparraguirre aclaró que Unidad Ciudadana decidió aprobar un convenio urbanístico por primera vez después de mucho tiempo, debido a que no fue producto de una excepción. Es que el macizo había obtenido indicadores en abril, con el tratamiento de la Zona Especial de Interés Urbanístico 32, a partir de la creación del área residencial extraurbana 3 y la asignación de los parámetros que permitirán la subdivisión de tierras que pertenecen a privados.
Por su parte, Facundo Llano, quien no había acompañado la asignación de indicadores a la ZEIU 32, celebró este convenio como “disparador” de futuras soluciones ante la falta de suelo urbano y reseñó que su negativa anterior se debió a que estaba pendiente el tratamiento de un reclamo que había presentado la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras.
Sin embargo, le recordó al Ejecutivo que la familia Paz “hace muchos años que viene lidiando con el Estado” y agregó que “viene golpeando puertas hace 11 años” para poder concretar un proyecto en su propiedad.
En esa línea, enfatizó que se deben dar garantías jurídicas, pero además “tenemos como Estado la posibilidad de intervenir en el mercado de tierras”, aunque consideró que “no hay voluntad política”.
Compromiso asumido
Tras aclarar el posicionamiento de la primera minoría en este tema, el jefe de la bancada de Unidad Ciudadana le reclamó a su par de la UCR Cambiemos y de la Comisión de Obras Públicas que no cumplió con el compromiso, asumido hace un año, de generar un espacio para rediscutir los convenios urbanísticos, con el objetivo de que Tandil, de manera “práctica e inteligente”, aplique los instrumentos vigentes para generar suelo urbano.
Al final de su intervención, celebró el avance del convenio con la familia Paz, pero volvió a pedirle a Cambiemos “sentarnos a charlar y trabajar en una política pública” en esta materia.
Avanzada la discusión, Mario Civalleri señaló que “Iparraguirre vuelve a presionarme con justicia” y reconoció que “es cierto que tenemos pendiente un debate”. Argumentó que había pedido información al Departamento Ejecutivo en tren de evaluar si el Estado puede tener “una iniciativa más directa” de salir a proponer a los privados subdivisiones y convenios urbanísticos. “Trataremos de dar el debate”, refrendó.
Luego, la exdirectora de Desarrollo Urbano Marina Santos repasó la creación de la ordenanza de la plusvalía, en 2011, impulsada por Gastón Morando, y convocó a la oposición a ver “toda la película”. En esa instancia, les recordó que muchos no coincidían con la herramienta que ahora reclaman potenciar, incluso entre integrantes de su propio bloque.
Por otra parte, rescató como un punto “interesante” la gestión “transparente del territorio”, teniendo en cuenta que todos los convenios pasan por la Comisión de Gestión Territorial, creada por el PDT y donde están sentados los representantes del Ejecutivo, concejales e integrantes de los colegios profesionales.
Sumado a eso, rechazó las críticas por la falta de intervención del Estado en materia de urbanismo y defendió que el Municipio “siempre ha tenido reserva de tierras”, al tiempo que le enrostró a la oposición los problemas que generaron las distintas etapas del Plan Federal, con demoras y una usurpación masiva que “se sospecha” tuvo “intencionalidad política”.
“Parece que lo nuestro es sólo inutilidad”, dijo Santos y trajo a colación los inconvenientes que también encontraba el fideicomiso Procrear a la hora de comprar las tierras para generar lotes con servicios, ya que el Tribunal de Tasación no le permitía pagar los valores que pedían los privados.
Las críticas de los preservacionistas
Por su parte, Mario Civalleri definió que el Municipio tiene la “responsabilidad primaria en la gestión del territorio” y aseguró que ese rol es de “alto valor estratégico”.
En esa línea, y sin nombrarla directamente, rechazó las expresiones de la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras, a la que acusó de instalar en la opinión pública la idea de que el Concejo “aprueba cosas prohibidas a cambio de dinero”, e insistió con que el PDT estableció las ZEIU y le reservó al Municipio la facultad de asignar indicadores y de tomar intervención en el destino de ciertos macizos urbanos.
“No hay que sentirse avergonzado por ejercer una atribución”, dijo en relación a los convenios urbanísticos y recordó que el Gobierno municipal estableció una zona protegida sobre más de tres mil hectáreas de tierras privadas, con restricciones de uso que para los privados resultan excesivas y para los preservacionistas son escasas. “Uno está en el medio”, concluyó.
La ZEUI “cajoneada”
En un tramo de la sesión, Facundo Llano refrescó la memoria de los oficialistas sobre “la otra ZEIU que hace años está en un cajón del Ejecutivo o de algún concejal de Cambiemos”, en referencia al loteo de Don Bosco sobre las tierras de la familia Segurola.
Ese convenio urbanístico aún no se trató en el recinto legislativo, aunque se debatió en comisiones y se concretó una audiencia pública para escuchar a todos los actores involucrados y a organizaciones de la comunidad. En esas tierras, donde aún no existen parcelas desde el punto de vista legal, ya hay construcciones.
Con la interpelación de Llano en un tema que sigue sin resolución y a la espera de construir consensos, Marcos Nicolini aclaró que acompañaban el convenio de la familia Paz debido a que primero se le asignaron indicadores y luego el privado procederá a la subdivisión de acuerdo a las normas legales.
“No estamos avanzando sobre hechos consumados”, reiteró en clara referencia al caso de Don Bosco, donde hay casas levantadas y boletos de compraventa de parcelas que no existen en catastro. En tanto, valoró el apego a la ley de la familia Paz, que aguardó los tiempos de la administración pública antes de iniciar su proyecto.
Aprobaron la concesión de las garitas del transporte público y los ingresos irán a subsidiar el boleto
Tal como anticipó El Eco de Tandil, el Legislativo sancionó por unanimidad el proyecto para concesionar las garitas que utilizan los pasajeros del transporte público. El llamado a licitación contempla la provisión de estructuras móviles –que puedan cambiarse de lugar a partir de la nueva concesión de los recorridos- e innovaciones tecnológicas, como servicio de wifi, además de pantallas led donde se proyectará publicidad.
Los bloques opositores, que apoyaron la iniciativa, destacaron la necesidad de generar recursos para volcar al sistema de colectivos en lugar de ajustar el boleto, situación que ataron a la quita de subsidios dispuesta por la Nación y la Provincia.
Por otra parte, destacaron que impulsaron que el producido de la concesión de las garitas vaya a un fondo afectado a subsidiar el boleto. En ese aspecto, el justicialista Facundo Llano pidió que el destino sea ampliar derechos a otros usuarios, es decir que no se utilice para el PASE ni para el recientemente creado Pampam que beneficia a jubilados, pensionados y héroes de Malvinas.
En tanto, Nora Polich valoró que el Ejecutivo les permitiera intervenir y hacer aportes al pliego antes del llamado a licitación para modernizar los refugios y destacó que lograron fijar el canon en un número de boletos en lugar de un monto fijo, lo que permitirá ajustar los valores durante el período que dure el contrato.
Otro de los aspectos que resaltó la concejal de Cambiemos fue la necesidad de estudiar de manera integral el tránsito y el transporte, y deslizó que tal vez se debería otorgar cierta flexibilidad al pliego de la futura concesión de los recorridos urbanos para hacer modificaciones a medida que la ciudad se transforme.
Peronistas y radicales homenajearon a Lester
Al final de la sesión, María Eugenia Poumé recordó al dirigente peronista Francisco Lester, fallecido el último martes, pidió un minuto de silencio y el homenaje con un aplauso, que fue extenso y efusivo.
La concejal de Unidad Ciudadana lo pintó como un militante que defendió la causa y las convicciones; como el hijo del exintendente Jorge Lester, quien fue destituido durante la última dictadura; y como exconcejal en los períodos 85-89 y 89-91, donde ejerció la presidencia del Concejo Deliberante.
Luego, Gustavo Ballent agregó que fue secretario de Gobierno de Lomas de Zamora y destacó el don de buena gente y buen vecino que distinguió a “Fran” Lester. También mencionó su paso por el Tribunal de Trabajo, donde sus compañeros lo recuerdan como “un buen tipo”.
Por su parte, la radical Nora Polich lo definió como “un hombre de la democracia”, que supo no abrir “grietas personales” con aquellos que pensaban distinto. También señaló que fue un “caballero” a la hora de expresar sus disidencias, siempre “respetuoso”.
“Los grandes hombres de la democracia se van reconocidos por todos”, manifestó y colocó al dirigente peronista en esa categoría. Además, contó que le tocó ver a Francisco Lester compartir el mismo espacio político con Julio Zanatelli, quien asumió tras su destitución, en plena dictadura militar.
