Fuertes críticas de la concejal Poumé por el alquiler del edificio de Sarmiento al 900 para Tránsito
Cuestionó el desembolso de 35 mil pesos mensuales para el primer año y 45 mil para el segundo, por la “inacción” de la Secretaría de Protección Ciudadana. Hizo referencia a los 20 millones de pesos que giró la Provincia en 2016 para construir el Centro de Monitoreo, que quedaron en un plazo fijo y recién se usarán ahora. “Han puesto la Dirección de Control Vehicular en un lugar que lo único que provoca es descontrol vehicular”, dijo sobre la ubicación de la dependencia.
El Concejo Deliberante desarrolló la primera sesión ordinaria de julio, al ritmo de la campaña electoral rumbo a las PASO, es decir, con escaso debate. Ni siquiera la reasignación de partidas en la Secretaría de Protección Ciudadana con destino a construir su sede propia, que salió por unanimidad, movió el amperímetro.
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Las únicas voces disonantes fueron las de María Eugenia Poumé, que cuestionó el alquiler del inmueble de Sarmiento 977 para la Dirección de Control Urbano Vehicular, y de Facundo Llano, que no acompañó por “inoportuna” la ampliación de la frecuencia de los colectivos durante dos sábados de vacaciones de invierno. Desde el oficialismo, nadie salió a responderles.
En principio, durante el tratamiento del contrato de alquiler de la nueva sede de Tránsito, la concejal de Unidad Ciudadana María Eugenia Poumé lanzó fuertes cuestionamientos a la gestión de la Secretaría de Protección Ciudadana.
“Hay un dicho que dice que no está bien desvestir a un santo para vestir a otro, y la verdad es que esto es lo que ocurre con este contrato de locación, porque se ha realizado el traslado de esta dependencia, abonándose 35 mil pesos el primer año y 45 mil pesos el segundo, en pos de poder realizar la construcción de la Secretaría de Protección Ciudadana”, recapituló.
Al exponer su argumento, marcó que “nos pasa lo mismo que con el inmueble en calle Pinto” -en referencia a la compra frustrada del local ubicado en el numeral 880- y agregó que “estamos pagando nuevamente dos alquileres, el de Belgrano (donde funciona el Centro de Monitoreo) y ahora también el de Sarmiento, por la incompetencia y la falta de acción del secretario de Protección Ciudadana y el Intendente, que en vez de utilizar los recursos que se enviaron en su oportunidad, que eran 20 millones de pesos, más de 1,5 millones de dólares, lo dejaron a plazo fijo”.
Poumé evaluó que por esa decisión “ahora no solamente no alcanza ni para la mitad de lo que se iba a hacer sino también que estamos provocando nuevos gastos a la ciudadanía en una situación tan sensible económica y social como la que estamos viviendo”.
La ubicación
Por otro lado, la concejal cuestionó la elección tanto del lugar para construir el nuevo espacio para Protección Ciudadana como el inmueble elegido para el área de Tránsito.
“Ni hablemos de la opción que tomaron de construir aquí (por el terreno de Belgrano al 900) la Secretaría de Protección Ciudadana, dando por tierra todas aquellas condiciones que se habían puesto inicialmente, que debía ser un lugar alejado del centro, que se debía tener lugar para estacionamiento. Todas esas cuestiones se las guardaron en el mismo cajón que guardan las cosas que le dan vergüenza a esta gestión municipal”, lanzó.
Por otra parte, señaló que “alquilaron un inmueble en la calle Sarmiento, en un lugar pegado a un consultorio médico que tiene la raya amarilla” por ascenso y descenso de pacientes, y sumó que enfrente también hay una sucursal del banco Nación. “Poner la grúa y los vehículos de Control Vehicular, la verdad es que provoca más caos de tránsito del que tenemos en el centro de nuestra ciudad. Es decir, han puesto la Dirección de Control Vehicular en un lugar que lo único que provoca es descontrol vehicular”, concluyó.
Por último, responsabilizó por esas situaciones a “la inacción, la falta de gestión, la falta de previsión y la manera que tiene este Gobierno de gastar impunemente nuestros impuestos para darle el capricho al Intendente y a sus funcionarios”.
Más frecuencia en vacaciones
Sobre el final del encuentro legislativo, el presidente de la Comisión de Transporte, el radical José Luis Labaroní, pidió el tratamiento sobre tablas de una demanda de la Cámara de Transporte para aumentar la frecuencia de los colectivos durante los sábados de las vacaciones de invierno.
En principio, aclaró que la nota acababa de llegar, que el Legislativo trata ese tema todos los años y que en esta ocasión “se nos pasó a la Comisión de Transporte”.
En la nota, los transportistas piden “una ampliación de frecuencia para los sábados de 7 a 13, durante el período de vacaciones de invierno” y lo fundan en que “las estadísticas muestran históricamente una disminución de la cantidad de pasajeros que se moviliza en el horario mencionado en el período de receso escolar”.
La cámara sostuvo que “teniendo en cuenta que la caía del índice de pasajero por kilómetro (IPK) impacta negativamente a la hora de evaluar los costos de transporte y por consiguiente, determina mayor demanda de tarifas, es que solicitamos que autorice a las empresas de transporte público de la ciudad de Tandil a prestar servicio los días sábado 27 de julio y sábado 3 de agosto del corriente año, en el horario de 7 a 13 con una frecuencia máxima de 15 minutos”.
Por otra parte, Labaroní recordó que de acuerdo al contrato de concesión, las líneas de colectivos disponen de hasta 2 minutos para demorar la frecuencia, “pero están pidiendo exceder esos dos minutos, por eso el pedido de licencia”, dijo.
“No es serio”
El justicialista Facundo Llano no acompañó la propuesta, más por una razón de forma que por lo que reclamaban los transportistas. “No me parece acorde a los tiempos. Estas circunstancias se dan todos los años, de manera que una nota sorpresiva de la Cámara de Transporte fundada solamente por una de las partes y no avalada por el poder concedente, que es el Municipio, no me parece serio para tratar en este momento, y sobre todo, respecto a los resultados que produce esta licencia que se le está dando a las empresas contratistas”, expuso.
Y evaluó que en la nota de los privados se cita la estadística, pero “realmente dudo que tengamos, como poder concedente, estadística respecto al uso y aplicación de esta concesión. Por ende, no voy a acompañar el pedido”.