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Guadagna analizó que el plan de regularización de obras permitirá actualizar datos de ocupación y construcción

Además de la finalidad de blanqueo y recaudación perseguida por el área de Economía municipal, el titular de Planeamiento indicó que el proyecto promovido por el Ejecutivo servirá para actualizar el sistema catastral y obtener datos precisos del índice de construcción en la ciudad. Focalizó la problemática en la responsabilidad compartida entre el Estado, los profesionales y los propietarios para que cada obra complete la documentación correspondiente. Aseguró que la nueva ordenanza evitará mayores inconvenientes a los frentistas.

El Eco

Como se publicó en la edición pasada de este Diario, el Departamento Ejecutivo promovió un proyecto de blanqueo e identificación de construcciones clandestinas e incorporaciones, iniciativa impulsada por las secretarías de Economía y Planeamiento y cuyo tratamiento efectuó la Comisión de Economía del Concejo Deliberante.

Si bien el propósito mayor del proyecto de ordenanza es regularizar las obras no declaradas –dentro de un marco temporal- a través de una reforma de la ordenanza tributaria que legisla el ámbito de la construcción, desde el punto de vista de la planificación urbana pretende actualizar el sistema catastral. De este modo, se podría obtener una serie de datos sobre ocupación y precisiones acerca de la magnitud del índice de construcción que tiene la ciudad. La proliferación de obras y ampliaciones sin declarar como es debido imposibilita arribar a números exactos sobre la cantidad y naturaleza de las construcciones emprendidas en el radio urbano.

Entrevistado en el ciclo radial “Dulce o amargo” (104.1 Tandil FM), el arquitecto Roberto Guadagna, responsable del área de Planeamiento y Obras Públicas de Tandil, explicó que se detectaron dos tipos de problemáticas que orientaron la elaboración del nuevo régimen. Por un lado, construcciones sin permiso. Por otra parte, construcciones habilitadas que en el proceso de obra han modificado el plano inicialmente aprobado y que no cumplen con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) o con el Código de Edificación vigente.

“Son irregulares porque no tienen un plano conforme a obra exactamente igual a lo construido y no tienen inspección final. También sucede que los edificios, al someterse al régimen de propiedad horizontal, no tienen la factibilidad para llevar adelante el proceso de generar las unidades funcionales correspondientes. El nivel de irregularidad es muy alto para cada obra en relación a no tener un plano aprobado”, se explayó el funcionario.

La problemática del control

Si bien el Gobierno comunal realiza inspecciones de obra, de calle, y también inspección final sobre documentación de obras que se conocen -también  en otras que surgen en las recorridas-, Guadagna reconoció que la problemática exhibida está ligada a la responsabilidad de los profesionales y los propietarios, caso contrario debería haber un inspector detrás de cada evento de esta índole, situación que calificó como “inviable”.

No obstante, la nueva propuesta aborda esta cuestión y contempla la posibilidad de hacer uso de herramientas de innovación tecnológica, como drones y Google Maps, para obtener un relevamiento preciso de las edificaciones existentes en la superficie urbana, con el fin de sancionar las construcciones irregulares que no se atengan a la posibilidad de blanqueamiento en el período estipulado.

Consultado sobre una eventual intensificación de los controles tras la aplicación de la nueva normativa, añadió que “queremos mantener un control sobre lo existente en los términos mencionados, sino sería reconocer un relajamiento que no sabemos si existe, porque yo no sé si el inspector se enteró de que hoy se inició una obra en una zona alejada, entonces deberíamos inspeccionar la mitad de la ciudad y en la otra mitad ejecutar las obras, es imposible, por eso digo que depende también de las responsabilidades individuales”.

“Hay que ser realistas, las irregularidades ocurren y vienen de la necesidad, hay una cuestión atrás que mueve que eso exista”, justificó. En un contexto económico complejo, buscan extender los planes de cuotas para quienes deseen legalizar su circunstancia jurídica y patrimonial que, en el caso de las viviendas unifamiliares, están sujetos a tasas elevadas.

Los perjuicios

El profesional explicó que en la actualidad no se aplican multas de contravención o de otro tipo ante un incumplimiento, sino que cuando el propietario presenta la documentación de obra de lo efectivamente construido con el objeto de transparentar su situación, sobre eso se le liquidan los Derechos de Construcción y los cargos que corresponden a cada uno de los ítems incumplidos, sean del PDT o del Código. Dicha cifra representa un número abultado en función de la ordenanza tributaria vigente.

Según el secretario de Planeamiento, esta ordenanza nueva que propone un amplio régimen de regularización de todas las construcciones que transgreden el marco normativo, ofrece un alivio monetario a los dueños, pero soluciones para evitar inconvenientes mayores a futuro, tanto a los frentistas como al Estado.

“Sin la documentación aprobada, no podrán obtener habilitación definitiva de actividades comerciales o industriales, por ejemplo, sean de escala grande, mediana o comercios de barrios. Sin certificado de final de obra el dueño puede vender el inmueble, pero se vende con un documento provisorio y privativo, es distinto a tener un instrumento público que es la escritura y el dominio efectivo, porque supone sólo la posesión precaria, es problemático para todos”, remarcó.

La declaración en ARBA

Guadagna expuso, además, otro de los eslabones que conforman el entramado de la construcción y declaración de viviendas y locales. En este sentido, indicó que cuando un propietario presenta espontáneamente la incorporación de superficie es porque ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) eleva notificaciones al detectar menos metros cuadrados de los efectivamente declarados a los efectos inmobiliarios de la Provincia. “En cada incorporación, así como en la  inspección final de una obra nueva, es el contribuyente el que debe hacer la presentación espontánea en ARBA indicando la nueva situación o el cambio, sea porque amplió su vivienda o espacio, o porque construyó algo de cero”, sostuvo.

El proyecto

La iniciativa inicial contempla un blanqueo por seis meses para lograr la incorporación de la obra clandestina y de las ampliaciones sin declarar, para ordenar la documentación con que cuenta la Dirección de Obras Privadas. Además, la idea es proporcionar un plan de pago en cuotas para aquellos que tengan intención de regularizar las construcciones.

 

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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