La Libertad Avanza busca limitar el cobro de tasas municipales en la provincia
El espacio libertario impulsa un proyecto en la Legislatura bonaerense para exigir que cada tasa tenga una contraprestación concreta y que su monto sea proporcional al costo del servicio. La iniciativa también contempla controles, sanciones a funcionarios y mayores obligaciones de transparencia para los municipios.
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La Libertad Avanza (LLA) busca avanzar con una modificación del régimen de tasas municipales en la provincia de Buenos Aires. A través de un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense, el espacio político propone establecer condiciones más estrictas para el cobro de estos tributos y garantizar que cada uno esté respaldado por la prestación efectiva de un servicio.
La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Pablo Morillo, representante de la Segunda Sección electoral, y forma parte de una agenda más amplia de reformas que el espacio libertario pretende llevar adelante en territorio bonaerense, en sintonía con las políticas de desregulación promovidas por el Gobierno nacional.
El objetivo central es redefinir el concepto de tasa municipal y establecer que las intendencias solamente puedan exigir su pago cuando exista una contraprestación concreta, efectiva e individualizada para el contribuyente.
En ese sentido, Morillo cuestionó determinados mecanismos de recaudación utilizados por las administraciones locales y consideró que existen situaciones en las que los vecinos abonan tributos sin recibir el servicio correspondiente.
“Se le está metiendo la mano en el bolsillo de la gente. En barrios privados, por ejemplo, se cobra una tasa por alumbrado, barrido y limpieza (ABL) y no se realiza ese servicio. O si uno carga combustible en una determinada localidad, se te cobra una tasa sin motivo alguno”, planteó el legislador.
De esta manera, el proyecto pone el foco sobre la relación que debe existir entre los recursos que perciben los municipios y las prestaciones que efectivamente brindan a los contribuyentes.
Mayores controles y sanciones para los funcionarios
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación del artículo 226 bis a la Ley Orgánica de las Municipalidades, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control sobre la aplicación de tasas.
La modificación facultaría al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires a supervisar el cumplimiento de los requisitos establecidos y contemplaría sanciones para aquellos funcionarios que autoricen el cobro de tributos considerados irregulares.
Además, la iniciativa incorpora nuevas exigencias de transparencia. Cada municipio debería publicar en su página web oficial, de manera gratuita y accesible, información detallada sobre las tasas que cobra, los fundamentos que justifican su existencia y los parámetros utilizados para determinar sus valores.
Otro de los requisitos propuestos establece que toda ordenanza destinada a crear o modificar una tasa deberá contar con una memoria técnica que identifique el servicio correspondiente y acredite una relación proporcional entre su costo real y el monto exigido a los vecinos.
De esta manera, las administraciones municipales tendrían que justificar técnicamente sus decisiones tributarias y demostrar que los importes establecidos guardan relación con los servicios prestados.
Un fallo de la Corte Suprema como antecedente
La propuesta encuentra uno de sus principales fundamentos en una serie de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 10 de septiembre de 2026, mediante las cuales el máximo tribunal ratificó criterios vinculados con la legalidad de las tasas municipales.
En esas decisiones, la Corte sostuvo que el cobro de una tasa debe estar asociado a la prestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio relacionado con el contribuyente.
Asimismo, reafirmó la necesidad de que exista una proporción razonable entre el importe exigido y el costo de la prestación, con el objetivo de evitar que las tasas funcionen como impuestos encubiertos.
Estos antecedentes judiciales constituyen uno de los argumentos utilizados por el espacio libertario para promover una modificación de la normativa provincial y establecer mecanismos que permitan controlar el cumplimiento de esos principios.
El debate por el financiamiento de los municipios
Frente a las posibles consecuencias de la propuesta sobre las finanzas municipales, Morillo aclaró que la intención no es desfinanciar a las intendencias, sino establecer reglas que eviten cobros considerados injustificados y posibles conflictos judiciales.
Según sostuvo, la continuidad de mecanismos tributarios que no cumplan con los requisitos legales podría derivar en litigios y eventuales pérdidas económicas para los municipios, que terminarían siendo afrontadas con recursos públicos.
El diputado también cuestionó determinadas prioridades presupuestarias de las administraciones locales y reclamó una utilización más eficiente de los fondos.
“También pedimos administraciones responsables. En estos años hubo municipios que gastan fortunas en pautas o shows. Cuestiones que no son prioritarias”, expresó.
Por otra parte, el legislador vinculó la presión tributaria municipal con las posibilidades de desarrollo económico. En su interpretación, la existencia de numerosas tasas o de gravámenes elevados puede representar un obstáculo para la llegada de inversiones y el crecimiento de distintas actividades productivas.
En ese marco, consideró que una reducción de las cargas tributarias que cuestiona podría favorecer el consumo, la producción y la actividad económica.
La discusión también involucra un aspecto central para las administraciones locales: las tasas constituyen una fuente de ingresos con la que los municipios financian parte de los servicios que prestan a la comunidad. Por ese motivo, cualquier modificación del régimen podría tener implicancias sobre la planificación presupuestaria y la disponibilidad de recursos.
Por el momento, la propuesta se encuentra en el ámbito legislativo y no implica cambios inmediatos en las tasas que actualmente cobran los municipios bonaerenses. Para que las nuevas disposiciones entren en vigencia, el proyecto deberá avanzar en su tratamiento parlamentario y obtener la correspondiente aprobación.
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