Días atrás, el bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza que propone crear un Marco Normativo para la Protección de Calles con Valor Histórico Patrimonial. La iniciativa busca establecer criterios claros para preservar, intervenir y mantener aquellos sectores que forman parte de la identidad urbana de Tandil. La iniciativa contempla la identificación formal de calles con valor histórico, la creación de una comisión asesora integrada por instituciones académicas y profesionales, y la suspensión de cualquier intervención hasta definir lineamientos normativos específicos.

En relación con la propuesta, el concejal Federico Martínez afirmó que “pensar la ciudad implica integrar patrimonio, movilidad y planificación, no borrar su historia”, destacando que la discusión sobre los adoquines debe abordarse desde una visión integral del desarrollo urbano en lugar de tomarse decisiones aisladas. Además, Martínez sostuvo que “la ciudad necesita reglas claras y previsibilidad. No podemos ir resolviendo caso por caso sin un criterio general que ordene las intervenciones sobre el patrimonio urbano. La planificación es una responsabilidad del Estado, no una opción”.

No obstante, la discusión se vio atravesada por una medida precautelar que detuvo una obra que se encontraba en ejecución, en una esquina con una institución educativa y a pocos días del inicio del ciclo lectivo. Al respecto, el concejal Rogelio Iparraguirre criticó tanto la medida judicial como el accionar del Ejecutivo municipal. "Como diría René Lavand: ‘no se puede hacer más lento’", sentenció. "El viernes pasado el Municipio tuvo la osadía de mandar una gacetilla diciendo que aceleraba la recabación de información para presentar al juzgado, y recién hoy está ingresando esa información; siete días tardaron. ¿Esa es la noción que tienen de acelerar un trabajo en el sector público?", agregó.

Iparraguirre añadió que “cuando decimos que perdieron la fuerza, las ganas y la energía, no es metafórico, es real. Esa pérdida de energía y capacidad la pagan los vecinos. En este caso, los vecinos de calle Sarmiento entre Santamarina y 4 de Abril, que además de soportar una medida judicial que no tiene ni pies ni cabeza —porque paraliza una obra a la que le faltan 40 metros y hay una escuela en la esquina a días de empezar las clases— tienen que ver cómo el Ejecutivo se toma una semana entera para recabar información y enviarla a la Justicia”.

El concejal subrayó que la falta de celeridad complica directamente la vida diaria de quienes viven, trabajan o transitan la zona. "Una gestión municipal requiere planificación, control, orden, autoridad y eficiencia. No alcanza con comunicar intenciones: hay que gestionar con responsabilidad y celeridad, porque cada demora impacta en la vida cotidiana de los vecinos”, expresó.

Finalmente, Iparraguirre realizó un pedido al magistrado del Departamento Judicial de Azul que dictó la medida. “Lo digo ya como vecino, no como concejal, y con el mayor de los respetos al doctor a cargo de la medida: le pedimos que acelere la resolución. Necesitamos una resolución favorable para la finalización de la obra, porque no se puede seguir viviendo así”, declaró.

Desde Fuerza Patria manifestaron que el debate sobre los adoquines “debe resolverse con reglas claras, planificación y previsibilidad”. Asimismo, advirtieron que “sin conducción política, decisión y eficiencia en la gestión, los conflictos se profundizan y quienes terminan pagando las consecuencias son los vecinos”.

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