Para Poumé, el Ejecutivo actuó de “manera irregular” en el contrato con Cablevisión

“Desde nuestro punto de vista, todo lo que se hizo fue de manera irregular; no se ajustó a las normas y no se respetó la función del Concejo Deliberante”, fundamentó la concejal de Unidad Ciudadana, María Eugenia Poumé, en referencia a los dos contratos en dólares que el Departamento Ejecutivo firmó con la empresa Cablevisión SA.

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La edil radicó el miércoles pasado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que el organismo de contralor determine si se actuó conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y a las resoluciones ya emanadas por el mismo Tribunal.

En concreto, en la presentación planteó si amerita alguna observación por transgredir una circular del Tribunal que expresa que los municipios no pueden realizar operaciones en moneda extranjera.

En segundo lugar “si corresponde aplicar multas al Intendente por la falta de intervención del Concejo Deliberante en gastos que comprometen fondos de más de un ejercicio, verificado en los sendos contratos celebrados, en infracción al artículo 273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

Y en tercer término, si cabe alguna sanción por la falta de intervención del Legislativo en lo relativo al pedido de autorización por parte de la firma Cablevisión SA para el uso del espacio público.

Sumado a estos aspectos, solicitó que en el supuesto de existir actuaciones en este sentido, se adjunte la presente denuncia, y que informe acerca de precedentes o expedientes, o sumarios administrativos en trámite contra integrantes del Departamento Ejecutivo o funcionarios públicos de la Municipalidad, “referentes a los procedimientos y observancia por parte de estos, del orden jurídico vigente, correspondiente tanto al procedimiento como a la modalidad y contenido contractual firmado por el mismo”.

Mientras aguardan novedades sobre el proceso aseguró que, si bien el organismo solicitó en noviembre pasado al Gobierno que amplíe cierta información, “queremos que esto prosiga para que tengamos una respuesta y que todos sepamos cuáles han sido los errores y los aciertos”.

A la par de las críticas sobre el proceder en este tema, Poumé expuso la fallida operatoria de alquiler y compra del inmueble de Pinto al 800 para Protección Ciudadana y el proyecto para la adquisición de lámparas LED, y sentenció: “Lejos de ser una gestión trasparente como quieren hacer aparecer, tienen muchas cuentas que rendir y nosotros vamos a acudir, como oposición, al Tribunal de Cuentas o a la instancia judicial que se requiera para que todo esto se aclare”.

 

El proceso

Tras la publicación de la denuncia a través de estas páginas, la concejal repasó ante El Eco de Tandil el proceso que siguió desde que, junto a sus pares de la oposición, tomó en contacto con el expediente cuando la empresa elevó al Concejo una solicitud para la utilización del espacio público, hasta que finalmente tomó la decisión de impulsar la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

Previamente utilizó la herramienta que brinda la ordenanza de acceso a la información pública para obtener una copia del expediente con los detalles del acuerdo sellado con Fibercorp.

Entre las objeciones esbozadas resaltó que “no corresponde realizar un contrato en dólares de acuerdo a la normativa vigente”, que resulta “muy taxativa” en ese sentido.

“El Municipio hizo caso omiso”, a ese punto, incluso a pesar de la opinión de la contadora municipal, Marcela Espino. La empleada de carrera, “no política”, fundamentó su postura y advirtió que “no correspondía sellar un contrato en dólares por la normativa vigente y que debía elevarse al Concejo Deliberante para su aprobación al comprometer ejercicios futuros”.

Para la edil resultará de relevancia que el Tribunal “nos tenga al tanto de cómo va esta investigación porque es muy importante la transparencia de esta decisión que ha tomado el Ejecutivo, que no respetó ninguna de las normas y trató de ocultar”.

 

Expectativas

“Tengo todas las expectativas”, expresó Poumé y consideró que el Tribunal de Cuentas “va a acordar con nuestra petición porque hay otros fallos en el mismo sentido” como antecedente.

Tras la presentación del miércoles pasado en La Plata, aún no hay plazos pautados por lo que deberán aguardar la notificación para conocer la eventual resolución. Una vez que eso suceda no descartan otras acciones.

“Queremos ser parte para saber cómo se expide, estar al tanto porque, caso contrario, también nos vamos a quedar sin tener conocimiento sobre eso. Queremos ser parte porque fuimos los que motorizamos todo esto y lo hemos puesto en conocimiento de la opinión pública”, justificó.

 

El edificio de Pinto al 800 y las LED

En medio de las objeciones, la concejal de la oposición ratificó que el bloque se encuentra abocado a otros dos temas tuvieron especial repercusión tanto dentro como fuera del recinto.

En ese sentido aludió al contrato de alquiler que durante once meses se abonó por un edificio en Pinto 880 donde se pretendía mudar las instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana y que nunca se utilizó.

Para ello, y a través de un pedido de información pública, la oposición accedió a detalles del expediente y pudo conocer que “la suma que tuvo que afrontar el Municipio para el pago de alquiler y de la comisión de la inmobiliaria supera los 500 mil pesos que puso el Intendente y que no sabemos en calidad de qué”.

En concreto, precisó que en la fallida operación inmobiliaria se desembolsaron “716.246,88 pesos”.

Y ratificó que acudirán al Tribunal de Cuentas por este asunto, y también por el proyecto que se ventiló en la sesión pasada respecto a la utilización de la ordenanza 2.505 para la compra de lámparas LED, que, según consideró, “no se adecúa a lo que indica la Ley Orgánica de las Municipalidades”.