El presidente de la comisión de Obras Públicas, Juan Salceda, analizó el encuentro mantenido con los secretarios Luciano Lafosse y Juan Maciá Cantarelli, tras las denuncias penales impulsadas por un grupo desarrollador contra el intendente Miguel Lunghi. El concejal oficialista advirtió sobre la peligrosidad de judicializar la gestión del territorio y llamó a todos los sectores políticos a defender las normas locales frente a intereses privados y presiones mediáticas.

En el marco de una reunión que se extendió por casi tres horas en el Honorable Concejo Deliberante, los funcionarios del Ejecutivo brindaron ayer detalles técnicos y legales sobre el conflicto que rodea al emprendimiento inmobiliario Miradores del Montecristo. La jornada, que convocó de manera conjunta a las comisiones de Obras Públicas y de Interpretación, sirvió para que el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, y el secretario Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, expusieran la postura de la Municipalidad ante la denuncia penal que involucra al intendente Miguel Lunghi y sus colaboradores.

Juan Salceda, quien encabeza la comisión de Obras Públicas, en diálogo con el programa Ultimo Bondi de la radio de El Eco calificó el encuentro como un "diálogo cordial y constructivo" con las diversas fuerzas políticas representadas en el Legislativo. Sin embargo, no ocultó su preocupación por el tenor de las acusaciones y el impacto que este tipo de acciones tiene sobre la institucionalidad local. El concejal manifestó transitar este período con "pesar, sufrimiento y tristeza", al considerar que se está intentando amedrentar a funcionarios que solo buscan hacer cumplir la normativa vigente.

El eje del debate giró en torno a la gestión del territorio y los límites que impone el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y la Ley de Paisaje Protegido. Según explicó Salceda, el conflicto excede una simple disputa entre privados, ya que toca fibras sensibles de la planificación urbana de Tandil.

El edil subrayó que la ciudad atraviesa una etapa donde las discusiones sobre hacia dónde crecer han dejado de ser teóricas para transformarse en conflictos reales que requieren una definición contundente de la ciudadanía y los actores políticos.

El impacto de la judicialización de la política

La denuncia penal presentada por el grupo desarrollador contra el jefe comunal fue recibida con estupor en el ámbito municipal. Salceda destacó que, más allá de la cuestión judicial específica, existe una preocupación de fondo por el "ataque artero a la política" y la búsqueda de intimidación hacia quienes deben tomar decisiones sobre el uso del suelo. Para el concejal, estas prácticas buscan forzar excepciones a las normas a través de la presión en los tribunales y en los medios de comunicación.

"Dieron pormenores respecto de algunas cosas que son particulares de este emprendimiento inmobiliario, de esta denuncia y de estas acusaciones", señaló Salceda en referencia a la exposición de los secretarios. El concejal recordó que el Gobierno municipal ha sido históricamente respetuoso de las definiciones de la Justicia, citando como antecedente el conflicto de las obras en la calle Sarmiento, pero advirtió que en este caso se busca desviar la atención de la verdadera discusión: quién tiene el dominio de la tierra y qué se puede construir en ella.

La complejidad del caso Miradores del Montecristo incluye una historia de sucesiones no resueltas, un propietario original fallecido en el extranjero hace 40 años e intentos de usucapión que nublan la legitimidad del dominio. Ante este panorama, el oficialismo sostiene que la Justicia debe primero expedirse sobre la propiedad de las tierras antes de cualquier debate sobre su urbanización.

Mientras tanto, Salceda denunció un "modus operandi" que consiste en ofrecer al mercado algo que todavía no se tiene, utilizando las redes sociales para comercializar lotes sin los estudios de impacto ambiental ni la infraestructura necesaria.

La defensa de la planificación y el bien común

Uno de los puntos más críticos señalados durante la reunión fue la ubicación del emprendimiento en una zona rural, por encima de la cota permitida y en áreas que el PDT no considera urbanizables. Salceda defendió la labor de los funcionarios señalados, como Luciano Lafosse, destacando que su único objetivo es hacer respetar el bien común y la norma escrita. El edil remarcó que un Gobierno está para administrar las cuestiones de la tierra en función de la normativa vigente, independientemente de quién sea el dueño circunstancial.

"No es lo mismo un loteo o una subdivisión de la Campaña del Desierto que el Plan de Ordenamiento Territorial", disparó Salceda en tono crítico hacia las pretensiones del grupo desarrollador. Explicó que existen parámetros técnicos, hidráulicos y de infraestructura que deben cumplirse y que, en este caso, se han omitido deliberadamente.

El concejal advirtió que Tandil se encuentra ante una etapa peligrosa si se permite que el amedrentamiento se convierta en una herramienta válida de negociación inmobiliaria. "Si vamos a someter y amedrentar a los funcionarios que defienden el PDT y la Ley de Paisaje Protegido, la verdad que vamos a entrar en una etapa difícil", reflexionó.

En ese sentido, destacó la empatía y el respeto mostrado por los ediles de los cuatro bloques políticos durante la interpelación a los funcionarios, lo que permitiría vislumbrar un principio de acuerdo sobre la necesidad de cuidar la ciudad por encima de cualquier interés sectorial.

Un llamado al consenso de cara al futuro

El foco principal de la exposición de Salceda fue la necesidad de una profunda madurez política de todos los sectores para enfrentar estas presiones. El concejal instó a los dirigentes de todas las fuerzas, especialmente a aquellos con aspiraciones de conducir la ciudad en el futuro, a ponerse por encima del cálculo electoral momentáneo y de la coyuntura. Para el oficialismo, este tipo de ataques no solo afecta a la gestión actual, sino que sienta un precedente negativo para cualquier intendente que deba administrar Tandil en los próximos años.

"Este tipo de prácticas le va a caer al que viene, va a impactar en la vida de los tandilenses", advirtió Salceda. Hizo un llamado a los concejales y candidatos a cuidar la forma de lidiar con estos problemas, priorizando la defensa de las herramientas de gestión territorial que tanto costo conseguir. La preocupación radica en que, si se debilita la autoridad municipal para aplicar el PDT ante una denuncia penal, el desarrollo de la ciudad quedará a merced de quienes tengan mayor capacidad de presión judicial.

Finalmente, el presidente de la comisión de Obras Públicas valoró que los funcionarios suban al Concejo a dar explicaciones, pero lamentó que deban hacerlo bajo el estigma de un proceso penal que calificó como "traído de los pelos". La apuesta del oficialismo es que la justicia resuelva pronto la cuestión de fondo sobre el dominio de la tierra, para luego retomar la discusión técnica sobre la urbanización, siempre bajo la premisa de que el bien común debe prevalecer sobre el interés individual. "Yo, si el intendente fuera otro, pondría las dos manos para adelante y diría: 'en esta estoy con usted'", concluyó Salceda, subrayando la importancia de la unidad política ante desafíos de esta magnitud.

Sobre el autor

Guillermo Liggerini

Sec. de Redacción El Eco de Tandil