El intendente de Tandil acusado de malversación que renunció y murió días después

El intendente de Tandil, doctor Armando Alzueta, asumió sus funciones el 28 de febrero de 1932. Cinco meses después, el 25 de julio, fue objeto de una interpelación por parte del Concejo Deliberante para que aclarara aspectos de la administración comunal calificados como "inmoralidad administrativa".

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Los ediles de una fracción interna opositora del mismo Partido Conservador gobernante querían que el jefe del Departamento Ejecutivo respondiera con precisión acerca de algunas anomalías. Era una época de incalificables atropellos, crímenes y despojos inauditos. No se concebían los cargos que se le hacían al compararlos con otras anormalidades mucho más graves que se consentían, como las del comisario de policía Pedro Ramos. En su quinta, apodada por el vecindario "El arca de Noé", el comisario guardaba todo lo rapiñado dentro y fuera del pueblo por él y su gente.

Sin embargo, resultaba evidente que el desliz de Alzueta era inaceptable y estaba impulsado por quienes procuraban encontrar fallas que sirvieran de pretexto para desalojarlo del sillón de Pedro Dufau. Todo fue preparado para demostrar que existía, de parte del Intendente, el delito de malversación de caudales públicos. Esto surgía, según declaraciones del inspector general Atilio Lastra y otros testigos, del manejo incorrecto en el otorgamiento de patentes para vehículos, de cuyo cobro no existían entradas en Tesorería.