Discapacidad: Gabriela Marti advirtió por el futuro de las pensiones y el valor de las prestaciones

La abogada Gabriela Marti, especialista en discapacidad, visitó los estudios de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, para analizar los alcances del proyecto de ley sobre discapacidad que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y advertir sobre las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales que brindan prestaciones.

¿qué querés saber?

   Dame un resumen

La especialista se refirió a la incertidumbre que genera el vencimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, previsto para el 31 de diciembre, ante la falta de tratamiento de su prórroga. Si bien la iniciativa legislativa recibió un respaldo mayoritario en Diputados, señaló que el texto presenta aspectos que generan preocupación.

Uno de ellos es la revisión de las pensiones no contributivas. Según explicó Marti, la propuesta establece un plazo de 160 días para que los beneficiarios acrediten su situación ante las juntas evaluadoras. La abogada advirtió que una eventual baja puede derivar en un proceso burocrático complejo para recuperar el beneficio.

La especialista también cuestionó las condiciones previstas para compatibilizar el cobro de una pensión con un empleo formal. De acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, el beneficio podría suspenderse si el salario supera el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Alejandra Marti consideró que ese límite resulta insuficiente frente al costo de vida y manifestó sus reparos sobre los mecanismos de suspensión y restitución de las pensiones. En ese sentido, alertó que la interrupción de una prestación puede generar dificultades económicas para personas que dependen de esos ingresos.

La brecha entre los valores de las prestaciones y los costos

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la situación del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad. La abogada sostuvo que los valores continúan desactualizados frente a la inflación acumulada y estimó que existe una brecha cercana al 40 por ciento.

El desfasaje impacta en una red de profesionales que incluye médicos, psicólogos, psicopedagogos y acompañantes terapéuticos, cuyos servicios resultan fundamentales para sostener tratamientos y acompañar la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

A esta situación se suman las demoras en los pagos de obras sociales y empresas de medicina prepaga que, según indicó Marti, pueden extenderse entre tres y seis meses.

Para la especialista en el tema, esta combinación de factores compromete la continuidad de los servicios y dificulta que los prestadores puedan sostener su actividad. “Si no los actualizás al valor que corresponde, ese dinero del nomenclador sigue estando siempre en déficit y eso perjudica obviamente la calidad de vida”, afirmó.

Marti también señaló que muchas familias deben recurrir a la Justicia para obtener coberturas básicas, como internaciones domiciliarias y servicios educativos especializados. En esos casos, explicó, los diferentes criterios de las entidades de salud pueden generar desigualdades en el acceso a las prestaciones.

La situación de los acompañantes terapéuticos

Como ejemplo de las dificultades que atraviesa el sector, Alejandra Marti mencionó una resolución de IOMA que, según relató, redujo el valor por hora de los acompañantes terapéuticos de 21.000 a 6.000 pesos.

La abogada sostuvo que ese monto vuelve inviable la continuidad de muchos servicios, debido a que los profesionales no pueden sostener su trabajo en esas condiciones económicas. La consecuencia, según advirtió, es una mayor incertidumbre para las personas que necesitan acompañamiento y para sus familias.

El financiamiento, una condición para aplicar la ley

En relación con el futuro del proyecto, la profesional planteó que el Senado debe avanzar con su tratamiento, aunque remarcó que la aprobación de una norma no garantiza por sí sola cambios concretos.

Para la especialista, la implementación depende de que el Poder Ejecutivo asigne los recursos presupuestarios necesarios. De lo contrario, advirtió, las disposiciones legales pueden quedar sin un impacto efectivo en la vida de las personas con discapacidad.

La preocupación también alcanza a las partidas previstas en el presupuesto nacional, cuya suficiencia para responder a las necesidades del sector fue otro de los puntos señalados durante la entrevista.

En el cierre, la abogada llamó a fortalecer la participación ciudadana y a prestar atención a las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, considerando que las necesidades de este colectivo deben ocupar un lugar central en las decisiones estatales.

“El Estado tiene que estar presente en materia de discapacidad y esto no va a pasar hasta que los políticos tomen conciencia de que el colectivo debe ser protegido”, concluyó Alejandra Marti, quien reafirmó la importancia de garantizar los derechos y la continuidad de las prestaciones.

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 144 años escribiendo la historia de Tandil