Impulsan restricciones al uso de celulares en cárceles para frenar la comisión de delitos

El debate sobre la tenencia de dispositivos móviles en los centros de detención ha vuelto a cobrar relevancia en la agenda pública. 

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En el marco de una entrevista brindada a Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el fiscal especializado en ciberdelito, Lucas Moyano, analizó las consecuencias del uso de smartphones por parte de los internos y la necesidad de establecer controles más rigurosos.

Según explicó el funcionario, la habilitación del uso de teléfonos móviles, que surgió como una medida excepcional durante la pandemia por razones humanitarias, ha derivado en una herramienta utilizada para la comisión de diversos delitos. "Se han generado muchas dificultades con el uso de dispositivos telefónicos en las unidades carcelarias. Hemos visto casos de extorsiones, estafas y defraudaciones que tienen su origen dentro de las cárceles", señaló Moyano.

La necesidad de una regulación estricta

El fiscal, quien anteriormente tuvo a su cargo las unidades 2, 38 y 27 de Sierra Chica, recordó que históricamente la prohibición del uso de teléfonos fue la norma por motivos de seguridad. 

En este sentido, sostuvo que los derechos de los privados de libertad no son absolutos y deben estar sujetos a reglamentaciones que protejan a la sociedad.

"No pretendo que se prohíban las comunicaciones, pero el preso no puede tener un smartphone con acceso a plataformas, aplicaciones y billeteras virtuales", enfatizó el especialista. 

Moyano detalló que, durante sus investigaciones, ha realizado allanamientos donde se secuestraron cuadernos con guiones preparados para engañar a las víctimas, lo que demuestra una organización criminal que se vale de la tecnología para delinquir.

El rol del Estado y la decisión política

Al ser consultado sobre quién debe tomar la determinación de restringir estos dispositivos, el fiscal indicó que se trata de una decisión política que compete al Ministerio de Justicia bonaerense y a la Secretaría de Asuntos Penitenciarios. Asimismo, mencionó que existe una iniciativa a nivel nacional, a través del ENACOM, que propone un protocolo para que las provincias se adhieran y limiten la operatividad de los teléfonos dentro de las cárceles.

Sin embargo, el panorama es dispar. Mientras algunas jurisdicciones avanzan en la búsqueda de controles, otras han manifestado su negativa a adherir a las propuestas nacionales. En el caso de Tandil, el Concejo Deliberante votó de manera unánime un pedido dirigido al Ministerio de Justicia y al gobernador para que se contemple esta problemática y se proteja a la ciudadanía frente a la creciente ola de ciberdelitos.

Propuestas para un uso controlado

Moyano sugirió que, si el objetivo es garantizar el derecho a la educación o la comunicación con familiares, existen alternativas técnicas que no implican el uso libre de smartphones. 

"Se puede habilitar un aula específicamente con conexión a internet limitada, o mantener los sistemas de telefonía fija que existían tradicionalmente", propuso el fiscal.

El funcionario subrayó que el uso indiscriminado de aplicaciones facilita la suplantación de identidad y la comercialización de estupefacientes, entre otros ilícitos.

Por ello, insistió en que, al igual que en otros ámbitos laborales donde se restringe el uso de celulares, en el contexto carcelario es imperativo implementar una regulación que mitigue los riesgos actuales.

Finalmente, el fiscal destacó que es fundamental observar las legislaciones internacionales, donde el uso de teléfonos móviles en las cárceles no está habilitado de manera indiscriminada. 

"Es una problemática social que debemos abordar para evitar que las cárceles sigan siendo centros de operaciones para estafas y extorsiones que afectan a toda la comunidad", concluyó.

Sobre el autor

Carola Núñez