Nadia Cisneros insistió en prohibir la actividad de los cuidacoches en Tandil

La problemática de los cuidacoches, conocidos popularmente como "trapitos", volvió a instalarse en la agenda política local. Durante su paso por La Mañana (El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1), la concejal Nadia Cisneros manifestó su preocupación por el avance de esta labor informal que, según advirtió, ha derivado en episodios de violencia contra vecinos y visitantes.

¿qué querés saber?

   Dame un resumen

Explicó que el bloque de Acción Tandilense  La Libertad Avanza impulsó un proyecto de ordenanza para prohibir definitivamente la actividad. A su entender, la medida resulta indispensable para garantizar el orden en las calles, de modo que el uso de la vía pública no quede sujeto al cobro de cánones informales ni a presiones externas.

En ese sentido, recordó que a fines de diciembre de 2024 la Defensoría del Pueblo presentó un informe anual que daba cuenta de numerosas denuncias por intimidación. "A los automovilistas se les exige dinero para estacionar en zonas donde ya rige el sistema medido, generándose situaciones de prepotencia que incrementan la sensación de inseguridad", sostuvo.

Falta de consenso legislativo

A pesar de la urgencia del reclamo, la propuesta impulsada por la concejala encontró trabas en el Concejo Deliberante. La iniciativa ingresó el 8 de abril y pasó por la comisión de Seguridad en reiteradas oportunidades durante abril y julio, aunque hasta el momento no logró el respaldo de las demás bancadas.

 Nadia Cisneros cuestionó la postura de sus pares ante la falta de alternativas: "No reunimos los votos porque no coinciden con la prohibición, pero tampoco presentan una propuesta superadora", lamentó. Además, remarcó que el Municipio cuenta con herramientas operativas para intervenir, como la Secretaría de Protección Ciudadana, el Centro de Monitoreo y los agentes en territorio.

Antecedentes e impacto en la comunidad

Uno de los ejes del debate radica en la caracterización de quienes ejercen esta práctica. Según los datos citados por Cisneros, el Ejecutivo municipal identificó que entre el 70% y el 80% de las personas relevadas registraban antecedentes penales. Si bien aclaró que esa condición no invalida el derecho al trabajo, enfatizó que la falta de identificación y el contexto informal alimentan la desconfianza social.

"Las calles no pueden apropiarse de manera irregular; es inviable sostener un sistema de cobro paralelo", aseveró la entrevistada.

Sobre el cierre, puso como ejemplo lo sucedido en distritos como la Ciudad de Buenos Aires o Monte Hermoso, donde se avanzó en la erradicación de esta modalidad. "Se requiere decisión política. Si en otros municipios funcionó, ¿por qué no aplicarlo acá?", planteó, instando al resto de las fuerzas partidarias a tratar el tema de fondo de cara a la comunidad.

Sobre el autor

El Eco IA

La inteligencia Artificial de El Eco, motorizada por Gemini