La doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo de nuestra ciudad, se refirió al complejo panorama energético que enfrentará la comunidad durante el próximo año. La funcionaria participó de una entrevista en La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, donde brindó precisiones sobre la ratificación del beneficio que permite a los tandilenses acceder a una tarifa diferencial de gas por razones climáticas.

Lafourcade calificó como una "buena noticia" que la Cámara de Diputados de la Nación rechazara la eliminación del fideicomiso que sustenta la zona fría. Según explicó, este beneficio representa un descuento del 30 por ciento para los usuarios de red y alcanza el 50 por ciento para los sectores más vulnerables. La defensora recordó que se trató de una lucha histórica para Tandil, que finalmente fue aprobada en 2021 y que ahora logró sortear un intento de remoción por un margen ajustado en el Congreso.

Sin embargo, la alegría por el mantenimiento de este derecho se vio opacada por la preocupación que genera el nuevo cuadro tarifario diseñado por la Secretaría de Energía. Lafourcade señaló que el sistema conocido como RASE, que dividía a los usuarios en tres niveles de ingresos, dejará de existir para dar paso a los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este cambio implica una reestructuración profunda que reducirá la segmentación a solo dos categorías: ingresos altos e ingresos bajos.

Los alcances del nuevo esquema de subsidios

La titular de la Defensoría del Pueblo manifestó su malestar por la modalidad utilizada para discutir estos cambios, ya que se reemplazó la tradicional audiencia pública por una consulta pública vía mail. "No es lo mismo que encontrarnos y dar nuestras opiniones; hay una diferencia de participación en desmedro de la ciudadanía", afirmó la abogada. Bajo este nuevo esquema, los usuarios de ingresos altos no recibirán ninguna subvención y pagarán la tarifa plena, mientras que el resto de la población enfrentará límites de consumo mucho más estrictos.

El nuevo sistema establece que el subsidio será focalizado tanto por épocas del año como por cantidad de kilowatts consumidos. Para el caso de la energía eléctrica, se subsidiará el 50 por ciento de los primeros 300 kWh durante las temporadas de alta demanda (verano e invierno) y solo hasta 150 kWh en otoño y primavera. Superados esos topes, el excedente se abonará a precio de mercado, lo que afectará directamente a quienes no poseen red de gas y dependen exclusivamente de la electricidad para calefaccionarse.

Lafourcade advirtió que el impacto en los bolsillos será significativo, dado que históricamente la Corte Suprema de Justicia sugirió que el gasto en energía no debería superar el diez por ciento de los ingresos de un hogar. Con las nuevas disposiciones, la funcionaria estimó que ese porcentaje podría elevarse a un 20 por ciento del presupuesto familiar. Esta situación se agrava para los hogares más vulnerables, que suelen contar con electrodomésticos menos eficientes y, por ende, de mayor consumo.

Ante este escenario, las defensorías del pueblo de diversos municipios, nucleadas en Adpra, realizaron presentaciones formales para cuestionar la rigidez de los nuevos topes. Lafourcade remarcó que el salto de costo para un usuario de ingresos bajos que supera el monto subsidiado es "muy difícil de afrontar". En ese sentido, adelantó que continuarán trabajando mediante reuniones con la Secretaría de Energía para intentar establecer un esquema que sea más favorable para los usuarios locales.

Salud y reclamos urbanos en la Defensoría

Más allá de la agenda energética, la defensora del pueblo realizó un balance del trabajo realizado durante el último año en la institución. Destacó que las problemáticas vinculadas a la salud ocuparon el primer puesto en el ranking de demandas. "El deterioro de las coberturas de las obras sociales y las prepagas ha sido el tema número uno", aseguró, mencionando casos de negativas de afiliación o falta de prestación que afectaron a monotributistas y afiliados en general.

En este ámbito, la Defensoría del Pueblo de Tandil logró un índice de resolución favorable superior al 80 por ciento, trabajando en red con el Hospital Municipal Ramón Santamarina y la Superintendencia de Salud. Lafourcade subrayó la importancia de evitar la judicialización de los casos mediante una articulación rápida entre los organismos involucrados. Según su análisis, la demanda por cuestiones de salud dejó de ser estacional para convertirse en una problemática de atención diaria y prioritaria para la oficina.

Por otro lado, los reclamos por cuestiones de urbanismo y servicios públicos también mantuvieron una presencia constante en la agenda institucional. En las últimas semanas, se registró un incremento en las quejas relacionadas con la falta de presión de agua y la necesidad de mayores recorridos del camión aguatero en barrios populares. Asimismo, el organismo presentó informes por derroche de agua y cañerías rotas, instando a la Municipalidad de Tandil a cuidar un recurso que consideran vital y crítico durante la temporada estival.

Finalmente, la funcionaria confirmó que la Defensoría del Pueblo permanecerá abierta durante los meses de verano, debido a que el caudal de trabajo suele intensificarse en esta época. Además de los temas mencionados, la institución se encuentra mediando en conflictos colectivos, como la situación de los feriantes de la plaza San Martín, buscando alternativas que contemplen las necesidades económicas de las familias tandilenses en un contexto de alta complejidad social.

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