La fiscal Silvana Russi, a cargo interinamente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, solicitó que el empresario Leandro Esteban García Gómez —expareja de la cantante Lourdes Fernández— sea llevado a juicio oral por diversos episodios de violencia de género ocurridos entre enero y octubre de este año, según confirmaron fuentes del caso a un reconocido medio nacional.

En el requerimiento presentado ante el juez Diego Slupski, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que el empresario, de 46 años, sea juzgado como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida contra una persona a la que se le debe un respeto particular y mediando violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades.

El hecho que desencadenó su detención ocurrió el 23 de octubre, cuando García Gómez fue arrestado en su departamento del barrio porteño de Palermo tras mantener secuestrada durante días a la artista. La denuncia había sido realizada por la madre de Fernández, quien manifestó no tener contacto con su hija.

Después de varios intentos de allanamiento, la Policía de la Ciudad logró ingresar al departamento esa misma noche. Allí encontraron a la cantante “sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad”, mientras que el imputado fue hallado escondido en un armario.

Según describió la fiscal, García Gómez y Fernández mantuvieron una relación de pareja conflictiva e intermitente desde principios de 2020 hasta octubre de 2025, marcada por un “sostenido contexto de violencia de género de larga data”, incluyendo agresiones físicas y psicológicas, manipulación emocional, hostigamiento, control y un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno.

Desde el 4 de noviembre, el empresario permanece procesado con prisión preventiva, y antes de las fiestas el juez Slupski podría resolver el pedido de elevación a juicio.

Durante la investigación, profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema evaluaron a la víctima y detectaron “indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)”.

El informe, citado por el portal Fiscales, concluyó que se trata de un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”. Los especialistas calificaron su situación como “de riesgo alto”, fundamentado en “la sobreadaptación”, “el escaso registro de las situaciones atravesadas” y “las características atribuidas a la persona denunciada”.

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