Fueron excarcelados los gremialistas acusados de extorsión
Cambió la carátula del delito. Un empresario los acusó sobornos a cambio de liberarlo de las inspecciones.
Cambió la carátula del delito. Un empresario los acusó sobornos a cambio de liberarlo de las inspecciones.
Ayer por la mañana, por orden judicial, la policía arrestó a Mariano Vizcay, quien fingió un secuestro extorsivo para obtener dinero de su propia empresa familiar. Se le imputan los delitos de extorsión, hurto y privación ilegal de la libertad de un menor de edad. Asesorado por su abogado, se negó a declarar y quedó detenido.
A poco más de un mes del resonante suceso que puso en vilo a la seguridad local, este Diario tuvo acceso exclusivo a pormenores del caso. Cómo se pergeñó el autosecuestro, las horas desesperadas de la familia. El niño maniatado en la casilla y la participación de terceros.
Finalmente el magistrado azuleño coincidió con las conclusiones del ministerio público federal al considerar que el caso no fue un secuestro extorsivo y que el denunciante montó todo en pos de obtener dinero –mucho- de su propio entorno familiar. El incidente judicial pasó a la órbita del juzgado de Garantías local, quien derivará el expediente a la UFI 3 bonaerense, para que ahora investigue los delitos cometidos por el falso rehén.
Las evidencias habrían acorralado al denunciante. La Fiscalía Federal remitió las actuaciones al Juzgado de Azul. Se presume que se declararía incompetente frente al delito para darle intervención a la Justicia bonaerense. De confirmarse este escenario, hay una trama por resolver en cuanto a lo sucedido en la madrugada del viernes y sus eventuales derivaciones. Para la falsa víctima le podría caber la imputación de privación ilegítima de la libertad (mantuvo en cautiverio a su propio sobrino) y la estafa dineraria a la familia.
Medianoche de viernes. Un hombre que se presenta como Vizcay llama al 101 pidiendo auxilio porque habían secuestrado a su hijo y su hermano, cuando sa...
El magistrado azuleño resuelve por estas horas si declara la incompetencia del fuero federal y remite las actuaciones a la justicia ordinaria para que investigue la comisión de delitos frente a lo que se considera un autosecuestro.
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