Fueron excarcelados los gremialistas acusados de extorsión
Cambió la carátula del delito. Un empresario los acusó sobornos a cambio de liberarlo de las inspecciones.
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En una reciente resolución del Juzgado de Garantías 1, se resolvió la excarcelación de los dos gremialistas sindicados como extorsionadores. Ambos involucrados siguen imputados y continuarán el proceso en libertad hasta conocer eventual veredicto sobre su accionar.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailComo oportunamente se informó, personal de la Sub DDI Tandil detuvo la semana pasada a Federico Ariel Guglielminotti y Silvio Ramón Armentano, imputados en la causa caratulada como "Extorsión y Tentativa de Extorsión". Ambos se presentaban como dirigentes del Sindicato de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Tandil y habían sido denunciados por un empresario de la construcción.
Las órdenes de detención fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías 1, a cargo José Alberto Moragas, a pedido de la Fiscalía 16, dirigida por el fiscal Dr. José Marcos Eguzquiza.
Del avance de la instrucción en su etapa preparatoria, el magistrado consideró que al momento de la prueba analizada en el expediente remite al delito citado, pero en grado de tentativa solamente, por lo que ante dicha figura penal según reza el Código deben ser liberados en medio de la continuidad del proceso penal.
Vale consignar que la causa se originó a partir de una denuncia realizada por un empresario del rubro de la construcción, realizada en marzo de 2025. El denunciante manifestó que durante el período de 2024 y 2025, los dos señalados, presentándose como dirigentes del mencionado sindicato, se hacían presentes en diversas obras en construcción.
Allí, los acusados obligaban al constructor, mediante extorsión, a entregar una determinada suma de dinero para que no se detuviera el desarrollo de las obras en marcha. El empresario señaló ser víctima de múltiples aprietes por parte de los dirigentes gremiales, durante encuentros que solían darse en la sede sindical, durante los cuales convocaban al propietario para arribar a un acuerdo monetario a cambio de evitar “fastidiosas” inspecciones.
Según trascendió del expediente, el soborno hablaba de unos 800 mil pesos mensuales o de una suma fija a cambio de evitar visitas a las obras y así no hacer planteos gremiales en la cartera ministerial local.
El empresario se dijo harto del hostigamiento constante de los gremialistas que a cambio de dinero evitaban reportar eventuales irregularidades en las obras con las condiciones laborales de los trabajadores.
La fuerte denuncia derivó en los allanamientos con el secuestro de pruebas que buscarán acreditar lo señalado, aunque ya se han incorporado a la instrucción documentación como el contenido de intervenciones telefónicas que no harían más que corroborar el tenor de lo que penalmente se calificó como “extorsión”, pero que ahora desde el Juzgado de garantías optó por el grado de tentativa y de allí la medida ordenada para con los apresados.