El Gobierno bonaerense oficializó un marco normativo para unificar criterios y agilizar la regularización dominial a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana.
El diputado Rogelio Iparraguirre se reunió esta semana con autoridades bonaerenses para avanzar con el proyecto de viviendas en el predio de Villa Aguirre. En breve llegará a la ciudad personal técnico para realizar en el terreno los estudios de factibilidad hidráulica. Una porción de tierras será cedida a la Nación para que se construyan casas a través del programa Procrear.
Desde 2015 se halla vigente en la ciudad la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat, pero carece de implementación plena. Si bien ha habido un fuerte dinamismo de la actividad de la construcción en ciertos barrios, en otros sectores las limitaciones para el acceso a la vivienda propia se hicieron cada vez más evidentes.
El secretario de Planeamiento y Obras Públicas Luciano Lafosse manifestó que hay dos de los barrios proyectados que tienen posibilidad en el corto plazo de pasar por el Concejo Deliberante. En cuanto al proyecto 3, insistió con sus dudas con respecto al riesgo hídrico. Planteó que las “posibles dilaciones que hubiéramos tenido, no son intencionadas”.
El desarrollo urbanístico original de 96 casas se completó con estas 24 viviendas y la asociación civil avanzará con los demás proyectos. Se celebró un emotivo acto encabezado por autoridades locales y por el titular del área de Hábitat bonaerense, Agustín Simone. También expusieron las dificultades del sector asalariado para acceder al suelo y un hogar, en una ciudad donde los valores inmobiliarios son empujados por el turismo y el crecimiento urbano.
Son 39 lotes con servicios ubicados en intendente Américo Reynoso (ExQuintana) y Buenos Aires, que están desde hace tres años a la espera de programas de financiación para acceder a la vivienda familiar. Además, la mutual posee 20 terrenos en La Movediza adjudicados a socios bajo la modalidad de autoconstrucción.
“Confiamos en su sensibilidad social”, le manifestaron al Gobernador los representantes de las 50 familias que hace 20 años aguardan por sus viviendas. Le transmitieron las enormes dificultades que atraviesan, potenciadas por la pandemia, a partir del alto costo de los alquileres. Adjuntaron un repaso de las últimas gestiones y fotos del barrio, y se pusieron a disposición en pos de “motorizar los tiempos burocráticos”.
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Con la presencia de autoridades, se saldó una deuda histórica con veinte familias que esperaron años para tener su propia casa. Asimismo, la Provincia aseguró la finalización de las treinta viviendas remanentes para completar el barrio y comprometió la ejecución de obras de infraestructura. También se entregaron 31 créditos para la ampliación y mejora de casas, a través del programa CREA.
La Provincia rescindió un convenio rubricado el año pasado para construir 40 viviendas sociales en tierras de la comuna, debido al apretado escenario presupuestario que se despliega frente a la pandemia y buscará rediseñar las políticas habitacionales en todo el territorio. El Ejecutivo local puntualizó que pedirán que se revea el acuerdo. Las autoridades municipales expusieron que el crecimiento poblacional de los últimos diez años fue del 9 por ciento y sólo se cubrió el 0,41 por ciento de la demanda total con viviendas sociales.
El cuerpo Legislativo creó por ordenanza un nuevo Distrito de Urbanización Integral, para levantar allí un complejo habitacional financiado por el Instituto de la Vivienda. Se estima que la primera etapa podrá comenzar a edificarse el año próximo.
Con la supervisión de una escribana. Viviendas en el barrio Arco Iris.
El barrio La Unión es solamente uno de los puntos urbanos en que el acceso a un techo digno y los servicios básicos es esquivo. En pleno invierno, muchas familias pasan sus días en construcciones de chapa, cartón, planchones o lonas, sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Las políticas dirigidas a generar suelo urbano y viviendas sociales han sido hasta el momento patrimonio de algunas iniciativas privadas y son el eslabón débil que el Estado local no ha podido resolver.
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