Adepa repudió las agresiones verbales del presidente Javier Milei contra periodistas

Durante la última semana, en el marco de extensas entrevistas brindadas en dos canales de streaming, el presidente Javier Milei disparó una serie de insultos contra periodistas. Entre los afectados se encuentran Débora Plager (La Nación y Radio Rivadavia) y Marcelo Bonelli (Clarín y Radio Mitre), hechos que motivaron el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

Desde la institución señalaron que en los últimos días se registraron ataques directos contra la periodista Débora Plager, a quien se acusó de ser “cómplice de asesinato” por su postura sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, se refirieron a la situación de Marcelo Bonelli, a quien se le atribuyó públicamente una información que nunca publicó. A estos episodios se sumó una nueva publicación en la red social X que califica al periodismo en términos soeces, en el marco del caso Espert. 

Ante este panorama, la entidad emitió un comunicado donde expresó: 

"ADEPA reitera que la crítica y la réplica son parte del debate democrático. El insulto y la estigmatización personal, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del Estado, generan un clima de hostilidad e intimidación que afecta el libre ejercicio del periodismo y, con él, el derecho a la información de toda la ciudadanía".

La organización remarcó que este tipo de conductas por parte de la máxima autoridad estatal impactan negativamente en el libre ejercicio del periodismo y el acceso a la información de toda la sociedad.

Preocupación por una medida judicial que afecta la labor periodística

Asimismo, días atrás, Adepa expresó su seria preocupación y rechazo por la medida cautelar dictada ante una denuncia penal realizada por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y del CEAMSE, contra distintas personas, entre ellas varios periodistas.

“La resolución impone prohibiciones de contacto y de acercamiento, y ordena abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante. Sin embargo, no menciona hechos concretos que permitan atribuir a los periodistas denunciados la comisión de un delito, ni siquiera con el grado de provisionalidad propio de una medida cautelar”, indicaron.

Adepa recordó que “cuando se trata de personas con notoria actuación pública o responsabilidades institucionales, la noción de vida privada, familiar o íntima debe ser interpretada con especial cuidado, para no impedir investigaciones o publicaciones referidas a hechos de interés público”. En esa misma línea, remarcó que “la protección de la intimidad no puede convertirse en una fórmula amplia o ambigua que restrinja la difusión de información vinculada con la actuación pública, patrimonial o institucional de quienes ejercen funciones relevantes”.

“Medidas de este tipo conllevan un serio efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa. La utilización de una denuncia penal para imponer restricciones cautelares a periodistas, sin fundamentos específicos, es un mecanismo indirecto de entorpecimiento de la labor periodística en los términos del artículo 13 del Pacto de San José Costa Rica. Y, por sobre todo, la violación de la prohibición de establecer la censura previa a la libertad de expresión y prensa, establecida por el articulo 14 de la Constitución Nacional”, añadé el comunicado.

"Adepa reafirma que la seguridad personal y la intimidad merecen protección, pero esa tutela debe ser compatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Una decisión de estas características constituye un peligroso antecedente: de extenderse, permitiría judicializar la crítica, los criterios editoriales y la labor periodística en general, con grave afectación del debate público esencial para un sistema democrático", concluyeron.

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El Eco de Tandil

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