Advierten que la baja en las indemnizaciones por incapacidad laboral es inconstitucional

A través de un decreto publicado ayer, en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional fijó nuevas condiciones para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte de un trabajador, que deben abonar las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). El Decreto 669/2019 publicado en la víspera establece, dadas “las condiciones económicas y financieras recientes”, un nuevo criterio para calcular el monto indemnizatorio en esos casos y la retroactividad de la medida.

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Hasta ahora, el índice que se tomaba en cuenta para actualizar la indemnización hasta el momento del cobro era el de la tasa activa nominal anual del Banco Nación, un índice mayor. La modificación introducida plantea que los montos de las indemnizaciones se devenguen del Ripte, que es el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, considerablemente menor que la tasa activa. El Ripte de todo el 2018 fue de 27,72 por ciento, contra un 40,63 por ciento de la tasa activa del Nación, que actualmente trepa al 73 por ciento.

Los alcances de la medida 

El abogado previsional y laboral Diego Blundo, en diálogo con El Eco de Tandil, explicó que el primer problema de esta medida radica en la validez, porque que se trata de un decreto de necesidad y urgencia que modifica a una ley nacional. En segunda instancia, refirió que los derechos sociales adquiridos no pueden “rebajarse”, sino que siempre deben tender a mejorar las condiciones del  trabajador, pero no a empeorarlas porque “puede ser declarado inconstitucional”.

“Los sindicatos dicen que no puede prosperar y seguramente recurrirán a la Justicia, esta ley fue modificada por este mismo Gobierno que ahora saca un decreto cambiando su propia normativa. El tema más que jurídico es económico, porque la inflación genera distorsiones “, sentenció.

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Explicó que cuando hay que calcular una indemnización se toma el último año de sueldos del trabajador y que en épocas de inflación se actualizan esos haberes conforme a la tasa activa del Banco Nación. “Un sueldo de 30 mil pesos se actualiza arriba de los 50 mil pesos con los valores que rigen hoy. Como es muy alta la tasa, con el decreto quieren reducir esa tasa con otra tasa que es el Ripte, considerablemente inferior”, precisó.

El letrado detalló que las ART argumentaron que no pueden pagar con una actualización de una tasa activa bancaria, en función del salario y de los aumentos concedidos por los convenios colectivos. “La prima que cobra cada ART a los trabajadores aumenta si sube el salario, pero con una tasa más moderada que la bancaria. Lo que le ingresa a la aseguradora son porcentajes menores a los que tiene que pagar”, simplificó.

Además, expuso que esta discusión es la antesala para después empezar a discutir la reforma laboral y  previsional que se plantea y que el próximo gobierno deberá encarar de alguna forma. “Es una cola de playa para desembarcar y después entrar en los otros debates”, cerró.

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Sistema colapsado 

En los considerandos de la nueva norma, se destaca que resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, propiciando la protección de los asegurados y trabajadores mediante un sistema financieramente viable.

Desde la Asociación de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo convalidaron la decisión y aseveraron que el decreto busca “garantizar los derechos de los 10 millones de trabajadores cubiertos”. Desde la entidad señalaron que de continuar con la política de tasas altas, el sistema ART se desfinanciará, colapsando y dejando desprotegidos a los 10 millones de trabajadores.

En el comunicado, expresaron que “el reemplazo de la tasa activa por la tasa Ripte viene a corregir estas desmesuras y resulta más compatible con un sistema ligado a la masa salarial. En este contexto y ante la emergencia que enfrentamos y la responsabilidad que tenemos ante 10 millones de trabajadores y 1 millón de empleadores, el DNU es una necesaria y urgente medida”.

Por otra parte, las entidades gremiales exhibieron que las ART perciben un monto de cada trabajador registrado, en total un universo de 10 millones de empleados, pero sólo una pequeña parte de ellos se accidenta o fallece producto de un accidente laboral, lo que de todas maneras genera una importante masa de ingresos y ganancias al sistema.