Amenazas de bomba: los tandilenses opinan que deberían recuperar clases los sábados

Amenaza de bomba Escuela 1

El Eco

La seguidilla de amenazas de bomba a establecimientos educativos de nuestra ciudad obligó a suspender las clases y generó diversos trastornos en  el desarrollo de las actividades cotidianas. Durante mayo, se registraron 37 falsas alarmas que pusieron en jaque al sistema.

La policía bonaerense debió movilizar a 120 efectivos, se contabilizaron 90 salidas de móvil y se utilizaron 500 horas hombre. Además, se movilizó a la Brigada de Explosivos de Azul, cuyos operativos significan un alto costo para el estado.

Se reciben aproximadamente 70 amenazas de bomba diarias en la Provincia

Cada amenaza de bomba implica que se ponga en práctica el protocolo de actuación y evacuación de los establecimientos, interrumpiendo el normal dictado de clases y obligando a vaciar el edificio por seguridad. Si bien las probabilidades de que las amenazas sean reales son escasas y hasta el momento ningún registro arrojó datos positivos, las autoridades deben poner en marcha todo el procedimiento.

Dicho procedimiento  representa un despilfarro de recursos humanos y materiales, que tienen que estar a disposición para prevenir un peligro inexistente que no puede soslayarse.

En la ciudad se realizaron varios allanamientos que terminaron  con elementos secuestrados y un joven de 19 años demorado por unas horas.

Un detenido y secuestro de varios elementos de prueba fue el resultado de los allanamientos realizados

La justicia y el sistema educativo prevén sanciones para quienes entorpezcan e intimiden el orden público. Los mayores de edad deben asumir la responsabilidad penal y civil de las causas que se les instruyan, y en el caso de los menores, sus padres deberán responder.

Sanciones ejemplares como freno a las amenazas de bomba

En relación a ello, se consultó a los lectores de ElEco.com.ar sobre su opinión acerca de posibles sanciones: ¿Deberían recuperar las clases perdidas por amenazas de bomba los días sábado?

De las 541 personas encuestadas, aproximadamente dos tercios (365) respondieron afirmativamente, viendo en esta medida una posibilidad de recuperar el tiempo de clases perdido y como sanción disuasoria que evite futuras amenazas. Las 176 restantes se manifestaron en contra de esa alternativa.

 

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