Comenzó la cuenta regresiva para definir sobre el transporte rural

El mes pasado, la dirección General de Cultura y Educación de la Provincia llevó adelante una serie de modificaciones en la normativa por la cual las familias solicitan el transporte escolar rural.

En el punto tres, la Provincia exige mayores detalles económicos. Aquí se constituyó el quid de la cuestión: uno de los requisitos es que la persona gane igual o menos que un salario mínimo vital y móvil. Hoy, el SMVM está a 156 mil pesos, uno de los valores más bajos desde el 2003. Por esta razón, más del ochenta por ciento de las solicitudes quedan fuera de las reglas. 

También por esto, ahora el área de Inspección de los colegios tienen 48 horas para explicar las razones por las cuales cada caso es (o no) una excepción y puede acceder al servicio. 

En diálogo con El Eco Multimedios, el consejero escolar Lucas Vázquez explicó que la prórroga fue otorgada por el director del Área de Coordinación de Políticas Alimentarias, Accesibilidad y Salud, Sergio Colman.

Con las modificaciones planteadas el mes pasado, la declaración jurada es más específica con respecto al criterio. Eso sí, “el espíritu sigue siendo no dejar a nadie sin transporte, sino tener una mirada más precisa sobre quién lo necesita y quién no”, planteó Vázquez.

“Del análisis de los casos, se veía que casi un noventa por ciento no cumplía con los criterios de la declaración jurada”, reiteró el consejero escolar.

Las excepciones

Ante la necesidad de contar con el servicio pese a no cuadrar en todos los puntos de la requisitoria, se pueden considerar excepciones. Estas son solicitadas por la escuela -que tiene el conocimiento real del alumno y la familia-, que lo eleva el nivel de Inspección de la Jefatura Distrital, y de ahí al Consejo Escolar. 

Las excepciones se utilizan en casos puntuales, por necesidades fundadas y avaladas, y sobre todo cuando los alumnos necesitaban ir a una oferta cercana y no a otra.

Sin embargo, según plantea Vázquez, “habrá que considerar en estos casos lo que el equipo directivo avale, y ver si en cada caso corresponde o no alguna mirada más del gabinete pedagógico o de alguna otra área”.

La normativa en cuestión

En enero, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a través del área de Coordinación de Políticas Alimentarias, Accesibilidad y Salud, modificó un punto de la requisitoria para acceder al transporte rural escolar, regido por la resolución 2508/2020.

A raíz de esta normativa, las familias tienen que cumplir uno de los siguientes requisitos: 

Ser jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a un salario mínimo vital y móvil; trabajadores “monotributistas” inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere un salario mínimo vital y móvil; beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a un salario mínimo vital y móvil; titulares de programas sociales; inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico; personas con seguro de desempleo.

Además, se reiteran los criterios de exclusión que ya existían: no tener más de dos propiedades, no tener un auto de menos de diez años, ni aeronaves o embarcaciones de lujo. 

Hasta el 16 de febrero, tenían que justificar en cuál de los distintos casos se encuentra la familia que solicita el transporte escolar y adjuntar la documentación respaldatoria.

La diferencia es que hasta ahora, la familia declaraba su situación “pero no había un criterio claro, con lo cual era discutible”, sostuvo Vázquez. “La persona lo declaraba y a nosotros nos llegaba avalado por la escuela, sin adjuntar documentación. Hoy, lo que antes era una línea hoy tiene varios reglones”, detalló en su momento a este diario el consejero escolar.

Los recorridos

Por lo pronto, el martes por la mañana habría que tener listos y avalados los casos excepcionales. En el Consejo Escolar se hace la revisión de los recorridos; y si no hubiera modificaciones en cuanto a la cantidad de alumnos, ese circuito estaría en condiciones de ser prorrogado.

“A nosotros lo que nos dice la dirección provincial de Políticas Alimentarias, Accesibilidad y Salud cuando nos comunica que tenemos que hacer la presentación el 16 de febrero, es que tenemos que informar también qué recorridos se prorrogan”, explicó Vázquez.

“Eso en caso de que no haya que hacer una modificación sustancial. Caso contrario, tenemos que hacer un análisis puntual”, agregó.

Según explicó, “es un trabajo manual que consiste en el trazado en un mapa. Eso lo harían la semana que viene”. 

El transporte, la otra cuestión

En cuanto al sistema de licitación del transporte, los valores vigentes son los de septiembre.

“Esperamos que la actualización sea un valor razonable, pero lo cierto es que no lo tengo. Con un valor que no sé cuánto ni cuándo lo van a actualizar”, afirmó Vázquez.

Otra de los problemas es que todavía no cobraron el mes de diciembre. Ante esto, advierte que “si al momento de iniciadas las clases no tienen cobrado lo trabajado en diciembre, no ayuda”.

“Sé que se está trabajando y la última actualización fue razonable. Yo tengo esperanza”, cerró.

SECUNDARIA

Los consejeros escolares de Unión por la Patria insisten 

en que no hubo modificación en los criterios de exclusión

Mediante un comunicado, los consejeros escolares de Unión por la Patria insisten en que “no hubo una modificación” por parte de la Provincia en los criterios de exclusión para acceder al transporte escolar rural. 

En el escrito sostienen que desde el 2002, estos siguen siendo ser Propietarios de más de un inmueble; poseer un vehículo de hasta diez años de antigüedad; y tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

También tiene continuidad, que la solicitud se haga con destino en la escuela más cercana al domicilio, que no cuente con transporte público y que la familia no pueda solventar el gasto del transporte (en este último punto se solicita documentación respaldatoria).

“Durante los últimos 4 años fuimos partícipes de los esfuerzos, preocupaciones y acciones de la Provincia de Buenos Aires en el sostenimiento y mejora de este importante servicio, superando la inversión en el 2023 los 300 millones de pesos garantizando de esta forma el acceso a la educación a 750 alumnos de la ruralidad en nuestro distrito”, sostuvieron.

Además, manifestaron que “desde nuestro lugar en el Consejo Escolar damos cuenta de que en todo momento la Provincia viene estableciendo espacios de trabajo y comunicación para atender situaciones que hacen a poder garantizar el derecho a la educación y a la vez sostener una mirada atenta en la asignación de estos cuantiosos fondos”. 

“En relación con información que circula en los medios y que también ha emitido el Consejo Escolar a las instituciones educativas y que ha generado una enorme preocupación, comunicamos que continuamos recibiendo las DDJJ correspondientes para poder analizarlas y elevarlas a la provincia, quien aprobará los recorridos contemplando las situaciones particulares de nuestro Distrito”, agregaron. 

Los consejeros afirmaron que “no compartimos que haya una mirada ni nueva ni restrictiva, si no todo lo contrario. Prueba de ello es la incorporación a partir de fines del año pasado de los niños de 2 y 3 años, en la cobertura, que hasta el momento no estaban contemplados por no pertenecer a los niveles obligatorios”. 

En el comunicado, apuntaron contra el jefe comunal Miguel Lunghi, al decir que “desde que el actual intendente de manera unilateral (hace ya 20) años diera de baja el convenio de transporte que permitía el desplazamiento de la población rural, nuestros alumnos no cuentan con transporte público alguno”. 

“Mientras cursamos un actual contexto de liberación de precios y quita de subsidios por decisión del actual presidente de la Nación, ponemos en valor los múltiples esfuerzos del Estado Provincial por darle continuidad a esta política pública de inclusión de las comunidades educativas rurales acercando por este medio información y tranquilidad a las familias y docentes”, cerraron.

Por El Eco de Tandil