Durante la jornada de castración y vacunación antirrábica organizada por la Dirección de Bromatología y Zoonosis en el Centro de Salud del barrio Palermo, el animalista independiente Ezequiel Escudero denunció el incumplimiento de la Ordenanza 17.269. El expresidente del Movimiento Activista Animal se presentó ayer en Las Malvinas al 1900, donde constató que el servicio municipal resultó insuficiente, provocando el malestar de vecinos que se acercaron.

Escudero relató que, a pesar de que la convocatoria indicaba un horario de atención de 9 a 12, el personal a cargo interrumpió la recepción de animales apenas se alcanzaron las diez personas. En este sentido, el activista fue tajante al señalar que "más de la mitad de los animales que fueron se tuvieron que volver sin ser castrados". Remarcó que esta cifra se encuentra muy por debajo de los estándares necesarios para lograr un equilibrio poblacional efectivo en el partido de Tandil.

La crítica del animalista apuntó de forma directa a la conducción del Sistema Integrado de Salud Pública, encabezado por la doctora Cecilia Martens. Escudero calificó como "deficiente" la comunicación oficial de la Municipalidad de Tandil, argumentando que no se informa con claridad la cantidad de turnos disponibles ni el orden de prioridad. "Mucha gente se viene del campo con sus animales, con todo el estrés que eso implica, y les decían descaradamente que se tenían que volver responsabilizándolos por no llegar a horario", lamentó.

Una meta lejana

El referente explicó que la normativa vigente establece parámetros técnicos basados en la densidad poblacional canina y felina. Según sus cálculos, en una ciudad con aproximadamente 150.000 habitantes, se estima una población de 75.000 animales.

Para cumplir con el ratio de equilibrio, el municipio debería intervenir anualmente al 20 por ciento de dicha población, lo que representaría un promedio de entre 50 y 60 castraciones diarias. Sin embargo, la realidad de los operativos barriales muestra un escenario opuesto, donde la falta de decisión política impide alcanzar los objetivos sanitarios básicos.

Asimismo, Escudero recordó que la ordenanza actual, aunque superior a la norma eutanásica de 1996, fue el resultado de un proceso que sectores del animalismo consideran "boicoteado". Mencionó al exdirector del área, Federico Sánchez Chopa, como uno de los responsables de no haber avanzado hacia un programa de castraciones masivas, similar al que se aplica con éxito en el municipio de Almirante Brown. "Se ocupó de boicotear una ordenanza modelo y convertirla en una casi dictada por el Colegio de Veterinarios", disparó.

El referente advirtió que la saturación de perros y gatos en las calles es una consecuencia directa de la falta de un programa sostenido en el tiempo. La imposibilidad de acceder a las cirugías gratuitas para vecinos de sectores vulnerables o zonas rurales deriva en nacimientos no deseados y camadas que, en muchos casos, terminan muriendo en condiciones precarias o alimentando la población de animales asilvestrados.

Finalmente, Escudero informó que se encuentra gestionando un pedido de audiencia con Cecilia Martens para exigir explicaciones formales sobre el funcionamiento de los operativos y el cumplimiento de las metas legales. "Acá hay una cuestión de salud pública que el municipio sistemática y naturalmente está violando", concluyó, subrayando que si bien el trabajo de los profesionales veterinarios es de excelencia, es la gestión política del recurso la que falla.

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El Eco de Tandil

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