La tranquilidad en la zona de Margarita Galfre y Pizzorno se vio alterada de forma drástica durante las últimas semanas, transformando la vida cotidiana de una familia en un escenario de constante temor. Sofía, una de las víctimas, decidió romper el silencio y exponer la situación de extrema vulnerabilidad que padece debido al comportamiento de un grupo de personas que se asentó en las cercanías.

Según el relato de la damnificada, el conflicto escaló de entredichos a amenazas con armas y agresiones físicas directas, lo que motivó la intervención de la Justicia, aunque sin resultados satisfactorios para las víctimas hasta el momento.

El origen de la disputa más reciente se remonta al pasado 27 de marzo, cuando el clima de tensión derivó en un enfrentamiento. De acuerdo con el testimonio de la mujer, el detonante fue una acusación infundada sobre un incidente menor entre menores de edad. "Dos mujeres fueron a mi casa a gritarme porque supuestamente mi hija les había roto unos útiles al nene de ella, lo cual no fue así", explicó Sofía.

A pesar de sus intentos por mantener la calma y dialogar, la situación se desbordó rápidamente ante los gritos y las amenazas. Mientras la vecina se dirigía a radicar la denuncia correspondiente, el conflicto se trasladó al seno de su hogar. En ese lapso, un grupo de al menos cinco personas abordó a su pareja y lo atacó con el mango de un cuchillo. El hombre se encontraba acompañado de su hijo, quien acudió a su defensa.

La denunciante manifestó que el hostigamiento es permanente y que no existe momento del día en que se sientan resguardados. La mujer detalló que los agresores utilizan desde insultos, captados por las cámaras de seguridad, hasta la exhibición de armamento. "Todos los días estoy renegando con esta gente que si no te amenazan con un arma, te gritan cosas por las cámaras", lamentó.

La vecina describió una realidad donde la libertad desapareció ante el riesgo de sufrir un nuevo ataque. En su relato, confesó que ya no puede realizar mandados ni salir de su propiedad de forma independiente. Su marido debe escoltarla incluso para llevar a sus hijos a una distancia de tan solo dos cuadras. La gravedad de la situación es tal que Sofía aseguró que “estoy encerrada porque esta gente me tiene bajo amenaza”.

Usurpación, denuncia y restricción

La problemática se ve agravada por la ubicación de los agresores, quienes habrían construido una vivienda de planchones sobre una zona de vías, en lo que entiende la denunciante como una usurpación. Si bien la víctima aclaró que no le molesta el hecho de la ocupación en sí misma por entender la necesidad habitacional, hizo hincapié en que la convivencia se vuelve imposible cuando existe una falta total de respeto.

El reclamo de la vecina apunta directamente a la necesidad de una solución de fondo que garantice la paz. A pesar de sus intentos por encontrar respuestas a través de los canales institucionales, la mujer siente que los esfuerzos han sido estériles. La crítica hacia el accionar de las fuerzas de seguridad es contundente, señalando una aparente desidia para abordar el conflicto de manera efectiva.

Tras la radicación de las denuncias, se le otorgó una restricción de acercamiento de 50 metros, una distancia que, dadas las condiciones de proximidad de las viviendas, resulta insuficiente y prácticamente imposible de controlar. La propia mujer calificó la medida como inútil: "Una restricción de 50 metros no te hace nada; si me quieren disparar, me disparan, es así", explicó con crudeza ante la Fiscalía.

El pedido de Sofía es un llamado de auxilio. "Quiero vivir tranquila, que se hagan cargo y los saquen, no se puede vivir con gente así, no es vida", concluyó. Por el momento, la familia continúa viviendo en un estado de alerta permanente, con el miedo como rutina y la esperanza de que, finalmente, el Estado brinde las garantías de seguridad para poder transitar sus calles con libertad.

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