El bloque UCR presentó un proyecto para que Nación inspeccione el funcionamiento del Tiro Federal

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, con el respaldo del resto de las bancadas que integran el Concejo Deliberante, elevó un proyecto de resolución que busca dar respuesta a una problemática de larga data en la ciudad: el impacto de la actividad del Tiro Federal de Tandil en su entorno urbano. La iniciativa solicita formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento de la institución.

El pedido surgió a raíz de las constantes manifestaciones de preocupación por parte de vecinos y vecinas de la zona, quienes han denunciado ruidos de alta intensidad generados por las prácticas de tiro. Según se detalla en los considerandos del proyecto, estas emanaciones sonoras afectan de manera directa el descanso, la tranquilidad y la calidad de vida cotidiana de las familias que residen en las inmediaciones del predio.

“Solicitar al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento del Tiro Federal de Tandil, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación, seguridad y condiciones de operación del polígono de tiro, especialmente en lo referido a las prácticas desarrolladas al aire libre, incluyendo el análisis del impacto sonoro que dicha actividad genera en la población circundante y la eventual adopción de medidas correctivas o de mitigación que correspondan”, formula el texto del proyecto.

La concejal Andrea Pezzi, integrante del bloque de la UCR y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Seguridad, explicó los alcances de la propuesta y la necesidad de recurrir a estamentos nacionales. "Nuestro bloque de la UCR, con el acompañamiento del resto de los bloques, presentamos una resolución para que el organismo de nivel nacional venga a hacer una inspección del lugar, una evaluación del funcionamiento y las condiciones edilicias", señaló la legisladora local.

Salud pública y convivencia ciudadana

La normativa que rige la actividad de tiro con armas de fuego en el país es la Ley Nacional N° 20.429. Este marco legal establece que la Agencia Nacional de Materiales Controlados es la autoridad competente para ejercer el control sobre el uso, tenencia y disposición de armas, así como para garantizar que las entidades habilitadas mantengan condiciones adecuadas de seguridad y mantenimiento en sus polígonos.

En ese marco, el proyecto de resolución no solo se enfoca en los aspectos técnicos de la seguridad, sino que introduce el concepto de seguridad integral. Esto implica que la actividad no solo debe prevenir accidentes dentro del predio, sino también minimizar los impactos negativos sobre la población circundante. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad es considerada por los ediles como un problema que excede lo administrativo para transformarse en una cuestión de salud pública, debido a los efectos adversos que puede generar en la salud física y psíquica de las personas.

Bajo esta premisa, el texto legislativo invoca el principio preventivo y el principio precautorio, pilares de la legislación ambiental argentina. Estos principios obligan a las autoridades a adoptar medidas anticipatorias frente a posibles daños, incluso cuando no exista una certeza científica absoluta sobre las consecuencias a largo plazo de la contaminación sonora en contextos periurbanos.

"Tenés una cuestión repartida. La actividad en sí, y el reclamo de los vecinos. Entonces, para buscar un equilibrio, empezamos el camino a transitar para que el organismo venga y haga un control de lugar", sostuvo Andrea Pezzi, subrayando la búsqueda de un punto de encuentro entre el derecho de la institución a funcionar y el derecho de los ciudadanos al bienestar.

La evaluación solicitada a la Agencia Nacional de Materiales Controlados deberá verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación y condiciones de operación, con especial énfasis en las prácticas desarrolladas al aire libre. El objetivo final es que el organismo nacional determine si es necesario adoptar medidas correctivas o de mitigación sonora para reducir el impacto en el vecindario.

No obstante, el horizonte de una solución definitiva parece estar vinculado a la relocalización de la actividad, una posibilidad que ya se baraja entre las partes involucradas. Al respecto, la concejal Andrea Pezzi fue cauta pero optimista sobre el futuro del predio y la resolución del conflicto.

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