“El interés superior del niño está por encima de las decisiones de los padres”: la jueza Monserrat defendió la vacunación compulsiva

La titular del Juzgado de Familia 1 de Tandil, Silvia Monserrat, defendió la decisión de su colega Ramiro Saralegui, que días atrás ordenó la vacunación compulsiva de un niño de seis años cuyos progenitores se negaban desde hacía años a cumplir con el calendario obligatorio y remarcó que “el interés superior del niño está por encima de las decisiones de los padres”.

La medida, ejecutada con intervención sanitaria, equipos interdisciplinarios y acompañamiento policial, fue dispuesta por Saralegui, titular del Juzgado de Familia 2, tras constatar que el menor había atravesado dos internaciones por enfermedades prevenibles y que apenas contaba con algunas dosis aplicadas durante el primer año de vida.

Ayer, en diálogo con “La Mañana de El Eco” –por ECO TV y la 104.1 FM, Monserrat respaldó el criterio adoptado por su colega y recordó que ella misma debió resolver un caso similar en 2015, cuando ordenó la vacunación obligatoria de un bebé recién nacido ante la negativa de su madre.

“En ese momento nos llamaron del hospital, nos dijeron que era una madre sola, que tenía un bebé y que se negaba a hacer la vacunación. Por supuesto que hicimos la presentación y ordenamos la vacunación obligatoria”, recordó.

Lejos de considerar que se trata de decisiones excepcionales o innovadoras, Monserrat sostuvo que los magistrados simplemente aplican el marco normativo vigente. “Nosotros, los jueces, no tenemos ninguna opción. No es que seamos originales: tenemos una ley que cumplir, que es la ley de vacunación obligatoria”, remarcó.

Para la jueza, el debate excede la voluntad individual de las familias y debe analizarse desde una perspectiva de salud pública y de convivencia social. “Nosotros vivimos en un país, no vivimos en forma individual”, afirmó.

En ese sentido, consideró que en los últimos años creció una corriente de pensamiento “absolutamente anticientífica” que cuestiona las vacunas obligatorias y desconfía de los consensos sanitarios consolidados durante décadas.

Según evaluó, la pandemia de Covid-19 profundizó ese fenómeno. “Se acrecentó esta corriente de padres ‘new age’ que creen, sin evidencia científica, que las vacunas introducen la enfermedad que el chico no tiene, que producen autismo o que no ofrecen garantías”, expresó.

A su entender, la experiencia reciente de la vacunación contra el coronavirus generó una mayor predisposición social a cuestionar las políticas sanitarias estatales.

“El hecho de haber tenido que vacunarnos contra el Covid con vacunas que obviamente no tenían la calidad y la trazabilidad que han tenido históricamente las vacunas que forman parte de nuestro sistema de vacunación obligatorio, ha aumentado esto: que la gente crea que puede tomar decisiones individuales”, analizó.

Sin embargo, diferenció claramente aquellas vacunas desarrolladas de manera urgente durante la pandemia, del calendario obligatorio tradicional, al que definió como una política pública sostenida durante décadas.

“Las decisiones de salud las toma el Estado. El Estado decide cuáles son las vacunas obligatorias y lo toma en base a conocimientos científicos y en base a vacunas que llevan 50, 60 ó 70 años”, sostuvo.

La vacunación como hecho colectivo

Monserrat insistió en que la vacunación no puede analizarse únicamente desde la óptica individual porque sus efectos repercuten sobre toda la comunidad. Para explicarlo, planteó el caso de niños inmunosuprimidos o con enfermedades de base que dependen de la inmunidad colectiva para evitar contagios.

“Yo puedo tener un hijo sano, con un sistema inmune tan poderoso que a lo mejor nunca se contagie o que se contagie y no tenga síntomas. Pero al lado de mi hijo puede haber otro niño que sí tenga problemas y al que un contagio de este tipo le pueda afectar la salud”, señaló.

La jueza vinculó esa discusión con antecedentes históricos de Tandil y recordó particularmente la epidemia de poliomielitis que afectó a la ciudad durante la década del ’50. “Tandil tuvo un flagelo que fue una epidemia de poliomielitis que dejó primero niños muertos y después jóvenes y adultos con graves secuelas”, advirtió.

Por eso, alertó sobre el riesgo de retroceder en conquistas sanitarias que parecían definitivamente superadas. “Había enfermedades que habían desaparecido del planeta y que han vuelto a aparecer precisamente por estos padres que creen que pueden tomar decisiones individuales sin pensar en el resto de la comunidad”, cuestionó.

Desde el plano jurídico, Monserrat sostuvo que la discusión tiene límites claros establecidos por la legislación vigente y por el nuevo paradigma de protección integral de derechos de niños y adolescentes.

“Cuando usted decide que su hijo no se vacuna, el argumento es: ‘es mi hijo, yo hago lo que quiero’. Mi hijo dejó de ser mi hijo el día que se dicta el Código Civil y Comercial de la Nación y los hijos dejan de ser un objeto del Derecho para pasar a ser sujetos de derecho diferentes de los padres”, explicó.

En ese marco, afirmó que la responsabilidad parental no puede interpretarse como una potestad ilimitada. “Mi responsabilidad parental no es un derecho absoluto y mucho menos en cuestiones de salud”, enfatizó.

Consultada sobre posibles apelaciones o antecedentes judiciales que hayan revertido decisiones de este tipo, Monserrat respondió que no conoce jurisprudencia en sentido contrario. “Cuando existe una ley, usted tiene dos caminos: o aplica la ley o declara que la ley es inconstitucional”, resumió.

La magistrada señaló además que las únicas excepciones aceptadas judicialmente respecto de prácticas médicas rechazadas por pacientes están vinculadas a adultos que invocan motivos religiosos, como ocurre en algunos casos con miembros de la comunidad Testigos de Jehová.

Pero aclaró que esa lógica no puede trasladarse automáticamente a niños. “El interés superior del niño está por encima de las decisiones de los padres”, reiteró. “Acá hay una comunidad, una sociedad y un Estado que decide que estas vacunaciones son obligatorias”.

Para graficar la dimensión colectiva de las normas sanitarias, apeló a una comparación cotidiana: “Es como si yo dijera ‘yo creo que los semáforos no sirven para nada, entonces no voy a respetar nunca la luz roja’", subrayó.

“No podemos educar a nuestros hijos por lo que leemos en Twitter”

Durante la entrevista, Monserrat también cuestionó el debilitamiento de ciertos mecanismos institucionales de control y prevención. Según indicó, históricamente las escuelas cumplían un rol clave en la verificación de calendarios sanitarios y detección de situaciones de vulnerabilidad.

“En épocas no tan lejanas se iba a vacunar a los colegios”, recordó. Y agregó que actualmente los establecimientos educativos siguen siendo espacios fundamentales para advertir incumplimientos. “Hay un montón de cuestiones de vulnerabilidad que detecta el colegio y el colegio las denuncia”, afirmó.

En esa línea, consideró que las instituciones educativas deberían comunicar formalmente cuando un alumno no cumple con el esquema obligatorio de vacunación. “Me parece que es una obligación de los colegios denunciarlo”, sostuvo.

También advirtió que algunos padres optan por mudarse de ciudad para evitar controles estatales, una situación que, según indicó, se observa con mayor frecuencia en el conurbano bonaerense.

De cara al futuro, evaluó que tanto los efectores de salud como las escuelas deberán fortalecer la detección temprana de estos casos. “Lo importante no es este niño, lo importante son todos los niños. Es probable que haya más de uno”, expresó.

La jueza encuadró además el fenómeno “antivacunas” dentro de una tendencia internacional que excede a la Argentina. “Tampoco se crean que los argentinos somos originales. Esta ola ‘antivacunas’ ya viene de Europa”, dijo, y mencionó incluso la existencia de dirigentes políticos y funcionarios sanitarios extranjeros que sostienen posiciones similares.

Pese a ello, reivindicó el calendario nacional de vacunación como una de las pocas políticas públicas sostenidas de manera transversal a lo largo de distintas etapas políticas del país. “Es la única política de Estado que yo recuerdo que en 70 y pico de años nunca se alteró”, destacó.

Finalmente, defendió el valor de la evidencia científica y cuestionó la circulación de información falsa en redes sociales. “No puede ser que nosotros eduquemos a nuestros hijos por lo que leemos en Twitter”, planteó.

Y sostuvo: “Tenemos que educar a nuestros hijos en base a información científica que ha sido aplicada y que ha dado resultados maravillosos”.

“No se nos alargó la vida porque tenemos mejor calidad de vida; se nos alargó porque la ciencia avanzó y nos permitió enfrentar enfermedades que eran absolutamente mortales”, concluyó.

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil