El Municipio confirmó el rechazo del reclamo por una moto secuestrada que no pudo recuperar su dueño
A través de un nuevo decreto, el Ejecutivo desestimó el recurso presentado por Julio Alberto Décima y ratificó que no estaban acreditados los elementos para atribuirle responsabilidad por el destino de una Corven Triax 150 que, según denunció el vecino, habría sido compactada.
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El Municipio de Tandil rechazó el recurso de revocatoria presentado por Julio Santiago Alberto Décima contra la decisión administrativa que había desestimado su reclamo por una motocicleta secuestrada en octubre de 2025 y que, según denunció, posteriormente habría sido compactada. Mediante el Decreto Nº 3260/2026, firmado el 23 de octubre, el Ejecutivo confirmó en todos sus términos lo resuelto un mes antes, al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad patrimonial por lo ocurrido con el rodado.
La nueva resolución volvió sobre un caso que había sido publicado por El Eco el 7 de octubre, cuando se informó que, a través del Decreto Nº 2931/2026, la comuna había rechazado el planteo original del vecino. En aquella oportunidad, el Municipio sostuvo que su intervención se había limitado a facilitar los medios para trasladar motocicletas a pedido de la Comisaría Primera, sin que estuviera acreditado que hubiera asumido la custodia posterior de la Corven Triax 150, dominio A 151 SLZ.
El reclamo por la motocicleta
Según los antecedentes administrativos, la moto había sido secuestrada el 4 de octubre de 2025 por personal de la Comisaría Primera, en el marco de una causa contravencional que tramitó ante el Juzgado de Faltas Nº 2.
Posteriormente, el 30 de julio de 2026, ese juzgado declaró la nulidad de las actuaciones que habían dado origen a la causa y dispuso el reintegro del vehículo, autorizando al propietario a retirarlo de la dependencia policial. Sin embargo, el vecino denunció que no pudo recuperar la motocicleta y planteó que habría sido compactada.
El reclamo administrativo buscaba que se esclareciera el procedimiento seguido con el rodado y se determinara la responsabilidad por su destino. Frente a la respuesta negativa del Municipio, Décima presentó el 6 de octubre un recurso de revocatoria para que se revisara la decisión.
El acta que acreditó el traslado
Uno de los argumentos centrales del recurso fue la existencia de un acta de entrega confeccionada por la Comisaría Primera y recibida por un inspector de la Dirección de Tránsito municipal. De acuerdo con el decreto, el documento consignaba la entrega de la motocicleta a personal local para su traslado hacia el predio identificado como “la Cava”.
Sin embargo, el Ejecutivo consideró que esa constancia solo permitía acreditar la intervención municipal en el transporte del rodado, pero no demostraba que la comuna hubiera asumido su guarda permanente, recibido la motocicleta en carácter de depositaria o adquirido facultades para decidir sobre su destino posterior.
La Dirección de Control Vehicular informó que, a requerimiento de la dependencia policial, el Municipio había facilitado una camioneta y un acoplado para trasladar motovehículos al Depósito Judicial Cerro Leones. También sostuvo que no tenía registrado el ingreso de la Corven Triax 150 a una dependencia municipal y que no había realizado el operativo de compactación mencionado por el reclamante.
La custodia del depósito judicial
El decreto volvió a señalar que la custodia de los vehículos alojados en el Depósito Judicial Cerro Leones correspondía a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Para fundamentar esa posición, citó el permiso de uso celebrado entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad bonaerense, que establece que el predio funciona como depósito judicial dependiente de la Jefatura Estación de Policía Departamental de Seguridad Tandil.
Además, la resolución mencionó que ese acuerdo contempla la responsabilidad del Ministerio de Seguridad provincial por daños o pérdidas vinculados con las actividades desarrolladas en el establecimiento, con los alcances y salvedades previstos en sus cláusulas.
Sobre esa base, el Ejecutivo consideró que la documentación presentada por Décima no permitía establecer que el Municipio hubiera conservado la tenencia de la motocicleta una vez finalizado el traslado, controlado su permanencia o intervenido en una eventual decisión de compactación.
El Municipio ratificó su decisión
En su análisis, la administración municipal sostuvo que la existencia de un perjuicio no resultaba suficiente, por sí sola, para generar responsabilidad patrimonial del Estado. Según argumentó, también debía acreditarse una conducta u omisión atribuible al organismo y una relación de causalidad entre esa intervención y el daño denunciado.
Por ese motivo, el Decreto Nº 3260/2026 rechazó el recurso de revocatoria y confirmó íntegramente la resolución anterior, dictada el 23 de septiembre. La decisión dejó a salvo la posibilidad de que el vecino continuara sus presentaciones ante las autoridades provinciales competentes y en el marco de la denuncia penal mencionada en las actuaciones.
De esta manera, el Municipio ratificó su negativa a asumir responsabilidad por el destino de la motocicleta. La resolución administrativa, sin embargo, no estableció qué ocurrió finalmente con el rodado después de su traslado, una cuestión que el propio Ejecutivo vinculó con la actuación de las autoridades provinciales y la investigación judicial.
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